Colectivo académico analiza la realidad política, social y cultural de Puerto Rico
Irlanda le impuso un recorte de dos mil millones de euros al presupuesto público del país. (Suministrada)
SOBRE EL AUTOR
Especial para Diálogo
Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.
Los proponentes de las políticas de austeridad en Puerto Rico deberían ilustrarnos casos concretos de países donde ésta haya reducido la deuda pública y propiciado el crecimiento económico. El historial que ilustra el fracaso de las medidas de austeridad para ambos propósitos sobran (entre éstos: Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Japón y Suecia a mediados del siglo pasado; España Portugal, Grecia, Irlanda e Italia a principios de este siglo y más recientemente Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía). Comparar a Puerto Rico con países enormes y ampliamente desarrollados no nos serviría de mucho. Sin embargo, los casos de Irlanda e Islandia, tal vez nos puedan ilustrar el peligro de ajustes fiscales basados en la adopción de medidas de austeridad.
Ambos países, al igual que Puerto Rico, son pequeños y han enfrentado una abrumadora crisis económica en la última década. Hoy, sin embargo, la economía de Islandia es un referente mundial de progreso desde el 2011, mientras la de Irlanda está sumida en toda la tragedia de penalidades a su población provocadas por la adopción de medidas de austeridad. ¿Cuál es la diferencia entre ambos países? Muy sencillo, que Islandia se apartó del recetario tradicional de la austeridad y lo primero que hizo fue dejar que sus bancos privados se fueran a la quiebra. Por su parte, Irlanda convirtió un asunto de deuda privada en un problema estatal al implantar un rescate total de su sistema financiero, siguiendo el modelo de Estados Unidos. Así el país sumó a su deuda pública un endeudamiento de esas instituciones privadas que fue producto de la burbuja inmobiliaria que éstos crearon a través de peripecias financieras y despilfarros crediticios. Más aún, Irlanda le impuso un recorte de dos mil millones de euros al presupuesto público del país, limitando grandemente los servicios sociales. Con el dinero de los contribuyentes, pero sin su aprobación, el Estado compró a sobreprecio hipotecas tóxicas del sector privado. Sumida en la crisis, Irlanda fue excluida de acceso a los mercados internacionales de financiamiento.
Por su parte, los banqueros irlandeses e ingleses utilizaron el respaldo estatal provisto para asegurarse inyecciones montantes a 70 billones de euros de parte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, a cambio del establecimiento de una política de austeridad permanente, caracterizada por una reducción substancial de los salarios, el aumento de los despidos, nuevos impuestos para la población, reducción de impuestos a multinacionales y una contracción del gasto social, entre otros. Sólo en el Banco Anglo-Irlandés, para ilustrar las dimensiones del fraude bancario, desaparecieron 47 millones de euros. El endeudamiento irlandés pasaría de 32% en el 2007 a 108.2% en el 2014 en relación a su producto interno bruto, y luego de apenas tres años de haber abrazado la austeridad como política gubernamental.
Entre tanto, Islandia, enfrentada a una desastrosa situación económica desde finales del siglo pasado, decidió devaluar su divisa, estableció controles férreos al capital para obligar a los inversores a permanecer en el país y fortaleció su estado de bienestar. Esto fue posible cuando rechazó rescatar de su bancarrota a tres bancos islandeses: el Glitnir, el Banco Nacional (Landsbanki) y el Kaupthing que, entre otras prácticas cuestionables, invertían en sus propias acciones de forma cruzada. Es decir, unos bancos capitalizaban a los otros y auspiciaron aceleradamente una cantidad de préstamos cuestionables con los que lograron créditos del banco central islandés y posteriormente su desplome financiero por falta de liquidez. Una vez permitida la quiebra, se crearon tres bancos nuevos. El costo de la implosión de los antiguos bancos no fue asumida por los contribuyentes y se mantuvo como responsabilidad de manos privadas.
Aún así, Islandia no pudo escapar de realizar una consolidación fiscal agresiva, pero lo llevaron a cabo con sensibilidad y desarrollando una distribución equitativa de la responsabilidad de la deuda. Es decir, el país entero se sacrificó, desde el más humilde al más acaudalado pero dentro de un sistema de imposición tributaria que determinó una subida en las contribuciones a los que recibían mayores ingresos, apartando una serie de ayudas a las familias de medianos y limitados ingresos. De acuerdo a los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, por sus siglas en ingles), del 2012 en adelante, Islandia ha crecido económicamente en un 3.5%, lo que significa un gran logro para el país cuando se le compara con su región. La clave, un ajuste fiscal equitativo que no pretenda defender a los sectores más pudientes de la sociedad. Sus cifras de desempleo son tan bajas como el 6%, encontrándose superado sólo por países como Noruega, Suiza, Austria, los Países Bajos y Alemania.
