Por las pasadas décadas, el gobierno de Puerto Rico ha acentuado la necesidad de impulsar el desarrollo económico y resolver la crisis, ya sea mediante la construcción de nuevos hoteles que promuevan el turismo u otro tipo de inversión en infraestructura.
Al presente, la prioridad es el pago de la deuda de cerca de $70 mil millones y encaminar al País hacia la recuperación, aunque eso signifique desarbolar nuestros recursos naturales.
“Se está tomando lo que sea para cuadrar una libreta, porque la libreta aguanta todo y no toma en consideración elementos intangibles como lo es el ambiente”, afirmó el profesor Carlos Guilbe, del Departamento de Geografía de la Universidad de Puerto Rico.
Y es que, según Guilbe, este cuadre de chequera se sobrepone a otras prioridades, dejando al sector poblacional de menores ingresos y al ambiente en una posición aún más desventajada.
“Yo creo que Puerto Rico comenzó esto con la llegada del paradigma neoliberal a principios de la década de los ‘90, que es una casualidad que fue con el papá del gobernador que tenemos ahora”, explicó aludiendo al exgobernador Pedro Rosselló González.
Según el profesor del Recinto de Río Piedras, Rosselló González adoptó la ideología de que el gobierno no fuera generador de desarrollo sino un gerente para que el desarrollo corriera desde el sector privado, la base misma del pensamiento neoliberal.
“No es casualidad que en la década del 90 hay una gran inversión en carreteras y crecen los suburbios y crecen los centros comerciales”, agregó.
Esa prioridad en la inversión en infraestructura se ha intensificado en el presente con las medidas del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Mediante sus determinaciones, ambos funcionarios acentúan las prácticas de austeridad ordenadas por la Junta de Control Fiscal (JCF)— ente habilitado por el Puerto Rico Oversight, Management and Stability Act (Promesa)— impuesto en junio de 2016 por el Congreso federal ante la emergencia fiscal de la isla.
“Ahora tenemos la justificación de que hay que crear empleos. Esto va contra el ambiente porque literalmente se están flexibilizando las leyes, los nodos de educación ambiental se están afectando por presupuesto y vamos a encontrar que a nombre de esta emergencia hay derecho a convertir estos espacios que la misma ley llamaba ‘espacios rústicos’ en espacios urbanizables”, recalcó Guilbe.
Construcción por la vía rápida
Un ejemplo reciente de esta flexibilización legal puede verse con la ya aprobada reforma de permisos, la cual establece un proceso expedito para la aprobación de proyectos con el fin de mover la economía, facilitar el desarrollo económico y, según el gobernador, hacer de Puerto Rico un territorio competitivo.
Esta medida del gobernador va a tono con el Título V de Promesa, que como ha reseñado Diálogo, pone nuestros recursos naturales en disposición de la JCF para ser utilizados como pago a los bonistas y liquidar la deuda.
También, decreta un procedimiento expedito de permisos para el desarrollo de “proyectos críticos”, que se alega que contribuirán a la revitalización económica de la Isla.
“La reforma de permisos va por esa vía de facilitar el construir. Pero, si quitas los mecanismos que tiene el proceso de planificación para evaluar juiciosamente dónde se van a ubicar los usos, en la práctica estás promoviendo un desarrollo desordenado que aunque no lo veas en el presente, eso tiene consecuencias en el futuro y la calidad de vida de la gente va a ser peor y con costos mayores para las familias, el gobierno y el ambiente”, afirmó, por su parte, el economista Iván Elías Rodríguez.
Entre sus disposiciones, la Ley 19 de 2017, bautizada como la “Reforma de Permisos”, crea un proceso de amnistía para permitir la legalización de construcciones realizadas sin los permisos correspondientes. De la misma forma, continúa confiriéndole poderes a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), cosa que representa un error, a juicio del economista.
“La OGPe no está diseñada para consultas de ubicación. Esta diseñada para dar permisos. Las consultas de ubicación son para evaluar el desarrollo y la planificación a largo plazo. No es competente que la OGPe tenga capacidad de decidir”, afirmó Elías Rodríguez, quien también es profesor del Departamento de Economía de la UPR en Arecibo.
