La ola de violencia policial contra civiles carga consigo grandes repercusiones en la sociedad. A un año de la muerte de Alexis Grigoropulos, de 15 años, quién en 2008 recibió un disparo a “sangre fría” a manos de un policía, ha despertado nuevamente graves disturbios en Atenas y otras ciudades griegas. Para la conmemoración del primer aniversario de su muerte, desde el pasado domingo 6 de diciembre, se convocó una manifestación pacífica por parte de varios partidos, asociaciones de estudiantes y sindicatos de trabajadores para protestar en contra de la falta de justicia social debido a la violencia policial. Ya suman tres días consecutivos de enfrentamientos entre grupos de manifestantes, radicales y agentes, lo que ha provocado un saldo de más de 800 personas arrestadas, decenas de heridos, entre estos, varios policías y serios daños a la propiedad pública y privada alrededor de ese país helénico. La fiscalía del gobierno griego investiga un presunto abuso de violencia contra una sindicalista que fue atropellada por una motora policial en medio de la manifestación. Mientras tanto, varios medios de comunicación han advertido que se le ha hecho caso omiso a reclamos de violencia en contra de varios protestantes y que han sido grabados por cámaras públicas y privadas. Por su parte, el ministro de Protección del Ciudadano griego (Orden Público), Mijalis Jrisojoidis, aseguró que ya han podido controlar y limitar los violentos disturbios gracias a la coordinación de la Policía. Sin embargo, siguen las advertencias de más manifestaciones. De esta forma, informó que, a partir del próximo mes, los agentes usarán una identificación (name-tag) más específica para que los ciudadanos puedan reclamar justicia en casos de abusos de poder y que actualmente se analiza una alternativa para eliminar el uso de gases lacrimógenos durante las protestas.
La muerte de Alexis La muerte de Grigoropulos tuvo lugar el pasado año, mientras se proponía celebrar el Día de San Nicolás, en el céntrico barrio de Exarjia, de Atenas (lugar donde acostumbraban reunirse grupos izquierdistas o anarquistas), cuando entre medio de la muchedumbre, recibió un balazo. Muchos fueron los testigos, la noticia no tardó en dispersarse e inmediatamente las calles de Grecia se abarrotaron de manifestaciones de rabia y dolor que duraron tres semanas. Unas dos mil personas presenciaron el entierro, sin contar las miles de otras que vieron la transmisión en vivo a través de algunas cadenas de televisión griegas que capturaron la escena a pesar que los padres habían pedido intimidad. “¡Maderos, cerdos asesinos!” gritaban los asistentes. El primer ministro griego, Costas Karamanlis, para ese entonces, había prometido justicia por el asesinato del joven. Un juez había ordenado el encarcelamiento preventivo de Epaminontas Korkoneas, de 37 años, acusado de “homicidio intencionado” y de Vasilis Saraliotis, de 31 años por “colaboración en homicidio”, presuntos agentes causantes de la muerte. Al sol de hoy, los hechos todavía se mantienen en investigación. En Puerto Rico El problema del abuso policíaco es uno que sigue acaparándose de las calles mundialmente. Puerto Rico no está enajenado de este tipo de violencia pues en los últimos meses, también ha sufrido y confrontado este tipo de maltrato civil. Por ejemplo, durante el pasado mes de agosto, se desató un altercado contra los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y por otro lado, hubo otra situación de violencia en contra de los residentes de Villas del Sol en Toa Baja, entre otros incidentes. Precisamente, el pasado mes de noviembre el representate del Partido Popular Democrático, Charlie Rodríguez, presentó al Superintendente, Figueroa Sancha, evidencia de un patrón de actos ilegales por parte de la Policía de Puerto Rico para ocultar las violaciones a los derechos civiles. Entre éstas, reveló cómo los agentes son capaces de retirar sus identificaciones (name tags) al momento de cometer este tipo de injusticias. Hernández sometió el Proyecto de la Cámara 2234 para enmendar la Ley 141 y hacer compulsoria la expulsión de todo miembro de la Policía que retire el distintivo de identificación de su uniforme. Uno de los Derechos Constitucionales es la libertad de expresión. Eso se debe recordar.
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