A mercadear “proyectos críticos” con aprobación acelerada e inversión privada
Reserva Natural de la Laguna Joyuda en Cabo Rojo. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
A diez meses de su aprobación, podía decirse que se sabía para qué estaba en la Isla la Junta de Control Fiscal (JCF), creada por Promesa (el acrónimo en inglés de la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico). Se conocía, hasta entonces, tres razones.
La primera, estabilizar las finanzas del país y aprobar los planes fiscales y presupuestos del gobierno y sus dependencias. La segunda, reestructurar la deuda pública, ascendente a más de $70 mil millones, y no permitir que el gobierno emita más bonos –es decir, que se endeude– sin su aprobación. La tercera, garantizar –en el tiempo que tome– que Puerto Rico tenga un panorama fiscal saludable que le permita, como a los demás países del mundo y como una vez pudo, acceder a los mercados capitales.
Ahora habría que añadir una cuarta: la probable venta de nuestro patrimonio –reservas naturales, terrenos agrícolas, zonas costeras– para abonar al servicio de la deuda.
Hasta aquí lo anterior –propiamente, esa cuarta razón– podría parecer una columna de opinión, si no fuera porque no son las palabras de un periodista cualquiera. Más bien, es la conclusión a la que toda persona que lea el informe Implications for Puerto Rico’s Natural Heritage under PROMESA, hasta hoy en poder de Diálogo y que divulgamos públicamente, podría plausiblemente llegar. Y, a juicio de expertos, esta posibilidad no solo es real, sino que es cuestión de tiempo.
El documento, con fecha de enero de 2017 y de la autoría del licenciado James B. Snow, del Pinchot Institute for Conservation radicado en Washington D.C., confirma lo que desde la aprobación de la ley federal en junio de 2016 han venido diciendo importantes figuras de la lucha ecológica y ambiental en Puerto Rico: que la Isla –sus bosques, sus playas, sus tierras– está a merced de Promesa, particularmente mediante su Título V, que dispone para la revitalización de infraestructura vía la aprobación acelerada de “proyectos críticos”.
“En palabras sencillas: los terrenos y recursos cuya titularidad pertenezca al Estado Libre Asociado están sujetos a esta ley [federal]. En cuanto los recursos naturales, la junta tiene el poder de regular el manejo de terrenos gubernamentales [donde estos ubiquen], como aumentar los ingresos por concepto de agricultura o explotación forestal, o imponer un cargo por su uso público”, advierte Snow en su teorización.
Agrega, considerando la sección 101 de Promesa, que “también existe el potencial para que la junta disponga de estos terrenos para su venta o para que sean transferidos a un acreedor como parte de un acuerdo de reestructuración”.
Dicha sección del estatuto federal otorga a la JCF la potestad de designar cualquier instrumentalidad territorial –y consecuentemente, los terrenos públicos que estas tengan– bajo la jurisdicción de Promesa.
Precisamente ese fue el poder que ejerció el ente federal en su primera reunión, en septiembre de 2016, cuando designó a 25 entidades –entre ellas el propio ELA y dependencias que no necesariamente emiten bonos, como el Departamento de Agricultura y el Departamento de Recursos Naturales, así como corporaciones públicas, entre ellas la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados– bajo su mandato.
Snow, pues, lo resume así: “[Promesa] concede a la [JCF] poderes que pueden ser utilizados para alterar áreas de recursos naturales y tierra agrícolas en Puerto Rico cuya titularidad pertenezca al gobierno, y para afectar la aplicabilidad e implementación de leyes ambientales existentes”.
Letra muerta la legislación puertorriqueña
El letrado expone que, dada la cláusula de supremacía establecida en la sección 4 de la ley federal, no hay garantía alguna a nivel de legislación puertorriqueña que pueda frenar las facultades de la JCF dispuestas en Promesa.
Más aún, su sección 108 impide al gobernador y a la Asamblea Legislativa cualquier tipo de control y supervisión sobre las acciones del organismo federal, incluyendo pasar legislación que impida cumplir los propósitos de la ley federal.
Promesa, empero, no ocupa el campo federal, por lo que legislación estadounidense que aplique a Puerto Rico –y en el caso ambiental, leyes y reglamentos para la protección de bosques nacionales como El Yunque y refugios de vida silvestre como los que se encuentran en Culebra, Vieques, Laguna Cartagena en Lajas, Cabo Rojo y Desecheo– no se verán afectados. El asunto, según el científico Ariel Lugo, es que estos terrenos son un porcentaje ínfimo de los recursos naturales del país.
Pero más allá de que la JCF ya tiene jurisdicción sobre un 10% del terreno público de Puerto Rico, y de que las leyes puertorriqueñas no afectan sus prerrogativas, el informe del Pinchot Institute reseña que el ente federal –gracias a la sección 204(b)(5) de Promesa– puede incluso declarar inválidas leyes y reglamentos que le impidan descargar sus funciones y propósitos: es decir, estabilizar las finanzas del país y garantizar que el gobierno cumpla con su plan fiscal.
La sección 205, además, autoriza a la JCF a realizar recomendaciones para lograr una estabilidad financiera, incluyendo “sugerir” al gobernador o a la Asamblea Legislativa la “privatización y comercialización de entidades dentro del gobierno territorial”. Snow reconoce que no queda claro qué constituye una “entidad” para efectos de dicha sección, pero entiende que podría incluir activos públicos.
Diálogo le preguntó a José Carrión III, presidente de la JCF, sobre la posibilidad de que el organismo que preside invalide leyes puertorriqueñas que designan reservas naturales para, consecuentemente, proceder con su venta y así abonar al servicio de la deuda. Carrión III respondió que “yo no tengo idea”.
En su exégesis, Snow es claro en que, si bien a la fecha la JCF no ha determinado que, en efecto, puede vender activos públicos, no obstante existe esa posibilidad, por lo que exhortó “al monitoreo constante de aquellos preocupados con el impacto de Promesa en los recursos naturales de la Isla”.
Solo el tiempo, y probablemente un juez federal, determinará cuán suprema es Promesa sobre la legislación puertorriqueña, particularmente en los casos donde se invaliden leyes que designen reservas naturales y reservas agrícolas. Pero no habría que leer mucho –quizás solo un repaso general de nuestra historia– para saber la amenaza con la que vivimos.
Descarga el informe: Snow, J.S. (2017, January 24). Implications for Puerto Rico’s Natural Heritage Under PROMESA
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