Puerto Rico ha enfrentado al menos un evento extremo durante cada uno de los últimos ocho años. Huracanes, sequías e inundaciones han causado estragos multimillonarios a través de toda la isla, y el 92% de los municipios costeros han registrado pérdida de playas.
Los gobiernos de Puerto Rico sabían la seria amenaza que enfrentaba la isla. Tanto así que bajo los dos partidos que han gobernado desde 2005 hasta hoy se presentaron 62 medidas desde el Legislativo o el Ejecutivo para atajar el problema de los esperados impactos del cambio climático en la isla. Ninguna se ha traducido en acción, evidencia una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Mientras tanto, los eventos extremos habrán costado más de $144,000 millones en los pasados 20 años —una cantidad similar a la deuda pública de Puerto Rico si se incluyen las pensiones— según los datos provistos por Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres (Aemead).
La medida más reciente para “atender las preocupaciones relacionadas con el cambio climático”, el Proyecto del Senado 773, fue presentada en diciembre por Lawrence Seilhamer, un senador que avaló derogar la única ley que ha logrado aprobarse sobre el tema, la Ley 246 de 2008. Este estatuto, firmado por el gobernador popular Aníbal Acevedo Vilá, ordenaba crear un ente independiente llamado Comité de Expertos de Cambio Climático que hiciera un Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático para Puerto Rico, pero fue eliminado dos años más tarde con el voto unánime de los senadores de ambos partidos sin que sus disposiciones fueran puestas en vigor.
Ahora Seilhamer propone un nuevo proyecto de ley que en buena medida tiene los mismos elementos que estaban en la ley que se eliminó hace casi una década. Según varios expertos consultados, la propuesta no atiende asuntos cruciales relacionados al cambio climático que han afectado a Puerto Rico durante el transcurso de esos diez años como la erosión costera y falla en lo más vital: el plan de adaptación para reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos que ya son una realidad en la isla.
También propone medidas que resultan improbables en cuanto al desarrollo de energía renovable en la isla, basado en la experiencia histórica de incumplimiento en el renglón. La meta existente es de 12% para el 2019, y al presente solo se genera un 2%. El legislador propone que la meta se aumente a 33% para el 2035.
Seilhamer justificó la contradicción de su historial con la legislación señalando que con el paso del tiempo se ha educado sobre el cambio climático y ha visto su impacto concreto.
“Yo no pensaba en el 2009 como pienso hoy. Hay unas señales que nos están enviando que no podemos obviar”, dijo en entrevista.
“[N]o tengo ningún tipo de problema en decir que el asunto del cambio climático es uno del que me he educado. Porque la naturaleza está enviando unas señales claras y contundentes, y rayaría en la negligencia si no se atiende”, agregó.
Sin embargo, confesó que no hay sentido de urgencia en atender este asunto entre los legisladores.
Tampoco parece haber sentido de urgencia en el gobernador Ricardo Rosselló Nevares quien ha dedicado pocas oraciones al tema del cambio climático desde el huracán María. En síntesis, ha sostenido que apoyará las medidas que desarrollen los legisladores en el Capitolio.
“Yo soy el autor del proyecto pero reconozco la labor del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico, del senador Cirilo Tirado Rivera, que ha presentado proyectos pero que no ha tenido el apoyo ni de su administración ni de la mía. Así que ante ese escenario me parece que este Senado, esta Cámara de Representantes y este gobierno tendrán la responsabilidad de darle la cara al pueblo, porque te puedo asegurar que esto se pondrá peor, que habrá más frecuencia de fenómenos atmosféricos que también serán más potentes, y tenemos que prepararnos”, reconoció el legislador.
Antes de la entrada de Rosselló Nevares a La Fortaleza, el gobernador popular Alejandro García Padilla también ordenó a sus agencias ambientales y de infraestructura a redactar planes de adaptación mediante la orden ejecutiva OE-2013-16. Pero su administración tampoco cumplió con la elaboración de estos planes, constató el CPI. Solo tres de 15 agencias concernidas entregaron su plan.
