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Mensajes de protesta contra la presencia de tres jueces del Tribunal Constitucional dominicano en el Salón de Actos de la Escuela de Derecho de la UPR. (Emmanuel A. Estrada López / Diálogo)
Organizaciones puertorriqueñas e internacionales a favor de los derechos humanos protestaron hoy contra la sentencia aprobada por el Tribunal Constitucional de República Dominicana, que ha causado una crisis legal dejando apátridas a cerca de 200 mil haitianos y descendientes de haitianos en la vecina isla.
La manifestación ocurrió a las diez de la mañana en el Salón de Actos de la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde el juez presidente del Tribunal Constitucional dominicano, Milton Ray Guevara, así como los jueces Justo Castellanos Khoury y Rafael Díaz Filipo, participaban del conversatorio ‘Constitución, derechos fundamentales y comunicación social’, organizado por la filial del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) en la Isla y que buscaba explicar los cambios realizados al contenido de la constitución dominicana en el 2010.
Los tres jueces favorecieron la aprobación de la sentencia TC-168-13 emitida por el máximo foro judicial dominicano el 23 de septiembre de 2013, que desnacionalizó retroactivamente a miles de personas nacidas en República Dominicana desde el 1929 cuyos padres fueran inmigrantes o tuviesen un estado irregular de residencia. El pasado 17 de junio era la fecha límite para que las personas que caían en ese espectro -en su mayoría haitianas- solicitaran la documentación para obtener la nacionalidad dominicana.
La crisis de derechos humanos en el país caribeño ha estado en el ojo internacional hace ya unas semanas. La preocupación de las organizaciones es que, pasado el término para solicitar la nacionalización dominicana, ocurra una deportación masiva y violenta de la población haitiana, lo que añadiría un capítulo más en el conflicto entre ambas naciones caribeñas.
Milton Ray Guevara, juez presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. (Emmanuel A. Estrada López / Diálogo)
“En momentos difíciles para la República Dominicana, recuerdo lo que hizo Luis Muñoz Marín en la lucha por la libertad de nuestro pueblo contra la tiranía de Trujillo”, decía Ray Guevara, justo en el instante en que los manifestantes desplegaban pancartas y banderas de Haití, a tono con los gritos de “racista” y “xenófobo” y consignas como “ningún ser humano es ilegal” y “adentro, afuera, abajo las fronteras”.
Los protestantes -entre los que había puertorriqueños, dominicanos y haitianos- repudiaron que ninguna persona haitiana u organización que represente los derechos de esa población fueran invitados a la actividad.
“Después de trabajar 50 o 60 años en ingenios azucareros, algunos desde los 13 años bajo condiciones de esclavitud moderna, es un crimen que sean expulsados sin un derecho a la jubilación, sin derecho a tener ninguna compensación económica, porque el Estado dominicano incumplió con las leyes internacionales y nunca pagó la seguridad social de esos trabajadores de la caña. Es un crimen de lesa humanidad” indicó Hilda Guerrero, una de las coordinadoras de la protesta.
La activista y representante de la organización Comuna Caribe agregó que “lo que pretende hacer el gobierno dominicano es una limpieza étnica en la República Dominicana. Cuando suceden deportaciones masivas se dan muchas situaciones de violencia, no hay control. ¿Quién va a responder por esa niñez? ¿Quién va a responder por las mujeres, por los ancianos, por los sectores más vulnerables?”.
“Los ancianos que han vivido 60 o 70 años en la República Dominicana ¿a dónde van a ir a vivir en Haití, donde no tienen familia y no hablan creol? Van a un país que está en una crisis, que no ha superado la crisis del terremoto. Es llevar una crisis dentro de otra crisis, y todas las personas caribeñas debemos asumir responsabilidad por esa niñez y esos hermanos y hermanas” apuntó Guerrero, al tiempo que responsabilizó al Estado dominicano por la situación en el país caribeño.
Mientras, la licenciada Annette Martínez Oroboma, del Instituto Caribeño de Derechos Humanos, indicó a Diálogo que el secretario del Departamento de Justicia, César Miranda, aún no ha respondido a la solicitud que hicieron las organizaciones manifestantes para comenzar una investigación criminal y retener a los tres jueces del Tribunal Constitucional dominicano en Puerto Rico hasta que sea culminada.
Martínez Oroboma, egresada de la UPR y una de las abogadas que llevó el caso de la población haitiana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresó que “me da verguenza que se permita un foro de ese tipo donde estos jueces tienen el espacio único para ellos, cuando no deberían ser, en mi opinión, ni siquiera recibidos aquí”.
El rector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdez, aclaró en un comunicado de prensa que la realización del conversatorio organizado por el CDP en la Escuela de Derecho no representa un apoyo a la decisión del Tribunal Constitucional dominicano.
“Es política de esta institución abrir sus puertas al debate sano de todas las ideas, sobre todo para que nuestro País conozca lo que ocurre en otras partes del mundo, especialmente en el Caribe. Es importante la apertura de la discusión de temas académicos del ámbito local, regional e internacional, por lo cual le fue cedido el espacio en nuestra Escuela de Derecho para realizar este evento público, más aún cuando los temas a conversar conciernen a países hermanos de la región”, indicó Severino Valdez.
En la protesta, que duró poco más de media hora, participaron el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, Comuna Caribe, el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití, la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora y el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles.
También estuvieron el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, la National Lawyers Guild y International Lawyers Guild, así como estudiantes, abogados y profesores de la UPR y miembros de la comunidad dominicana y haitiana en Puerto Rico.
Acabada la manifestación, los tres jueces dominicanos continuaron participando del conversatorio, aunque la mayoría de las preguntas de los presentes fueron dirigidas a que explicaran en detalle la sentencia judicial, asunto que no estaba contemplado en la agenda de la actividad.
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