La actual política fiscal de Puerto Rico está dirigida al control y la reducción de gastos en las agencias del gobierno estatal con el propósito de bajar sustancialmente el déficit operacional gubernamental. Para así balancear el presupuesto, y con ello, rescatar su capacidad crediticia, pues la política fiscal no ha cumplido con las expectativas iniciales. Implantada en el 2006, la Reforma Fiscal tenía como retos principales: reducir el gasto público, promover mayor eficiencia operacional en la prestación de servicios, atender el déficit estructural existente, honrar el pago de la deuda pública, y por último, mantenerse dentro del presupuesto asignado. Para poder lograr todo esto, el plan fiscal tenía que ser complementado por una reforma contributiva que garantizara la obtención de los ingresos necesarios para su funcionamiento, ya que la reforma fiscal, por sí sola, no generaría el dinero suficiente para cumplir sus objetivos. La Reforma Contributiva implantada entonces, se supone que establezca nuevas tasas contributivas sobre el ingreso neto sujeto a tributación de los individuos; añada un crédito para los individuos por ingresos devengados “earned income tax credit”, y que añada un impuesto general de ventas y uso en Puerto Rico (eliminar el Arbitrio General del 6.6% por un Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU) de 7%); para disponer sobre modificaciones a ciertas deducciones existentes. Sin embargo, esto no ha sido suficiente. Entre otras razones, porque el Estado no ha sido capaz de detectar, controlar y reducir la evasión contributiva que ronda los $1.6 billones, cantidad similar al aproximado al déficit estructural del Gobierno. Adicionalmente, el Gobierno tampoco ha podido fiscalizar el progreso del IVU. En promedio, el IVU recauda cerca de $30 millones más sobre lo que recaudaba el arbitrio general para el fondo general. No obstante, existen varios problemas. El principal: la implantación del IVU no ha sido efectiva. Por el contrario, la implantación del impuesto provocó que se elevaran los costos de los productos, entre otras cosas, porque la reducción del arbitrio general no se vio reflejada como se esperaba. Aunque antes de la implantación de la Reforma Fiscal se tomaron varias iniciativas a nivel administrativo que lograron reducir en un 6.9% el gasto operacional del Gobierno. Por ejemplo, se firmó la Ley de Control de Gastos en la Nómina Gubernamental para la Reforma Fiscal del Gobierno de Puerto Rico del 2006 Ley Núm. 111 de 31 de mayo de 2006 y la Ley del Fondo de Interés Apremiante Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, que busca satisfacer la deuda extra constitucional que ronda los $8.0 billones aproximadamente, y que se nutriría en un principio del exceso de las rentas netas. Pese a todo ello, el resultado de la acción no ha sido el esperado. En términos generales, lo que perseguía la Reforma Fiscal se alcanzó, pero no llegó al nivel de los ingresos, que es lo que en efecto aliviaría el problema principal de la ineficiencia de fondos.
Aunque la situación fiscal del gobierno es extremadamente delicada existen maneras de resolver el problema. Entre otras posibilidades, se deben asignar recursos para detectar y controlar la evasión contributiva de individuos y corporaciones. También, el continuar desarrollando medidas de control de gastos en las agencias del Ejecutivo, ayudaría bastante. Que se aumente en 5% la reducción en el gasto de gobierno, eliminar el Impuesto a la Venta y Uso en su totalidad, el restablecer el Arbitrio General del 6.6%; una revisión y fiscalización eficiente y efectiva en los puntos de entrada (San Juan, Carolina, Ponce y Mayagüez), son soluciones viables. También, establecer una base amplia de impuestos de justa equidad social e intergeneracional, garantizar el pago de la deuda extra constitucional con los sobrantes de las Rentas Netas, luego de cumplir con los compromisos salariales, serían remedios importantes. De todas las soluciones, la de mayor prioridad es la que permita atacar la evasión contributiva, que sin duda alguna lograría llegar el nivel de ingresos al nivel del presupuesto de gastos del Gobierno de Puerto Rico. Estas propuestas son necesarias para lograr reducir el gasto gubernamental al nivel de los ingresos, lograr mayor justicia contributiva y hacen que las operaciones del Gobierno sean ágiles y los servicios que se le proveen a la ciudadanía sean efectivos. Lo propuesto anteriormente puede solucionar real y permanentemente el desfase entre las necesidades legítimas del gasto del Gobierno y la capacidad de recaudos de recursos a través del sistema tributario.
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