Mientras tanto, los especialistas del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico (CCCPR), una organización independiente que agrupa a 150 científicos para estudiar los riesgos e impacto del cambio climático en la isla y proponer política pública, han estimado que hay 500,000 personas que viven en áreas de inundación por desborde de ríos y quebradas y 100,000 son vulnerables a inundaciones por marejadas ciclónicas, explicó el coordinador del CCCPR y director del Programa de Manejo de la Zona Costanera del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Ernesto Díaz.
La Junta de Planificación (JP), junto a FEMA, estimó en la revisión del mapa de zonas inundables hecha en los pasados meses que 252,748 estructuras enfrentan ese peligro en la isla.
Los efectos del cambio climático en Puerto Rico han quedado plasmados en múltiples estudios realizados por científicos locales, quienes afirman que estos documentos –cruciales para la preparación de un plan de adaptación– son ignorados por todas las administraciones. Tales efectos han impactado la industria turística con la pérdida de playa y propiedades en lugares como Rincón e Isabela. El turismo es uno de los sectores en los que el gobierno tiene cifradas sus esperanzas para el despunte de la economía, en recesión hace más de una década. Para el 2016, el turismo representó un 8% –$8,400 millones de los $105,000 millones– del producto doméstico bruto del país, según la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico.
En medio de todo, queda el temor de la gente de comunidades ricas y pobres por igual, que ven cómo pierden sus propiedades por el embate de un mar cada día más cercano o por deslizamientos e inundaciones repentinas más frecuentes.
La cifra de $141,400 millones en costos proyectados por los huracanes Irma y María es solo un acercamiento al impacto real de estos fenómenos en la economía y vida social del país. De hecho, María se proyecta como el tercer huracán más costoso en la historia de Estados Unidos.
Para tener una idea de cómo se magnifica el costo con el aumento en la severidad de los fenómenos, por Irma y María ya han desembolsado $1,700 millones, o 63% de los $2,700 millones que desembolsaron por todos los eventos extremos ocurridos en Puerto Rico desde 1998 a 2011, incluyendo el huracán Georges.
Aún viendo estas cifras, a siete meses del huracán María, la elaboración de un plan para atender los efectos del cambio climático todavía no ha sido prioridad en Puerto Rico.
Los efectos de María todavía son claramente palpables a través de todo Puerto Rico, en sectores que aún no cuentan con servicio de electricidad o tienen servicio intermitente, muchas vías sin semáforos funcionales, y en una gran cantidad de negocios que no han podido reabrir sus puertas.
A juicio de Díaz, quien es científico marino con especialidad en recursos marinos y costeros, en menos de cinco años la isla sufrió los daños ocasionados por el peor huracán –María– y la peor sequía de su historia moderna, ya que investigadores de la Universidad de Cornell establecieron que la experimentada entre 2014-2016 fue la más severa registrada en 66 años en el Caribe. En su punto más crítico, sobre 2.8 millones de personas se vieron afectadas por racionamientos de tres y cuatro días seguidos en el servicio de agua potable. A dos años del evento, la JP no tiene listo el estudio que cuantificaría su impacto económico.
En contraste, antes de la sequía, —entre 2010 y 2013— Puerto Rico registró récords mensuales y anuales de lluvia, muchas de las que terminaron en inundaciones.
Si bien estos eventos extremos son los más recientes, no son los únicos. Por los últimos 30 años, Puerto Rico ha enfrentado los huracanes Irene, Georges, Hortensia y Hugo, así como otra sequía en 1994-1995, con daños ascendentes a $300 millones. En ese mismo periodo también hubo inundaciones; se perdió costa por la erosión –en parte por el aumento en el nivel del mar, pero agravado por la construcción cerca de las playas–; los arrecifes se deterioraron, incluyendo el blanqueamiento de corales en la década del 1990; y se vio una merma en la pesca, la llegada del sargazo y la aparición de otros indicadores asociados al cambio climático, como el aumento de mosquitos, que son vectores de enfermedades epidémicas como el dengue y la chikungunya.
No se conocen estudios económicos que ofrezcan un panorama de lo que representa el cambio climático para Puerto Rico. Pero, el Informe del Estado del Clima publicado por el CCCPR en el 2013, aunque no ofrece cifras concretas, establece los posibles efectos para el turismo y las industrias de acuerdo con los distintos factores, que incluyen desde las inundaciones, cambios en las temperaturas, aumento del nivel del mar, entre otros.
