Contrario a la tendencia internacional de impulsar una mayor regulación y una fiscalización más eficiente del sector privado para estabilizar y estimular la economía, en Puerto Rico los vientos parecen soplar en otra dirección. Mientras los proyectos del presidente estadounidense Barack Obama, de la Unión Europea y de países como Brasil, Argentina, India y China se inclinan hacia una serie de prioridades sociales, en la Isla el foco de las propuestas de reformas y alivios fiscales ha recaído en el capital privado. La lectura de los expertos del plan de estímulo económico criollo lo sitúa en el marco de una ideología neoliberal, filosofía que provocó la debacle fiscal mundial más grande en los últimos 50 años. “Puerto Rico está perdido en el espacio en términos de la tendencia mundial”, opinó Ángel Collado Schwarz, quien recientemente publicó el libro Soberanías exitosas en el que propone modelos económicos para la Isla. Con él coincidió el economista Argeo Quiñones quien planteó que el proyecto del gobernador Luis Fortuño puede considerarse como un plan de ajuste estructural similar a los que se aplicaron en América Latina en las décadas de los 80 y los 90, promovidos por el Fondo Monetario Internacional. Estos proyectos básicamente se trataron de una liberalización de los mercados tanto por las exportaciones como las importaciones; una reducción del papel del estado en la economía por medio de la privatización y la desreglamentación; una postura diametralmente opuesta a la actual tendencia norteamericana y mundial. “Eso probó ser desastroso en Latinoamérica”, advirtió el doctor Quiñones. “Aquí están abocados a hacer reventar esa contradicción porque mientras Obama está tratando de atender esas necesidades sociales que fueron exitosas durante la época de Clinton y que se perdieron en el siguiente gobierno de Bush -algo que es parte de la crisis actual- aquí vamos en otra dirección”, expuso el historiador Francisco Moscoso. Asimismo observó que mientras en Estados Unidos se habla de generar empleos, localmente se habla de recortes. Evidentemente, las filosofías políticas bajo las cuales se fundamentan ambos planes son la base de su contradicción. Obama, demócrata de izquierda y Fortuño republicano de derecha. Sin embargo, el comisionado residente en Washington Pedro Pierluisi, quien se posiciona bajo las posturas demócratas del presidente Obama, no considera que exista tal divergencia ideológica y adjudica las diferencias en las posturas al hecho de que la crisis fiscal local y la situación de Estados Unidos no tienen la misma raíz. “Lo que parece un desfase no es más que una realidad. El gobierno de Puerto Rico creció enormemente, sin tener los recursos para poder pagar por ese crecimiento y el Gobernador no tiene alternativas, tiene unas casas acreditadoras que lo tienen bajo acecho y le han dicho que si no toma esas medidas que ha estado anunciando se degradaría nuestro crédito al punto de que no pudiéramos pedir prestado más y no se podría hacer obra permanente. Ése es el contexto, no es más bien una cosa de republicanos versus demócratas”, afirmó Pierluisi en entrevista con Diálogo.
El objetivo del llamado Plan Fortuño está claro. Su proyecto de gobierno, convertido en la Ley 7 del 9 de marzo de 2009, está dirigido a la reducción del gasto público en $2,000 millones anuales. La estrategia tiene como base: la Ley Especial Sobre Emergencia Fiscal de Puerto Rico (LESEF), la ley para implantar la Ley de Estímulo Económico Federal y acelerar el flujo de $5,000 millones en ayudas, la Ley de Programa de Estímulo Económico Criollo (PEC) y la Ley de Alianzas Público Privadas (APP) que, al cierre de esta edición, aun continúa bajo revisión en el Senado. Estos ajustes buscan la reducción de $2,000 mil millones en gastos anuales y $1,000 millones en recaudos adicionales para cuadrar el déficit reduciendo en un 19 por ciento el gasto público, en un 36 por ciento la nómina del gobierno central y en un 21 por ciento el presupuesto para este año fiscal. Quedan exentas de esta ley las ramas Legislativa y Judicial, corporaciones públicas o público privadas, la Universidad de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental y la Comisión Estatal de Elecciones.
Las tres fases en las que se divide el Plan Fortuño (procesos a través de los cuales se implantarían las leyes) han encontrado la feroz defensa de sus gestores y la firme oposición de los principales economistas del País y del sector sindical, entre otros. Estos señalamientos parten del proceso de creación del plan gestado por recomendaciones del Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF).
