Funcionarios del Gobierno de Puerto Rico aseguran que la medida legislativa que intenta fusionar el Consejo de Educación Superior (CES) con el Consejo General de Educación (CGE) no favorecerá ni a los estudiantes de escuela elemental y secundaria, ni a los universitarios del País si no se toman en cuenta unos factores vitales para brindar una educación de calidad. Este proyecto de ley (Plan de Reorganización de 2010 Número 2 del Consejo de Educación Superior), sometido por la Rama Ejecutiva a mediados de febrero de este año y firmado recientemente por la mayoría parlamentaria de la Cámara Alta, busca ahorrar al Gobierno $2 millones anuales con la creación de una sola agencia a llamarse Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR). Según estipula un comunicado del Senado, el CEPR será el cuerpo rector colegiado creado al amparo de la Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva. Entre sus facultades, el nuevo Consejo podrá expedir licencias para establecer y operar instituciones educativas elementales, secundarias y universitarias, a la vez que podrá acreditar a las escuelas públicas. “El propósito de este Plan es buscar mantener una educación de calidad en todos los niveles (desde pre-pre, hasta la universidad). Este Plan reenfoca el dinero gubernamental hacia los estudiantes”, sostuvo en la radicación de la medida el senador Carmelo Ríos, presidente de la Comisión de Gobierno en el cuerpo legislativo. Sin embargo, este no es el pensar del director ejecutivo interino del Consejo de Educación Superior, profesor David Báez Dávila, quien afirmó que la posible fusión de los dos consejos de enseñanza de Puerto Rico “puede llevar al País a ofrecer una educación de pésima calidad”. Y es que según Báez Dávila, el Gobierno lo que intenta con este medida es “desreglamentar y dejar que las universidades creen programas académicos por la libre”. “Esta ley no protege el interés del público”, comentó. Por su parte, el Dr. Juan Bigio Ramos, presidente del Consejo General de Educación expresó que “esta propuesta de fusionar ambos Consejos es una idea excelente, porque en términos educativos el País necesita que haya coherencia e integración entre todos los niveles educativos, tanto públicos como privado y esta condición podría representar una oportunidad”. Según el Dr. Bigio Ramos, en la actualidad ambos Consejos trabajan con los mismos procesos y la diferencia entre ambos son los criterios de evaluación que se utilizan de acuerdo al nivel educativo que se vaya a evaluar y los indicadores que ambos cuerpos han establecido para cada proceso. “Entendemos que la fusión puede representar una oportunidad de contar con recursos humanos y fiscales para licenciar y acreditar las instituciones públicas y privadas entre los niveles de preescolar, elemental, secundario, post secundario no universitario, técnico, vocacional y de altas destrezas”, comentó el presidente del CGE. Sin embargo sostuvo que “si en esta fusión no se le proveen los recursos necesarios a la nueva estructura para atender estos procesos, o se releva uno de estos procesos (acreditación), se estaría desreglamentando la educación, abriendo el campo a la especulación comercial, lo que sería nefasto para el País y para la calidad educativa. Estamos esperanzados de que el cambio sea para mejorar”. El estudiantado se verá afectado con el proyecto El profesor Báez Dávila afirmó que la comunidad que más se verá afectada con este proyecto son los universitarios, pues cada día irá más en detrimento la calidad de los programas académicos de educación superior. La medida no exige que los profesores tengan un grado igual o superior al nivel de los cursos que imparten. Como señaló a un rotativo local el portavoz de la minoría en la Comisión senatorial de Gobierno, licenciado Alejandro García Padilla, “esto significa que una persona de bachillerato podría dar clases de doctorado”. A estas expresiones, Báez Dávila respondió que el reglamento del CES exige que los profesores deben enseñar a un nivel por debajo del grado que ellos tienen. “El Consejo estuvo activo cabildeando ante el Senado y hasta sometió una enmienda relacionada a ese tema, pero fue rechazada”, dijo el profesor. Bigio Ramos coincidió con el director ejecutivo interino del CES al asegurar que “si la fusión se da pro forma, sin asignarse los recursos presupuestarios, fiscales y humanos que se requieren y se elimina el criterio de acreditación (que es el que mide la calidad educativa) sería extremadamente perjudicial para los estudiantes y el País”. Sin embargo, también comentó, por otro lado, que si la medida protege y le ofrece los recursos necesarios al propuesto Consejo de Educación de Puerto Rico, para cumplir su deber ministerial de garantizar la calidad educativa en la Isla, por medio de los procesos de licenciamiento y acreditación, entonces la medida será muy positiva para los estudiantes. “Si las escuelas en Puerto Rico tanto públicas como privadas, cumplen cabalmente con los criterios establecidos en los procesos de licenciamiento y acreditación, la educación que reciben los estudiantes no solo estará validada, sino que será más fácil identificar las deficiencias para