La Reserva Nahua-Nanti en Perú es uno de los lugares más ricos de la tierra. En este trozo de la Amazonía peruana se discute la ampliación de un proyecto de explotación de gas natural, que afectaría de forma mortal a por lo menos cuatro de las etnias no contactadas en el mundo.
La zona cuenta con el mayor nivel de diversidad biológica que ha podido hallar la UNESCO, organismo que le otorgó la distinción de Patrimonio de la Humanidad. En su selva, los indígenas encuentran lo necesario para sobrevivir sin necesidad de mantener contacto con el resto de la sociedad.
Pero el radar del sistema económico apuntó la zona como un pozo sin fin para extraer gas natural. Así que en abril del 2012, el Ministerio de Energía aprobó la expansión de Camisea, un proyecto ya en funcionamiento que consiste en captar y transportar el gas proveniente de San Martín y Cashiari, dos yacimientos que se encuentran enclavados en el corazón de la región de Cusco.
Rebecca Spooner, investigadora de Survival Internacional explica que “las empresas implicadas han decidido ampliar la exploración hasta donde se encuentran estos indígenas, quienes no cuentan con inmunidad y el contacto con otras personas ocasionaría la muerte a través de enfermedades tan sencillas como una gripe”.
Entre estas etnias se encuentran los nahuas, los nantis, los matsigenkas y los mashco-piros. En la década de 1980, la mitad de los integrantes de los nahuas fueron exterminados tras sufrir enfermedades comunes traídas por los trabajadores de la empresa Shell, quienes llegaron a la zona para identificar fuentes de explotación de petróleo y gas. La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) que trabaja en la región desde hace 30 años, considera que este tipo de invasiones atentan contra el derecho de los indígenas. “Destacamos que los pueblos en aislamiento y en contacto inicial son la expresión viva del rechazo a la destrucción que ha significado el avance de los sectores extractivista y colonizador en la Amazonía”, añaden en su comunicado.
Las organizaciones internacionales critican la contradicción del gobierno peruano al aprobar una expansión del proyecto Camisea precisamente en una reserva que fue creada con el único fin de proteger a los indígenas no contactados y aislados.
Survival Internacional señala que a la zona ya tienen acceso los trabajadores de las petroleras implicadas como Pluspetrol (Argentina), Hunt Oil (Estados Unidos) y Repsol (España). “Yo fui el año pasado y el gobierno peruano no me dio permiso para entrar en la Reserva Nahua-Nanti. Pero sí dan permiso a los trabajadores que van a hacer explosiones y exploraciones desde helicópteros. Es una situación peligrosa porque no se puede garantizar la vida de los indígenas pero tampoco de los trabajadores, ya que se han dado casos puntuales en los que los indígenas luchan de forma violenta por su territorio”, denuncia Rebecca Spooner. Nosotros decimos que hasta el momento en que no hayan indígenas no contactados no pueden hacerse trabajos en esa zona porque es muy peligroso, no se puede garantizar la vida de los indígenas y de los trabajadores porque puede que los indígenas respondan de forma violenta en lucha por su territorio.
Recomendaciones ignoradas
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU (CERD, según sus siglas en inglés) solicita la “suspensión inmediata” de los planes de expansión del proyecto Camisea. La solicitud fue realizada a través de una carta oficial en la que se argumenta que la ampliación amenaza la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas que allí habitan. “El Gobierno y la empresa deben de actuar con la máxima cautela y no proceder con la propuesta de ampliación sin asegurar previamente y de manera conclusiva la no vulneración de sus derechos humanos (de las tribus)” añade James Ayala, Relator Especial de Naciones Unidas que visitó la zona a finales del 2013.
A esta lista de alertas se sumó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), principal observador en materia de derechos humanos de América, que envió un comunicado al gobierno de Perú en el que advierten que el proyecto constituye una amenaza a la vida e integridad de estos pueblos, “ya que pueden propiciar el contacto, con todas las consecuencias que éste implica para su salud y pervivencia física y cultural”. Survival Internacional denuncia que ambas recomendaciones han sido ignoradas por el gobierno peruano, debido a que la expansión del proyecto Camisea sigue vigente.
La dimisión
Según la organización inglesa Forest Peoples Programme, el Viceministerio de Perú de la interculturalidad (VMI) publicaría en junio del 2013, un informe crítico sobre la expansión del proyecto de gas más grande de Perú y en el que se afirmaba “que dos de los pueblos indígenas aislados que viven en la región se podrían extinguir si se sigue el proyecto”. Este informe desapareció justo horas antes de que fuera publicado en internet y tanto el ministro como el viceministro de Cultura dimitieron posteriormente.
Los resultados del informen resultaban “contrarios” a los intereses empresariales. Entre los aspectos negativos de la expansión destacaba la presencia de más de 1.000 trabajadores en la reserva, vuelos en helicóptero, maquinaria ruidosa, la detonación de explosivos, y la limpieza de zonas considerables de la selva tropical para las líneas sísmicas, campamentos y helicópteros sobrevolando constantemente el lugar.
Por su parte, el Ministro de Energía, Javier Merino insiste en declaraciones oficiales que el Estado garantiza la no afectación de los derechos de las poblaciones indígenas que habitan en la Reserva Nahua-Nanti, y que se ha prohibido el otorgamiento de nuevos derechos que impliquen el aprovechamiento de los recursos naturales.
“Puedo certificar que el Consorcio Camisea está realizando sus actividades exploratorias y productivas en el Lote 88 en virtud de los derechos otorgados por el Estado peruano y solamente enmarcados dentro del límite de esa zona. No se ha dado ningún lote adicional”.
Además resalta que el Ministerio de Energía y Minas “está abocado en proteger a las comunidades nativas e indígenas y en esa línea ha realizado talleres informativos sobre las actividades que se realizan en el Lote 88. El Estado exige que las empresas que invierten en el Perú cumplan con su compromiso de responsabilidad social y ambiental”.