El CAREF lo compone un grupo de banqueros, abogados, contadores pú-blicos autorizados y personas de la industria de alimentos. Y, si bien es cierto que han tenido reuniones con movimientos comu-nitarios, con los sindicatos y con economistas de la academia, no es menos cierto que a juicio de estas organizaciones ninguna de sus propuestas ha encontrado eco en el comité asesor. El cuestionamiento en torno a la legitimidad de ese organismo se fundamenta en el planteamiento que el Premio Nobel de Economía Paul Krugman elaboró en un artículo publicado en el Harvard Business Review de 1996 “A Country is not a Company”, en el que hacía hincapié en que el manejo de la economía de una nación es muy distinto al manejo de una empresa. Lo que es bueno para uno puede no serlo para el otro. A juicio del doctor Quiñones, se puso en manos del sector empresarial todo el diseño de la estrategia a través del CAREF, contrario a lo ocurrido en Estados Unidos donde el consejo asesor tiene representación empresarial, académica y comunitaria. Además, considera que las alternativas contempladas podrían contradecir los propósitos de recuperación fiscal. “Se está planteando que la raíz del problema está en el gobierno y para eso van a reducir el gasto público. Pero esas reducciones son suficientes para causar una contracción severa en la economía de Puerto Rico. De hecho, esta recesión que comienza su cuarto año en parte se debe a la contracción del gasto público y lo estarían reduciendo aun más. Eso está contraindicado en un momento de recesión”, explicó Quiñones quien destacó además que el retiro de la corriente de gastos de $3,000 mil millones de cantazo para cuadrar el presupuesto es otra decisión errónea y contraindicada en un momento de recesión y crisis fiscal. Se enfrenta la necesidad de cuadrar la chequera versus la solución profunda del conflicto.
Del mismo modo, Quiñones rechazó el discurso que ha imperado en las esferas oficiales en torno al gigantismo gubernamental como una de las raíces del problema económico del País. De hecho, un estudio en torno al Plan Fortuño realizado por el economista Lerroy López Morales, con el que las fuentes consultadas han coincidido, sitúa a Puerto Rico en el número 26 en cuanto al tamaño de su gobierno en comparación con los 50 estados de Estados Unidos, es decir en el justo medio. “Eso es un discurso muy antiguo del sector privado”, denunció Quiñones. “Si proyectas el empleo público en proporción con la población pues estamos más o menos como otras jurisdicciones. Ahora la proporción del empleo privado es muy baja, es lo que yo llamo el enanismo del sector privado”, aseveró el profesor de Economía de la UPR quien cifra el conflicto en los subsidios que se otorgan. “Otorgamos la exención contributiva a cambio de nada”, añadió con relación a las exigencias que no se le hacen a la empresa privada en términos de objetivos económicos claramente definidos, creación de empleos, compra de productos del país, ayudas a las comunidades y educación de la fuerza laboral, entre otras. De hecho, actualmente en Puerto Rico existen 70 leyes de exención contributiva. El experto explicó también que esta ideología económica, que se fundamenta en la idea de que si bajas las contribuciones se estimula la actividad económica, es precisamente la raíz de la gran crisis financiera mundial. “Ese pensamiento desprestigiado mundialmente encuentra aceptación en Puerto Rico”, lamentó.
Además de la primera cláusula de la Fase 1 del Plan Fortuño referente a las renuncias voluntarias incentivadas, que afectaría alrededor de 30 mil empleados públicos (según los expertos esto redundaría en sobre 80 mil empleos perdidos directa e indirectamente), hay otros elementos del proyecto que preocupan a más de un sector. En primer lugar, ¿podrá el sector privado absorber esa cantidad de empleados? ¿Qué pasará con los convenios colectivos y las relaciones obrero patronales si no podrán negociarse en dos años? ¿Son las alianzas público privadas otro eufemismo para la privatización del país? ¿Qué otras opciones pudieron haberse contemplado? Vayamos por partes. La legislación en torno a la Alianza Público Privada se refiere a la relación contractual entre el sector público y privado para el desarrollo de infraestructura y prestación de servicios que, tradicionalmente, han estado en manos del Estado. Dentro del Plan Fortuño estos acuerdos se proyectan como una alternativa infalible, sin embargo desde otros sectores se vislumbran como los llamó Quiñones, “la entrega total” del país a la empresa privada. “Si uno mira la cantidad de leyes de las que están exentas y el hecho de que cualifican para todas las exenciones contributivas queda claro cuál es la visión”, dijo Quiñones. Con él, coincide la ex contralora de Puerto Rico, Ileana Colón Carlo, quien advirtió sobre el precedente que existe en torno a este tipo de acuerdos. En la mayoría de los casos se trata de esquemas de malversación de fondos y acuerdos en los que toda la ganancia va al sector privado y las pérdidas al sector público.
