La ONU lucha y pierde la batalla contra el abuso y la explotación sexual generalizadas y continuas de efectivos de las fuerzas de paz y funcionarios civiles, con muy pocos procesamientos debido a enormes problemas para perseguir a los abusadores e identificar paternidades.
Pero la base de datos de ADN supervisada por la ONU (Organización de las Naciones Unidas), una herramienta exitosa en muchos países, no logra despegar, aun en el marco de los “16 Días de Activismo”, destinados a eliminar la violencia contra las mujeres.
La profesora de clínica Anne Marie Goetz, del Centro de Asuntos Globales, de la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de Nueva York, dijo a IPS que hay numerosas medidas prácticas que se pueden implementar para reducir el abuso, como desplegar más mujeres en los cuerpos de paz, mejorar la capacitación y la concienciación, así como los medios para que las víctimas denuncien las agresiones.
“Pero una medida de disuasión que puede resultar efectiva, y que no se ha debatido mucho, es la de recolectar muestras de ADN del personal uniformado y civil antes de su despliegue”, acotó.
Con un simple hisopo en la boca basta para obtener una muestra de ADN, que puede contrastarse con la evidencia en casos de violación o comparar con el de un bebé para los casos de paternidad, detalló.
El hecho mismo de recolectar la muestra debería generar conciencia sobre las grandes probabilidades de ser hallado culpable en casos de violencia sexual o de paternidad.
“Los países que aportan efectivos también podrían aprovechar esa oportunidad para explicar a sus fuerzas de paz que podrán ser procesados en casos de violación o abuso y que deberán hacerse responsables de los costos de manutención en casos de paternidad”, explicó la profesora Goetz, exasesora de paz y seguridad de ONU Mujeres.
Pero la propuesta de crear una base datos de ADN chocó con la oposición de funcionarios, pero en particular, de los estados miembro, que aportan los efectivos para las operaciones de paz, con el argumento de proteger la seguridad personal.
Paula Donovan, una de las directoras de AIDS Free World y de su Campaña Código Azul, informó que “la investigación nos llevó a concluir que es poco probable que los estados miembro aprueben la base de datos de ADN del personal militar de las fuerzas de paz de la ONU, porque la propuesta contradice a la mayoría de las normas y leyes que tienen en materia de privacidad”.
La mayoría de las acusaciones de explotación sexual y de abuso son contra civiles, por lo que la organización podría dar ejemplo imponiendo la necesidad de contar con una muestra de ADN como requisito de empleo, propuso.
Pero la ONU tiene un sesgo inherente en los casos penales y de paternidad de su propio personal, por lo que la base de datos tendría que crearla y gestionarla una órgano independiente, puntualizó.
“Y aun en esos casos, la evidencia de ADN es una herramienta, no una solución. Establecer la paternidad de un integrante del personal de la ONU, por ejemplo, no sirve de nada para la parte demandante hasta que un tribunal no emita una orden de manutención y la ONU la haga cumplir”, señaló Donovan, activista con mucha experiencia en la materia en el sistema de la ONU.
Sobre la propuesta de retener fondos como garantía en casos de abuso sexual, Donovan recordó que en marzo de 2016 el entonces secretario general Ban Ki-moon propuso que el pago retenido a los efectivos acusados se transfiriera a un fideicomiso una vez probada la evidencia.
“Pero los problemas clave siguen sin atenderse”, precisó Donovan.
Primero, hay “un conflicto de interés: Justificado en quién, ¿la ONU, cuyo propio personal está imputado?”
Segundo, el “doble discurso: ¿por qué solo los soldados? si también hay civiles y expertos en misiones acusados de explotación sexual y abuso?”, cuestionó.
Tercero, “no hay sustituto para la justicia. El dinero del fideicomiso, incluidos los salarios embargados (solo mientras el imputado forma parte del personal de la ONU), no va a las víctimas individuales, sino que se entrega a organizaciones que trabajan con víctimas de abuso sexual”, agregó.
Aunque algunas víctimas reciban efectivo, en ningún caso eso puede reemplazar a la justicia, subrayó.
Por su parte, el presidente del Comité de Coordinación de Sindicatos y Asociaciones Internacionales del Sistema de la ONU, Ian Richards, dijo a IPS: “Cuando una persona firma un contrato de trabajo con la ONU, no deberían tener que firmar sobre su ADN. Esa propuesta presume que los funcionarios de la ONU son prominentes agresores sexuales”, explicó.
Ningún empleador ni país le pide a sus funcionarios o a los ciudadanos que entreguen su ADN, y hay buenas razones para ello, como el derecho a la privacidad y la protección contra el mal uso de información personal.
El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, sostuvo que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, el foro mundial recibió 31 acusaciones. “No todas se verificaron y algunas están en etapa de evaluación preliminar”, indicó.
De las 31, 12 involucran al personal de las operaciones de paz y 19, de agencias, fondos y programas de la ONU, 10 son por abuso sexual, 19 por explotación sexual y dos de naturaleza desconocida.
Además, 12 de esas denuncias ocurrieron en 2017, dos en 2016, seis en 2015 o antes, y se desconoce la fecha de otras 11 más.
También se designaron defensores de los derechos de las víctimas en la sede del foro mundial y en cuatro misiones. Y la secretaria general adjunta Jane Connors regresó hace poco de República Africana, donde se investiga a la misión de paz.
“También tenemos un proyecto piloto de Protocolo de Asistencia a las Víctimas, que establece papeles y responsabilidades para quienes están en el terreno, a fin de garantizar la coordinación y ofrecer asistencia inmediata a las víctimas”, detalló.
Con las últimas contribuciones voluntarias de los estados miembro, el Fideicomiso de la ONU de apoyo a víctimas de explotación sexual y abuso se reunió $1.5 millones.
El secretario general instruyó a los directores de las entidades del sistema de la ONU a presentar planes de acción y análisis de riesgo para impulsar a las autoridades a luchar contra este problema, y casi todos ya los entregaron.
“También lanzamos la capacitación obligatoria para todo el personal de la ONU previo a su despliegue”, precisó Dujarric.
“También continuamos los esfuerzos para involucrar a los estados miembro. Hasta ahora 58 jefes de Estado y de gobierno se unieron al Círculo de Liderazgo del secretario general, 74 suscribieron el Convenio Voluntario y 18 más indicaron formalmente su intención de firmarlo”, detalló.
Por último, la reunión de las fuerzas de paz de la ONU, realizada en la ciudad canadiense de Vancouver a mediados de este mes, condenó “en los términos más fuertes la explotación sexual y el abuso cometidos por efectivos y personal civil, y llamó a los estados miembro y a la secretaría de la ONU a redoblar los esfuerzos de prevención, responsabilidad y asistencia a las víctimas”.