Los derrumbes y el desgaste de edificios, casas y carreteras en Rincón, Isabela, Aguadilla, Loíza, Humacao, Barceloneta, así como la pérdida del islote Palominito y de las playas de Dorado, Vega Baja, Condado y Ocean Park, se refleja en fotos y vídeos de los científicos y de la ciudadanía que recorren las redes sociales.
En evidencia la dejadez legislativa
Un análisis del CPI concluyó que entre el 2005 y el 2018 se presentaron 45 proyectos de ley y resoluciones relacionadas al cambio climático, sin que ninguna medida terminara en un plan de adaptación para la isla. En esos 13 años también se emitieron 17 órdenes ejecutivas, sin que tampoco se lograra una acción concreta.
Durante ese periodo solo logró aprobarse un estatuto: la Ley sobre política pública de mitigación del calentamiento global (Ley 246 del 2008). Aparte de crear una Junta de Calentamiento Global adscrita a la rama ejecutiva, la medida se enfocó más en la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero que en estrategias de mitigación o adaptación al cambio climático.
Dicha legislación, empero, se derogó dos años después, con la aprobación de la Ley de política pública de diversificación energética por medio de la energía renovable sostenible y alterna (Ley 82 del 2010), un proyecto que surgió de La Fortaleza, entonces habitada por Luis Fortuño Burset.
La derogación es importante por dos razones. En primer lugar, porque la Ley 82 disponía que entre el 2015 y el 2019 la generación de energía de fuentes renovables debía llegar a 12%. En el 2016 apenas se llegó al 2%, o lo que es lo mismo: se incumplió el mandato de ley.
En segundo lugar, porque aún siendo un proyecto de la administración penepé, la Ley 82 tuvo el aval de todos los senadores –tanto los del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático– y de todos los representantes novoprogresistas. Esto incluye al representante José Aponte Hernández y al senador Lawrence Seilhamer. El primero fue coautor de la Ley 246 –o sea, derogó la ley que él impulsó dos años antes–. Mientras, Seilhamer es autor del proyecto del Senado 773, presentado en diciembre de 2017 y actualmente en vistas públicas.
El PS 773 –que, de aprobarse, sería la Ley de mitigación y adaptación al cambio climático– pretende, en parte, concretar lo que Seilhamer y los demás senadores y representantes derogaron hace ocho años: inventariar y reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. La meta, de acuerdo con la medida, es que para el 2035 las emisiones se reduzcan en un 40% del total de las emitidas en el 1990. Solo en dióxido de carbono Puerto Rico lanzó al aire 38 millones de toneladas en ese año.
El proyecto de ley también copia de la eliminada Ley 246 del 2008 la propuesta de crear un ente que elaboraría el Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Puerto Rico y se llamaría Comité de Expertos en Cambio Climático, con “total autonomía e independencia jurídica”.
Igualmente, el PS 773 repite la meta incumplida de la Ley 82 de política pública de diversificación energética del 2010: generar, entre el 2015 y el 2019, un 12% de la energía vía fuentes renovables. Además, pretende que esa cifra aumente a 20% entre el 2020 y el 2027, y que para el 2035, se llegue a 33%.
Dicho de otro modo –y asumiendo que el PS 773 se aprobará para junio de este año, como espera Seilhamer– en lo que resta del 2018 se tendría que aumentar en un 500% la generación de energía renovable en la isla para alcanzar ese 12%.
Mientras tanto, el gobierno está enfocado en el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y a siete meses de María, había sobre 50,000 puertorriqueños sin luz y buena parte de la población sufre apagones constantes.
Seilhamer dijo que tiene la expectativa de que a mediados de mayo la medida se apruebe en el Senado, de forma tal que la Cámara de Representantes tenga poco más de un mes para discutir el proyecto y aprobarlo antes de que culmine la actual sesión ordinaria. Asimismo, señaló que ha hablado en privado con el gobernador y que este le garantizó que la partida de $1 millón que dispone la medida para implementarse estará disponible.