Colón Carlo señaló que el esquema más usual para el que este tipo de contratos se prestó en el pasado, está resumido en algunos de los informes realizados por la Comisión Independiente de Ciudadanos para Evaluar Transacciones Gubernamentales (el famoso Blue Ribbon, del cual ella formó parte). Explicó que el esquema para los desvíos ilegales de fondos funcionó básicamente con cinco elementos comunes: una agencia gubernamental decidía privatizar y se transferían importantes proyectos gubernamentales a la entidad privada sin antes efectuar un estudio de viabilidad. Luego se creaba una autoridad con una junta de directores entre los que estaban el presidente del Banco Gubernamental de Fomento, el Titular de Hacienda, y tres personas más designadas -respectivamente- por el Gobernador, el Senado y la Cámara, cuyos consultores obtenían información privilegiada del proyecto para luego convertirse en empleados dueños. El proceso de la transferencia del proyecto de la agencia gubernamental a la entidad privada y la posterior operación del proyecto así transferido se llevaba a acabo sin la debida fiscalización de los fondos públicos. La ex Contralora reveló que la tendencia era que la entidad privada a la que se transfería el proyecto era de reciente creación y con un capital suscrito (aún no pagado) de por ejemplo 1,000 dólares. Con ese tipo de cifras se manejaban presupuestos de sobre $6 millones. Este esquema fue operado en la administración de hospitales en los 80, época en la que, según recuerda Colón Carlo, todos los operarios de hospitales terminaron millonarios y nuestro sistema de salud más empobrecido que nunca. “El gobierno por su propia formación es de todos y de nadie, y obviamente tu quieres proteger el interés de todos aunque no sea el interés propietario de nadie, el problema está en la fiscalización”, recalcó Colón Carlo quien por otro lado observó como un caso de buen funcionamiento de este tipo de alianzas el contrato de construcción del puente Teodoro Moscoso. Un proyecto que considera eficiente aunque del mismo modo, las pérdidas recaerían en el Gobierno de Puerto Rico y no en la empresa que lo administra. Colón Carlo opinó que el gran problema del gobierno es que carece de una supervisión y fiscalización efectiva de sus empleados y los acuerdos contractuales que establece con el sector privado. “La deficiencia es tanto cuando se administra a sí mismo como cuando tiene que supervisar la administración de otro. No tiene los mecanismos para hacer valer que se cumplan las condiciones de esos contratos”, recalcó Colón Carlo quien se une al coro de voces que rechazan la constitución del CAREF, por considerar que tiene una sola visión. La preocupación de Colón Carlo y Quiñones en torno a este tipo de alianzas también la comparten representantes del sector sindical. “Esta legislación está provocando desaparecer el sector público”, manifestó a Diálogo Annette González, presidenta del sindicato Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR), aludiendo al servicio que los empleados públicos le brindan a la ciudadanía y que de acuerdo con ella la Constitución le garantiza a la sociedad. “Nos preocupa porque ¿en qué medida ese sector privado puede dar un servicio social si está velando por su propio beneficio?”, cuestionó la portavoz de la entidad que se ha mantenido en comunicación con otras uniones obreras con las cuales comparte inquietudes y planes de acción. De otro lado, el gran temor de los empleados públicos y que, según el análisis de los expertos es una posibilidad real, es que Puerto Rico retroceda a los años 40 o incluso a los años 30 en términos de derechos laborales. Ya que al eliminar de modo temporero los beneficios obtenidos por convenios colectivos, las relaciones obrero patronales podrían establecerse como funcionaban antes de la Ley 45 (La Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público o Ley de Sindicación). “Imagínate que luego de tener la experiencia de estar sindicalizado te enfrentes con que tienes un jefe que tiene todo el control para, por ejemplo, tomar represalias contra los compañeros que han sido fuertes en los sindicatos”, expresó preocupada la presidenta de SPUPR. “Habrá manifestaciones. Saldremos a la calle”, aseguró.