El gobernador Rosselló firmó la Reforma de Permisos durante la primera semana de abril. (Suministrada)
Tras la aprobación de la reforma de permisos, varios grupos han expresado su preocupación ante la posible precarización de los recursos naturales y las áreas con alto valor ecológico. Según el Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, los terrenos con mayor vulnerabilidad son los bosques, santuarios estuarinos y reservas naturales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). También, a esa lista se unen los terrenos pertenecientes a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Carreteras, así como la UPR y el DRNA.
La reforma de permisos también es un espaldarazo a la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que también decreta la aceleración de la concesión de permisos a proyectos de “alta prioridad”.
El impacto de los recortes federales
En la presentación de su presupuesto: America First: A Budget Blueprint To Make America Great Again, Trump propuso un recorte a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de $2.6 mil millones, o un 31% de sus ingresos. Esto podría afectar la estabilidad de Reservas Naturales que no se verían impactadas por Promesa.
Ese tijeretazo a la agencia incluye la eliminación de múltiples programas de conservación e iniciativas para batallar el cambio climático, entre ellos: subsidios destinados al Plan de Aguas Limpias, a la protección y restauración de valiosos recursos naturales en el propio Estados Unidos así como otros programas regionales de la EPA. También, propone cortar lazos con la Iniciativa de Cambio Climático Global y el programa para estos fines que maneja un grupo de las Naciones Unidas.
A esto se le suma que ya a finales de febrero Trump firmó una orden ejecutiva para revertir la implementación del Clean Water Rule, la cual clarificaba qué vías fluviales de la nación norteamericana debían estar protegidas bajo la Ley de Aguas Limpias.
“Donald Trump tiene una base nacionalista que va a afectar a Puerto Rico, porque Puerto Rico no forma parte del ‘American’ del que él habla. Cuando Trump habla de los mexicanos, se refiere a todos los hispanos. Así que tenemos dos frentes hacia Estados Unidos, el frente nacionalista y el frente neoliberal, una combinación difícil”, subrayó Guilbe.
“Corre con el sector privado, con las fuerzas del mercado de oferta y demanda, cantidades y precios, donde el Estado no interviene. Ya lo hemos visto con la desmantelación de la EPA y la desmantelación del programa del servicio público de las emisoras, que por años llevaron y elevaron algo de conciencia ambiental. Ciertamente afecta a nuestro ambiente mediante legislación federal que no va a ser una legislación protectora, porque va a ser una legislación para desarrollar”, añadió el catedrático del recinto riopedrense.
El presidente Trump propuso un recorte a la EPA en un 31%. (Archivo)
En los recortes de Trump también se vislumbran reducciones a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOA, por sus siglas en inglés), que ampara la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, entre Guayama y Salinas, con los que se han adquirido islitas que forman parte de la reserva, tal como señaló Diálogo. Igualmente, una reducción en el Fish and Wildlife podría afectar las dependencias de esta agencia y su labor en las islas-municipio Vieques y Culebra, tal como ha advertido el exdirector de la EPA en Puerto Rico y el Caribe, Carl Soderberg, y el exvicepresidente de la Junta de Calidad Ambiental, Ramón Cruz.
Nueva reglamentación federal
Así como Trump, miembros de su gabinete y de la mayoría republicana en el Congreso federal también promueven la explotación de los recursos naturales para fines económicos.
Si bien el Título V de la Ley Promesa habilita la venta de terrenos públicos, esta disposición no se antepone a las leyes federales que produce el Congreso estadounidense, tal como señala un análisis realizado por el abogado James Snow, del Pinchot Institute for Conservation.
“Promesa no invalida leyes ambientales federales como la Ley Nacional de Política Ambiental [NEPA, por sus siglas en inglés], la Ley de Especies en Peligro de Extinción [ESA], la Ley Nacional de Manejo Forestal [NFMA] o la Ley de Agua Limpia [CWA], por mencionar unos pocos. Se debe asumir que las leyes ambientales o de recursos naturales en Puerto Rico son viables aún, siempre y cuando no presenten un conflicto con Promesa y sean aceptadas por la Junta de Control Fiscal”, explica Snow en su ensayo Implications for Puerto Rico’s Natural Heritage under PROMESA.