Si bien Seilhamer mencionó que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha manifestado su apoyo a la medida y ha instruido a los demás miembros de su delegación que deben atenderla, poco después reconoció, en la misma entrevista, que “aún dentro de mis compañeros y compañeras no existe quizás la preocupación, la necesidad, de atender este asunto”.
Ausente la adaptación en el proyecto de cambio climático
Aunque el PS 773 ha sido acogido como el más reciente “primer paso” de los muchos que se han dado en la última década para atender los efectos del cambio climático en Puerto Rico, la medida falla en lo más vital: la adaptación.
Un examen del texto propuesto y de las comparecencias de expertos que depusieron en vistas públicas revela que el PS 773 no profundiza en aspectos de adaptación al cambio climático, como lo serían, por ejemplo, la revisión de los instrumentos de planificación y de los códigos de construcción para construir viviendas fuera de zonas vulnerables y resistentes a eventos extremos, uno de los problemas grandes que tiene la isla.
Más bien, se enfoca en aspectos que muchos proyectos de ley han reciclado antes, sin éxito: el crédito contributivo por instalar un equipo de energía renovable, lanzar metas de reducción de gases con efectos de invernadero y de transición energética de combustibles fósiles a renovables.
Es, en cierto modo, una apuesta a que todavía se puede reducir la amenaza del cambio climático si dejáramos de emitir gases al aire, en lugar de reconocer que el aumento en el nivel del mar, la erosión costera, las inundaciones y sequías y el paso por la isla de dos huracanes catastróficos son manifestaciones claras de que el cambio climático ya es nuestra realidad, impulsada por el alto consumo en combustibles fósiles a nivel mundial.
Aparte de la falla en adelantar estrategias de adaptación al cambio climático, el PS 773 contiene otros deslices. El más evidente es el hecho de que dejó fuera del propuesto Comité de Expertos sobre Cambio Climático a un representante del DRNA y otro del Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico, probablemente los entes con mayor injerencia en el tema.
El proyecto de ley tampoco contempla medidas para atender los problemas de erosión e inundación costera.
“Hay que mirar el problema de erosión costera y la ejecución de estrategias de mitigación y adaptación como una alternativa para reducir la vulnerabilidad de otras manifestaciones del cambio climático como lo son las marejadas, inundaciones y aumento del nivel del mar. La playa es la barrera natural, es la infraestructura natural vital del país que nos permitirá enfrentar parte de estos problemas”, planteó la geóloga Maritza Barreto Orta.
Esa mirada, empero, está ausente en el PS 773. Para Barreto Orta, es inaudito que la erosión costera no se haya incluido como riesgo potencial en el Plan estatal de mitigación de riesgos de peligros naturales de Puerto Rico de 2016 comisionado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, FEMA y Aemead a la firma JM Professional Planning Consultants.
“El identificar que la erosión costera no ha sido incluida dentro de las prioridades que atiende el instrumento de planificación de riesgos que ha usado el Gobierno de Puerto Rico para identificar la vulnerabilidad del territorio, sus propiedades, infraestructura y población es preocupante. Aún en la sección de cambio climático y calentamiento planetario de ese Plan estatal de mitigación de riesgos de peligros naturales de Puerto Rico, donde incluye los efectos sobre las manifestaciones del cambio climático como peligro para la población de Puerto Rico, no aparece el componente de erosión costera como parte del mismo”, indicó en su ponencia la profesora de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR.
Cuando el CPI le preguntó sobre esta importante omisión, Seilhamer dijo que el proyecto estará enmendándose para incluir entre las problemáticas del cambio climático el asunto de la erosión costera. Justificó la falta de políticas de adaptación diciendo que el comité de expertos que crearía quedaría a cargo del tema, incluyendo asuntos como la relocalización de comunidades en zonas inundables y la prohibición de construcción en zonas costeras.
Igualmente, resultan académicas disposiciones en el PS 773 que ordenan al Departamento de Hacienda a conceder un crédito contributivo por adquirir e instalar un equipo de energía renovable; o a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a que, para aprobar un permiso de construcción, se requiera que la vivienda tenga un calentador solar de agua; o a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) para que cuantifique y haga un inventario de las emisiones de gases. Ya existen leyes que obligan a estas agencias a realizar lo pretendido.
