Eliminar la intromisión político-partidista en la gobernanza, dar más autonomía a los recintos y denominar a la Universidad de Puerto Rico (UPR) como un servicio esencial son los puntos principales que deben guiar una reforma universitaria a juicio de profesores y estudiantes que forman parte de la Junta Universitaria de la institución.
Las recomendaciones forman parte de una serie de acuerdos a los que llegó la junta como parte de un proceso análisis y diálogo para identificar propuestas para reformar la ley y que fuera coordinado por el Comité Ad-hoc de Reforma de la Ley de dicho cuerpo.
“El senador Abel Nazario, en las vistas públicas celebradas el año pasado, le indicó a la comunidad universitaria que nos daba un año para que llegáramos a acuerdos sobre la reforma. La Junta Universitaria asumió un rol activo ante esta encomienda y hoy podemos decir que tenemos acuerdos sobre los elementos fundamentales que deben estar contenidos en una reforma de la ley de la UPR”, explicó el profesor Juan Martínez Cruzado, coordinador de dicho comité.
El pasado año, el senador por el Partido Nuevo Progresista y presidente de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, Abel Nazario, inició una serie de vistas públicas y visitas a los recintos y unidades de la UPR a los fines de recabar información y posturas para dar paso a un reforma en la ley que rige al sistema universitario de Puerto Rico.
En el caso de la Junta Universitaria, el pasado martes 29 de mayo se realizaron una serie de mesas de diálogo, en las que participaron delegados nombrados por los Senados Académicos, administradores, docentes, estudiantes, personal no docente de la UPR y representantes de la comunidad externa.
Durante los diálogos, los delegados acordaron que toda reforma a la ley de la universidad debe estar fundamentada en garantizar los principios de mérito, procesos democráticos y continuidad en la gobernanza de la institución; mayor autonomía para los recintos, manteniendo al sistema integrado; y el reconocimiento de la UPR como un servicio esencial para el desarrollo del país.
Cada uno de estos principios acordados están nutridos de propuestas concretas entre las cuales se encuentran que la selección del presidente, rectores, decanos y miembros de la Junta de Gobierno sea a través de procesos de evaluación y consulta participativos.
“Esto [la selección de las autoridades administrativas] es algo que los universitarios llevamos décadas exigiendo. Esta selección debe estar garantizada a través de procesos de evaluación y de consulta participativos, rigurosos, vinculantes y democráticos, que no estén viciados por la intromisión político-partidista que tanto daño le ha hecho a la universidad”, comentó el profesor del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) Héctor Huyke.
Entre los cambios impostergables se mencionó establecer mecanismos de rendición de cuentas y términos fijos de incumbencia que no coincidan con periodos eleccionarios.
“Todos respaldamos estos cambios ya que permiten que el mejor talento posible dirija la universidad, evitando que los puestos se pasen de mano en mano y creen los cambios constantes a nivel administrativo que tanto nos afecta para brindar continuidad en nuestros servicios” dijo por su parte el profesor Jorge Colón, miembro del Senado Académico del Recinto de Río Piedras.
En cuanto al reclamo de mayor autonomía para los recintos, los presentes estuvieron de acuerdo en que “la microgerencia de la Administración Central y de la Junta de Gobierno conduce a una burocracia excesiva que dilata y encarece costos”.
“Si bien existe un consenso en refirmarnos como un solo sistema UPR, las unidades también llevan tiempo reclamando mayor autonomía para administrar sus recursos y programas académicos conforme a su misión, a la vez que también reconocen que deben rendir cuentas por el uso de fondos públicos. De esta manera, se garantiza la agilidad de los procesos académicos y administrativos”, sumó Isar Godreau, profesora en la UPR en Cayey.
Sobre el tercer acuerdo prioritario, el estudiante Víctor López, también de la UPR Cayey, indicó que “la UPR es un servicio esencial para el desarrollo económico y social de Puerto Rico y todos estuvimos de acuerdo en que esto debe quedar claramente establecido en la ley universitaria”.
Con él coincidió la profesora Lida Orta Anés, representante ante el Senado Académico del Recinto de Ciencias Médicas, al añadir que “precisamente porque la UPR es esencial para el desarrollo de nuestro país [el] plan fiscal propuesto para la UPR por el gobierno y por la Junta de Control Fiscal viola disposiciones de ley, incluyendo la de proveer una educación de calidad para todos los sectores sociales, especialmente los de mayor desventaja socioeconómica”.
Los acuerdos quedaron constatados en un documento de síntesis preparado por el comité ad-hoc de la Junta Universitaria y en las próximas semanas estarán integrando todos los acuerdos validados en las mesas de diálogo para ser compartidos con la comunidad universitaria y presentarse la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado.