mejorarlas; redundando en una mayor calidad de vida para todos(as)”, abundó Bigio Ramos. Funciones de los consejos de enseñanza de la Isla: Consejo de Educación Superior Actualmente, el Consejo de Educación Superior cuenta con cuatro integrantes dentro de su Cuerpo Colegial (tres consejeros y una secretaria) cuando debe contar con nueve. A raíz de varios despidos y renuncias a causa de la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico (Ley Núm. 7 del año 2009) el equipo de trabajo de 69 empleados con el que contaba el CES se redujo a 32. “El CES perdió el 54 porciento de su personal. Ahora se tendrá que atender escuelas públicas, privadas, escuelas técnicas, vocacionales, universidades, entre otras, con poco personal. Esto va a redundar en una mínima calidad de educación”, añadió el Director ejecutivo interino de este Consejo. Una de las funciones del CES es otorgar licencias de autorización, renovación y enmiendas a las licencias. De acuerdo al portal de la agencia gubernamental, estas licencias son un permiso que el CES extiende a una institución para operar o continuar operando en Puerto Rico como un centro de educación superior, luego de determinar que cumple con los requisitos mínimos establecidos en los Capítulos IV y V del Reglamento para el Otorgamiento de Licencia a Instituciones de Educación Superior. La licencia de autorización se otorga por un periodo de cinco años; mientras que la licencia de renovación se asigna por un término de diez años. Toda solicitud de licencia, ya sea de autorización o de renovación, y toda solicitud de enmienda a una licencia deberá estar acompañada con un pago de $1,000 no reembolsable. Según Báez Dávila, esta agencia nunca ha implementado el proceso de acreditación; sólo de licenciamiento. Actualmente, 47 instituciones de educación superior y 117 unidades o centros académicos cuentan con la autorización del CES. Consejo General de Puerto Rico Por su parte, el Consejo General de Educación se compone de seis consejeros y un presidente nombrados por el Gobernador y confirmados por el Senado. Esta agencia emite licencias de autorización y de renovación para operar instituciones educativas privadas con una duración de hasta 4 años y acreditar las escuelas públicas del Departamento de Educación de Puerto Rico y a las privadas que voluntariamente lo soliciten, por periodos de hasta 5 años. El proceso de licenciamiento se le exige a las instituciones privadas únicamente y establece unos criterios mínimos para su operación. En cambio, el proceso de acreditación es obligatorio para las escuelas públicas del Departamento de Educación y las privadas que voluntariamente lo soliciten. El CGE cubre grados desde preescolar hasta post secundario no universitario, vocacional, técnico y de altas destrezas. Al día de hoy, hay 1,070 escuelas privadas licenciadas y 375 públicas y privadas acreditadas. “Es la acreditación lo que mide la calidad educativa”, comentó el Presidente del CGE. Ventajas de la medida legislativa De acuerdo con Báez Dávila, el único lado positivo que podría verle a la medida es el ahorro de $2 millones anuales que tendría el Gobierno, sin la necesidad de despedir a ningún empleado. “Yo no vislumbro despidos con esta fusión”, recalcó el profesor. Según el proyecto aprobado en el Senado de Puerto Rico, los(as) empleados(as) actuales pasarán a la nueva estructura con todos sus beneficios. Por su parte, el Dr. Bigio Ramos afirmó que “el Consejo General está trabajando con aproximadamente un 40 por ciento de sus empleados, lo que implica que no se puede despedir a ningún otro recurso sí se quiere mantener la agencia abierta. El CES, luego de los despidos de la Ley 7 está en igual situación”. De igual forma sostuvo que además de la reorganización, es necesario contratar o emplear otros profesionales especializados en los procesos de licenciamiento y acreditación. El Presidente del CGE aseguró no estar seguro de que esta fusión propuesta genere un ahorro de $2 millones al erario público. “Ante la situación actual de los Consejos dificulto mucho que la fusión represente algún ahorro, si es la intención gubernamental cumplir con los estándares de calidad educativa que Puerto Rico necesita”, dijo Bigio Ramos. Nuevo Consejo de Educación de Puerto Rico Se espera que el propuesto Consejo de Educación de Puerto Rico esté compuesto por un Cuerpo Colegiado de nueve consejeros de los cuales uno será escogido por el Cuerpo como su presidente, y los todos los demás serán nombrados por el Gobernador con la recomendación y consentimiento del Senado de Puerto Rico y habrá un Director Ejecutivo. Según comentó Bigio Ramos, se piensa que para este nuevo Cuerpo Colegial “se seleccionarán personas de nuevo nombramiento, aunque nada impide que el Gobernador seleccione candidatos(as) de las personas que actualmente se desempeñan como lo es el Presidente del CGE, el Director Ejecutivo del CES y algunos de los Consejeros de ambas agencias”. El próximo paso a seguir es esperar que esta medida pase a consideración de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Para ver el artículo en su original, por favor ingrese a: www.universia.pr
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