Falta de interés del gobierno
La falta de interés gubernamental en el tema se refleja en la ausencia de información que provee el ejecutivo. El gobernador Rosselló Nevares no contestó una solicitud de entrevista del CPI y ninguno de los funcionarios del ejecutivo entregó datos sobre los planes de adaptación o resiliencia para enfrentar el cambio climático.
Semanas después de que se le solicitara la entrevista y de pedir información a las agencias, el primer ejecutivo apenas incluyó dos escuetas oraciones en su Mensaje de Estado del 5 de marzo, donde indicó que apoyará la legislación que se apruebe, sin especificar ninguna y sin establecer medidas de parte del Ejecutivo.
“Es momento para trabajar en una visión holística del ambiente, y el impacto que el cambio climático tiene en Puerto Rico. Apoyaré las medidas que salgan de este recinto para atender esta problemática”, expresó el gobernador.
Cuatro días después, en una visita a Loíza —uno de los pueblos donde es más patente el cambio climático, en términos de erosión y aumento del nivel del mar— tras las fuertes marejadas por un frente frío, dijo que “aquí [en Loíza] estamos viendo los efectos del calentamiento global. Es [un asunto] que vamos a trabajar como gobierno”. Poco después agregó: “Hay un compromiso: uno a corto plazo de trabajar con los recursos que tenemos, pero uno a largo plazo y un tanto que se extiende más allá de Puerto Rico, que es el asunto del calentamiento global y el impacto que tiene en nuestra zona costera, y particularmente en esta zona de Loíza”.
El CPI hizo gestiones con la JP, la JCA, el DRNA y Aemead, vía telefónica, correo electrónico y mensajes de texto para conocer si a partir del huracán María se comenzó a elaborar algún plan de cambio climático de país. Solo respondió Aniel Bigio, oficial de prensa del DRNA y de la JCA, quien refirió las preguntas sobre el tema a Díaz, quien a su vez confirmó que no hay un plan.
Las únicas tres agencias que concluyeron sus planes durante la administración de Alejandro García Padilla fueron la Compañía de Turismo, el DRNA y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Sin embargo, se desconoce qué ha pasado con la implantación de las acciones que deben estructurarse, ya que ninguna de las tres agencias contestó esta pregunta al CPI.
Una realidad que no se ha tomado en serio
Los científicos en Puerto Rico concuerdan en que hay una falta de seriedad sobre el tema del cambio climático entre los responsables de gestar y ejecutar la política pública del país.
“Si bien hay un proyecto presentado [el PS 773], estamos desnudos ante el cambio climático porque no hay nada aprobado. Estoy llamando y escribiendo a diferentes personas vinculadas con quienes crean política pública para plantearles que estamos desprotegidos y que hay que moverse a generar proyectos dirigidos a la protección de la costa y de las comunidades a partir del escenario del cambio climático y de eventos extremos”, indicó Barreto Orta, quien ha realizado múltiples estudios sobre la erosión costera en Puerto Rico y la República Dominicana.
“Los huracanes van a seguir llegando, y van a ser más extremos, más grandes. Vamos a tener unas sequías más extensas. Las cosas que en realidad son importantes y para las que tenemos que adaptarnos y prepararnos, pues no veo que estemos haciendo nada. Legislación hay para todo en este país. Pero algo que aquí se hace mucho es que pasan una legislación para hacer tal cosa, pero no le asignan presupuesto. La Junta Interagencial para el Manejo de las Playas es un ejemplo que se cae de la mata. Y así por el estilo hacen mil cosas que es para oírse, para ellos decirse ‘pues mira, yo propuse esto”, agregó por su parte Ruperto Chaparro, director del programa Sea Grant.
“¿Por qué cree que esto pasa? Tenemos científicos de más, estudios que dan cuenta de los efectos del cambio climático en Puerto Rico y hemos vivido los eventos extremos. ¿Será que es una cuestión de ignorancia, de política, de intereses particulares que no quieren que estos temas se atiendan?”, inquirió el CPI.