Según el documento, las propiedades federales—como parques nacionales, bosques y refugios de vida silvestre—no se deben ver afectadas por Promesa, al igual que tierras cuyos propietarios son organizaciones privadas como el Fideicomiso de Conservación. Empero, esta cláusula no representa resguardo alguno puesto que Trump y el Congreso ya se han encargado de atacarlas.
En enero el Congreso de Estados Unidos alteró el valor de las tierras federales mediante la redacción de las reglas del presupuesto de este cuerpo legislativo. El cambio, como reportaron medios estadounidenses, es una modificación en el lenguaje suficiente para viabilizar la venta de estos terrenos.
De la mano redactora del congresista de Utah, Rob Bishop, la medida facilita la liberación de terrenos federales como parques nacionales para que pasen a manos de los estados—o sea, a nivel público—y sean ellos quienes decidan su suerte.
Bishop, quien también fue coautor de Promesa, ha utilizado su liderato en el Comité de Recursos Naturales para cabildear a favor de esta causa, cuyo fin es generar ingresos o preparar esos terrenos para la mina. Estados al oeste de la nación norteamericana, como Wyoming, ya han comenzado a introducir legislaciones para facilitar estas transferencias de tierras.
Esta disposición podría afectar terrenos altamente valorados en Puerto Rico, como El Yunque, bosque tropical bajo la tutela del Servicio Forestal de los Estados Unidos.
“Imagínese que El Yunque se queda sin presupuesto federal. El Yunque es el bosque tropical más importante bajo bandera norteamericana en el Atlántico. ¿Sabe cuánto desarrollista quisiera hacer unas casitas en El Yunque? ¿O un parador? ¿O en la región del karso norteño y las playas? O sea, vamos a estar abiertos a la oferta-demanda, cantidades y precio, que es el espíritu del neoliberalismo. Todo esto bajo el mandato de generar empleos, generar capital y poder sufragar una deuda fiscal”, acotó Guilbe.
El Yunque es el único bosque húmedo tropical en la lista del Servicio Forestal de los Estados Unidos. (Ricardo Alcaraz/Diálogo)
“La resiliencia” al cambio climático
Las políticas del deterioro ambiental que parecen imperar en Puerto Rico desde la década del ‘90 han contribuido al panorama actual pintado por el influjo de las leyes federales y el remate de Promesa. Como si fuera poco, otro factor se une a estos elementos e impacta nuestro medio ambiente a largo plazo: el cambio climático.
El mundo ha sufrido sus efectos, puesto que cada año la temperatura global aumenta y rompe récords—como en el 2016—y los glaciares del Ártico se derriten, lo que provoca un aumento en el nivel del mar y un cambio en sus temperaturas. La tala de árboles y la emisión de contaminantes al aire son otros ejemplos de intervención humana que empeoran la situación, datos científicamente comprobados pero que a nivel federal se pretenden ignorar.
En Puerto Rico, el aumento anual en el nivel del mar de aproximadamente 1.84 milímetros y la desaparición de la arena de nuestras playas, sirve de aviso para las construcciones en zonas marítimo-terrestres. Al menos así se desprende del informe Valoración económica de los arrecifes de coral y ambientes asociados al Este de Puerto Rico, publicado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en el 2007.
Un ejemplo de estas zonas es Condado, particularmente desde el Hotel Vanderbilt hasta el Condado Plaza, en donde los paradores están construidos al borde de la costa. De la misma forma, en Palmas del Mar, y a pesar de la regulación ambiental que establece lo contrario, las casas fueron construidas a 50 metros de la orilla.
Los casos se replican una y otra vez alrededor de la isla y no muestran indicios de detenerse y evitar, no solo el despilfarro de dinero en proyectos que a la larga serán fútiles, sino el desgaste de nuestros recursos.
