¿Proyecto de Ley que limita la Libertad de Expresión?

En tiempos de tensión en los que el pueblo puertorriqueño se manifiesta en desacuerdo con las decisiones por parte del Gobierno, el Senado intenta penalizar el uso de Internet como medio de expresión en contra del Estado o los ciudadanos. La “Ley de Delitos Electrónicos por Internet”, presentada el pasado miércoles 28 de octubre, establece que “toda persona que atente contra la moral de otra persona con difamaciones, injurias, escritos o imágenes, fotomontajes por vía electrónica o a través de la red Internet, incurrirá en delito grave de cuarto grado, y será sancionado con pena de reclusión que no excederá seis (6) meses o multa que no excederá de 5,000 dólares o ambas penas”. La medida, radicada por el Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; Héctor Martínez, Carmelo Ríos y Norma Burgos, indica que toda persona que a través de medios electrónicos, obtenga o divulgue información considerada por el Gobierno como “confidencial y privilegiada” y cuya divulgación no haya sido autorizada por motivos de seguridad, orden público, entre otras cosas, también será sancionado pues se entenderá que tal acceso fraudulento o ilegal, será utilizado de manera mal intencionada. Entre otras de las restricciones penalizadas, se menciona: el atentar en contra de la moral de una persona con difamaciones, injurias, escritos o imágenes y fotomontajes a través de Internet y el publicar escritos o imágenes reales que hayan sido obtenidos ilegalmente o sin la autorización de la parte involucrada. La penalidad será mayor para casos en que se utilice la vía electrónica para robos, venta de mercancía robada, secuestros, violaciones, asesinatos u homicidios. El Proyecto de Ley será evaluado por la Comisión de lo Jurídico Penal. De aprobarse dicha propuesta, ¿dónde quedará plasmado el Derecho Constitucional a la Libertad de Expresión? Según aseguró el Presidente del Colegio de Abogados, Arturo Hernández, a un rotativo del País, esta propuesta podría estar en contra de este Derecho que está garantizado en la Constitución de Puerto Rico. Además, mostró cierta inquietud por la aparente intolerancia del Gobierno ante la voz del Pueblo.

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