“Yo creo que es que los políticos no entienden o no relacionan el impacto del cambio climático con la economía del pueblo. Si tú pierdes la arena en un pueblo como Rincón, estás matando la industria del turismo –los hoteles, los restaurantes, los condominios, los second homes–, todo eso que le genera al municipio contribuciones por la propiedad y por ventas. Ellos como que no relacionan la salud fiscal con la salud de la atracción natural que es la base del turismo”, criticó Chaparro.
A juicio de Félix Aponte González, especialista en temas de adaptación para cambio climático en ciudades isleñas, en Puerto Rico se han dado varios intentos para elaborar un plan o, como mínimo, una estrategia para atender los retos que presenta el fenómeno de manera más concertada, “pero no ha habido suficiente capacidad técnica ni presión pública suficiente para movernos en esa dirección”.
Para Aponte González, Puerto Rico ha avanzado mucho en los esfuerzos de investigación académica y colaboraciones entre universidades y agencias federales para reconocer mejor las vulnerabilidades.
Reconoció, no obstante, que “donde nos hemos quedado cortos es en presentar una respuesta coordinada y adecuada que nos permita ejecutar de forma correcta y asegurar que las acciones presentes van a poder atender las necesidades y retos que vemos en el futuro a nivel climático, social y económico”.
Afirmó que en otras partes del Caribe se ha avanzado en ese renglón, ya que entidades como la Organización de Estados Caribeños del Este, la Caribbean Community Regional Integration (CariCOM) y la Caribbean Community Climate Change Center (5C) han podido comenzar a hacer trabajos conjuntos de colaboración para lograr una mayor resiliencia.
En busca de un plan para adaptación y resiliencia ante el cambio climático
“Para mover comunidades en riesgo y estructuras, tenemos que tener en cuenta que a donde llegamos como país no fue en seis meses, fueron décadas. Aun con la premura de los cambios que debemos hacer, tiene que ser de forma gradual y toma generaciones. No podemos desplazar comunidades y dejarlos sin un lugar dónde vivir”, planteó Aponte González.
Pero, desde ahora y por los próximos diez a 15 años hay que desarrollar medidas de mitigación de corto plazo para atender a esas personas que ya enfrentan los problemas de las inundaciones y de la erosión costera, agregó. Además, hay que mover infraestructura gubernamental que actualmente ubica en áreas de riesgo.
Aun así, para Aponte González, el gobierno tiene que comenzar por desalentar –y en el mejor de los casos, prohibir– las construcciones en espacios de riesgo como la zona marítimo terrestre, las áreas propensas a deslizamientos, en los valles inundables y en las zonas muy remotas donde es más difícil llevar infraestructura básica.
Por su parte, Díaz declaró que hay que trabajar con tres realidades: la primera, es la infraestructura existente porque hay que determinar si se va a proteger y aseveró que hay casos en Rincón donde hay que retirar las estructuras del área. El segundo punto con el que se debe trabajar es la adaptación de la infraestructura para adecuarla verticalmente y que siga siendo funcional.
Apuntó que hay que desarrollar estrategias desde políticas públicas y códigos de construcción para ser proactivos y que la nueva inversión que se realice no haga vulnerable esas estructuras nuevas; que sean más resilientes.
“Se ha presentado legislación, se ha presentado evidencia, yo creo que hay bastante receptividad para atender estos temas, más ahora en Puerto Rico que en Estados Unidos. Desde el punto de vista estratégico, nadie nos tiene que decir que un huracán tiene una fuerza devastadora, porque lo hemos enfrentado en el pasado, pero acabamos de ver las consecuencias. Nuestra adaptación y nuestra reducción de vulnerabilidad ante el cambio climático tiene que considerar al menos las fuerzas de este huracán [María] que enfrentamos”, sostuvo Díaz.
Este reportaje es parte de la serie ISLAS A LA DERIVA, resultado del trabajo de una decena de periodistas caribeños liderados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de Puerto Rico. Las investigaciones fueron posibles en parte con el apoyo de Ford Foundation, Para la Naturaleza, Miranda Foundation, Fundación Ángel Ramos y Open Society Foundations.