Según el nuevo gobierno, las alternativas que han asumido eran la única alternativa. Desde el punto de vista de un nutrido grupo de economistas y desde los sectores que fueron excluidos de la constitución del CAREF hubo alternativas que no se tomaron en cuenta. Estas propuestas fueron presentadas al comité en una reunión celebrada el 22 de diciembre de 2008. “Es paradójico que tengamos una deuda contributiva por cobrar de $3,800 millones que es superior al déficit de este año que es de $3,200 millones. Hay que salir a cobrar”, urgió Quiñones. Básicamente estas alternativas para evitar medidas como el despido de empleados públicos y otros aspectos de la debatida Ley 7 se basan en opciones como: atender los problemas de evasión contributiva y de economía informal legal, así como controlar la sobrefacturación sistemática en las compras del gobierno que –en el último estudio realizado al respecto en los 90– provoca que se pierdan alrededor de $300 millones anuales. Se sugirió además, mejorar los controles administrativos y agilizar los procesos de pagos a los suplidores para que sea el Gobierno quien siente la pauta de los precios y no al revés como sucede. Del mismo modo, se recomendó determinar cuánto se paga en multas por incumplimiento o por demandas por discrimen político ya que esa significativa cifra ha pasado a insertarse a los gastos recurrentes cuando podría reducirse el habitual 10 por ciento de margen de pérdidas del presupuesto que representa un desperdicio de $2,630 millones del presupuesto consolidado total. También, se enfatizó en la necesidad de reevaluar las leyes de exenciones contributivas. Éstas son apenas algunas de las opciones que, si bien requerirían cambios estructurales de fondo, habrían evitado el trago de la famosa “medicina amarga” que ha recibido el país. “Esto es una combinación de mala administración y falta de fiscalización en el uso de fondos públicos”, analizó Quiñones. “Si uno suma lo más que hay aquí es dinero, sin aumentar las contribuciones ni botar a nadie”, puntualizó.
Por otro lado, según el economista Ángel Collado Shwarz, el problema fiscal del País no acabará de resolverse hasta que el estatus quede dilucidado, pues el aspecto político es una gran limitación para poner a correr cualquier proyecto. “Mientras eso no se resuelva estamos trabajando con soluciones a corto plazo. Esto es un paciente que tiene cáncer y le estamos dando una aspirina”, manifestó Collado Schwarz quien considera que todos los problemas del País están atados a esta variable. Desde la economía, la salud, la medicación de la droga, las relaciones internacionales, los problemas de salud mental, entre otros. “Yo no puedo ver cómo podemos desarrollar un modelo económico que pueda competir con los otros países bajo el esquema que tenemos actualmente. He escrito sobre el caso de Irlanda, sobre como ese país nos come los dulces, cómo cada farmacéutica que hay en Puerto Rico tiene una patente y por eso está aquí, y cuando la patente expira se van de Puerto Rico”, explicó quien le apuesta a un proyecto más complejo que los ajustes a la economía. “Necesitamos un proyecto de país, el que sea pero éste no funciona”, concluyó.
Si han sido duros los ataques al Plan Fortuño, feroz ha sido la defensa. A juicio de la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, María Sánchez Brás las decisiones tomadas no sólo son las acertadas sino que son las únicas opciones. Sánchez Brás expresó a Diálogo su desacuerdo ante los señalamientos de los sindicatos y los economistas en torno a la denuncia de exclusión. La titular, aseguró que “hubo diálogo y eso me consta”. Asimismo, criticó que se asumiese que fue el CAREF quien decidió cómo se harían las cosas. “Fortuño designó a un equipo compuesto por esta servidora, por el Secretario del Trabajo, el Secretario de Hacienda, el de Desarrollo Económico y de Fomento. Nosotros tomamos las decisiones de lo que necesita el país, basados en las recomendaciones del CAREF”, aseguró. Igualmente, Sánchez Brás rechazó el planteamiento de que la empresa privada no podrá acoger a los empleados cesanteados. Aseguró que el sector privado no sólo está preparado para emplear a esa cantidad de personas sino que se está ofreciendo con entusiasmo; aunque no precisó ejemplos concretos más allá de su percepción del ambiente en la calle. “Personas del sector privado se han acercado a mí preguntándome cómo pueden participar del proyecto cuando se enteran de que se les pagaría la mitad del sueldo de un empleado”, narró. Del mismo modo, recalcó que si el 70 por ciento del gasto del gobierno es en nómina, las reducciones tenían que venir de ahí irremediablemente. También, destacó que los incentivos que se les ofrecen a los empleados son, a su juicio, algo nunca antes visto en términos de ayudas para la transición al sector privado. “Si los líderes sindicales y los asesores siguen poniendo trabas y poniendo en los tablones de edicto que no firmen nada, desgraciadamente estarán mal instruyendo a ese empleado. Después tendremos que ir a la segunda fase que no es voluntaria y tampoco tendrán el billón de dólares en incentivos que ofrecemos para que los empleados se acojan”, advirtió. En cuanto al delicado tema de los convenios colectivos congelados, la directora de OGP recordó que la Ley 45 establece claramente que sin fondos en la agencia no puede haber renegociación de convenios, sobre todo en los que tienen cláusulas económicas. Asimismo insistió en que estas medidas aplican a todos los empleados por igual, pertenezcan o no a un sindicato. Diálogo Abril 2009
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