Según el estudio El Caribe y el cambio climático: los costos de la inacción, la falta de proactividad tras las alteraciones del clima podrían costarnos $2.5 mil millones anuales en los próximos años. Esa cifra contempla daños a la infraestructura debido al aumento del nivel del mar, entre otros. Asimismo, el estudio destaca que el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, el vertedero de Arecibo, las centrales de San Juan, Palo Seco, Cambalache y Aguirre, y los puertos de San Juan, Mayagüez y Ponce quedarían bajo el mar al cabo de un siglo.
Desde que la nueva administración gubernamental asumió el mando, se han radicado 22 medidas legislativas bajo la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales. De ellas, solo una aborda el cambio climático como un problema de grandes proporciones.
El Proyecto del Senado (PS) 154, radicado en enero por Cirilo Tirado Rivera, propone “establecer la política pública en torno al cambio climático con énfasis en la adaptación y la resiliencia”, según expone el proyecto de ley.
El proyecto legislativo define la palabra resiliencia como “la capacidad humana o natural para resistir, asimilar y recuperarse de los efectos de las amenazas de manera oportuna y eficiente, manteniendo o restituyendo sus estructuras básicas, identidad y funciones esenciales”.
Aunque la medida también crearía oficinas para responder al cambio climático y busca ser proactiva en cuanto al tema, la prioridad de esa comisión continúa fijada en el desarrollo de infraestructura.
“Hay que hacer un balance. Por un lado tenemos que regular y por otro, tenemos que ser creativos buscando nuevas iniciativas para que pueda haber preservación del ambiente por un lado y por el otro, que haya desarrollo económico. Creo que pueden coexistir”, argumentó el senador Carlos Rodríguez Mateo, quien preside la comisión en el Senado.
Dentro de las medidas también fue radicado el PS 129, para crear la Ley de la Zona Costanera de Puerto Rico. No obstante, esta pieza legislativa no ha sido atendida por la legislatura.
Entre todo, la Comisión buscará aprobar la creación de nueva infraestructura para generar energía como la un incinerador de basura en Arecibo, a pesar de las quejas de que se encontraría en zona inundable y liberará cenizas tóxicas. No obstante, “sin comprometer la salud de la gente ni los recursos naturales”, según el senador.
La protección de recursos naturales contra fenómenos naturales y presiones económicas, como Diálogo ha mencionado, debe ser una prioridad nacional. Sin embargo, las prácticas adoptadas hasta ahora parecen indicar que, poca será la tierra que dejaremos en heredad a las generaciones futuras.
Este reportaje es parte de la serie especial Diálogo Verde 2017, en la que se analiza el impacto de la ley federal Promesa en el medio ambiente puertorriqueño.
Sigue aquí la serie especial:
1. Empeñado nuestro patrimonio natural bajo Promesa
2. A merced de Promesa las reservas naturales y terrenos agrícolas
3. ¿La antesala de Promesa? Venden y destruyen terrenos protegidos
4. Amenazada la supervivencia de los puertorriqueños por Promesa
5. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (1ra. parte)
6. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (2ra. parte)
7. “Proyectos críticos”: crecimiento económico cueste lo que cueste
8. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (3ra. parte)
9. A la expectativa los residentes del Caño Martín Peña
10. Extensión de la PR-22 y el cuento del fracaso como progreso
11. Aguirre Offshore Gas Port, ¿un proyecto esencial?
12. Luquillo y el “desarrollo integral” bajo Promesa
13. Nuevamente en peligro el Corredor Ecológico
14. Los bonos y la naturaleza: en riesgo los recursos más vulnerables
15. Urge la defensa de la zona kárstica ante Promesa
16. Vulnerables las tierras agrícolas bajo Promesa (Parte I)
17. Urge la defensa de la zona kárstica ante Promesa
18. En peligro las subestaciones experimentales de la UPR por la deuda pública
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Adriana De Jesús Salamán
Posee una Maestría de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es escritora y fotoperiodista. Ha sido galardonada por la ASPPRO y el Overseas Press Club.