Ciertamente, habría que reconocer que Puerto Rico es una colonia y no tiene control de su divisa. De hecho, funcionamos con la divisa de otro país al que estamos vinculados con una escasa e ineficiente representación política. Por lo tanto, no somos un país soberano y nuestra economía está intervenida por el poder de los Estados Unidos de Norteamérica. A partir de ese reconocimiento, ya va siendo hora de que nuestros políticos dejen de actuar como si fuéramos una nación rica y eviten aprobar políticas públicas que nos obliguen voluntariamente a patrocinar al capital, norteamericano o no, en su desenfrenado esfuerzo por abaratar el costo de la producción de bienes y evadir la responsabilidad tributaria con nuestro Erario o con el de su país de origen. Parte de ese diseño evasor ha sido tolerar, sin más, el modelo de negocio de las entidades bancarias dirigido sólo y con un costo social altísimo, a la producción de dinero fácil a través de transacciones financieras tóxicas. Esto incluye haber tolerado una gestión unilateral de los bancos como si fueran verdaderas trincheras de excepción laboral e inmunes a las obligaciones que impone la legislación social, especialmente en momentos de fusión y adquisición de unas entidades financiera por otras.
Para nuestro gobierno, la austeridad parece ser la mejor de todas las malas opciones que se están considerando. Podrían y deberían propiciar un ajuste fiscal equitativo pero nuestros políticos no tienen la voluntad de meterle mano seriamente al problema de distribución de la renta o lo que deberíamos llamar más adecuadamente: la distribución de la riqueza en nuestro país. Esto porque nuestros políticos no quieren hacer que los ricos que los financian paguen la cuota de la responsabilidad social que les corresponde en relación a la deuda pública. Por otro lado, porque hay cierta pericia de los banqueros y sus aliados que dominan los medios de comunicación, en convertir el tema de la deuda y el endeudamiento de Puerto Rico en un relato moral que los libera de responsabilidad, y se concentra en destacar nuestra debilidad como pueblo y otros argumentos similares dirigidos a santificar los programas de austeridad ante lo pernicioso que resulta el “malgasto” gubernamental en políticas sociales. Discurso que postula que el endeudamiento de Puerto Rico es sólo el resultado de promover la justicia social y para nada se menciona que ese gran endeudamiento isleño está directa y mayormente relacionado con los incentivos de todo tipo que históricamente se le han ofrecido a las multinacionales y los sectores más prósperos económicamente y poderosos políticamente de nuestra sociedad.
Muy pocas veces relacionamos el endeudamiento de nuestro país con nuestra relación política colonial con los Estados Unidos. ¿Por qué debemos ser nosotros una excepción a sucumbir económicamente ante la adopción de las mismas políticas públicas federales que cada año envían más de una docena de estados de la unión a la quiebra? Hecho que también se evidencia en la inestabilidad económica que producen estas políticas en los territorios no incorporados, como es Puerto Rico. El mejor modelo que tiene nuestro país de acumulación de deuda es la república estadounidense. Estados Unidos enfrenta una deuda preocupante hace muchos años y su deuda nacional de trillones de dólares repercute negativamente en el equilibrio económico internacional. Precisamente, cuando su sistema financiero entró en crisis alrededor del 2008, luego de una devaluación crediticia, generó un aumento vertiginoso de la deuda estadounidense debido al rescate de ciertos bancos por el Estado, lo que causó un pánico en los mercados internacionales y también efectos similares en otras naciones soberanas del mundo.
No es un capricho argumentar que en ese país, tal y como cada vez más ocurre en el nuestro, los pobres son más pobres y los ricos más ricos y esa tendencia lejos de desaparecer se fortalece cada día. Los programas de austeridad vienen a afirmar esa tendencia. Es decir, que cuando se recortan los servicios del Estado, se quiebra aún más la distribución de riqueza, lo que es injusto y a larga será insostenible pacíficamente. Eso porque el llamado en los planes de ajuste económico a limitar los gastos y reducir las cuentas, aplica de forma desigual y transfiere a los trabajadores y sus familias la carga más pesada. Esto se suma a que los sectores más aventajados económicamente evitan, a como dé lugar, su responsabilidad contributiva. Eso lo permite nuestro gobierno y en definitiva propicia un clima económico y social caótico. Una especie de olla de presión que acabará provocando reacciones violentas ante la indiferencia de los políticos y sus socios, los “habientes” del capital.
Nuestro país tiene que asumir una verdad innegable, los pobres que trabajan no pueden pagar la deuda. No sólo es inmoral la propuesta, porque no son responsables de la misma, sino que aunque quisieran no cuentan con suficiente capital colectivo para satisfacerla. Todo intento en esa dirección será, cuando menos, una futileza.
A continuación los enlaces de todos los artículos de la serie.
Guayamés y Catedrático en Relaciones Laborales y Derecho del Trabajo de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente, destacado en la Facultad de Derecho de la UCM–Madrid y el Departamento de Sociología del Trabajo II del Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid y el Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha, ambos en España. Artículo noveno de una serie sobre la peligrosidad de la austeridad como política gubernamental. Como la mayoría de los artículos de la serie, este artículo fue inspirado por el libro de Mark Blyth. Austerity: The History of a Dangerous Idea. Oxford University Press, 2013. Una discusión más a fondo de estos temas se puede encontrar en los últimos libro del autor: (1) El Periodo de Prueba en España: Estudio con Especial Referencia a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español y la Normativa del Ámbito Internacional. Madrid: España, 2015 y (2) 2da. edición de Derecho Laboral: Leyes en Puerto Rico y su Jurisprudencia, 1900-2015. San Juan: Editorial SITUM (Biblioteca Jurídica), 2015.
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