Puerto Rico: ¿vertedero tóxico de la carbonera AES?

Vista de planta de AES desde el barrio Jobos en Guayama, Puerto Rico. (Suministrada)

25 de marzo de 2019 Por Especial para Diálogo Opinión Resaltado

Por: Luis A. Bonilla-Soto

SOBRE EL AUTOR

Especial para Diálogo

Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.

La salud humana está íntimamente ligada a la condición del ambiente externo. En otras palabras, un entorno o ambiente externo de calidad contribuye a mantener una buena salud. Por el contrario, un ambiente contaminado o degradado afecta negativamente la salud humana.

Un ejemplo de como la calidad del ambiente externo afecta la salud es el caso de la carbonera AES de Guayama. Esta planta de carbón genera diariamente la friolera de 800 toneladas de cenizas (producto de la quema de 8,000 toneladas de carbón durante ese mismo periodo de tiempo) cuya disposición en el país representa un serio problema de salud pública. Dicha empresa ha regado su veneno en aproximadamente unos 10 municipios del área sureste del país.

No conforme, con lo anterior los ejecutivos de la carbonera pretenden, mediante la aprobación de un reglamento, disponer sus cenizas tóxicas por toda la Isla. La AES quiere hacer en Puerto Rico lo mismo que hicieron en República Dominicana en la Comunidad de Arroyo Barril donde las cenizas dispuestas por la carbonera causaron múltiples problemas de salud pública en la población.

Según el periodista Omar Alfonso, del periódico La Perla del Sur, el Gobierno de Dominicana demandó a la AES pero finalmente tranzaron la demanda, en el año 2007, por la suma ridícula de seis millones de dólares con la condición de que el Gobierno se hiciera responsable de la remoción de las cenizas dispuestas en Arroyo Barril y de reclamaciones futuras de los ciudadanos y los costos asociados a litigios legales.

Luego de ese acuerdo leonino, el Gobierno dominicano enfrentó una demanda civil en el 2016 donde tuvo que indemnizar, a 45 madres e infantes afectados, con un pago de $37.8 millones.

Además, tuvieron que pagar una cantidad millonaria a los abogados de la carbonera ya que eso fue parte del acuerdo. En otras palabras, la empresa culpable de todo el daño salió legalmente incólume del desastre ambiental y de salud pública que causaron en Santo Domingo. Ahora, parece que quieren hacer lo mismo en Puerto Rico con el reglamento de “Estándares para el uso beneficioso de los residuos de combustión de carbón” que está impulsando el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Judith Enck, quién fuera directora de la Región II de la Environmental Protection Agency (entre los años 2010 y 2016) al ser consultada por La Perla del Sur cuestionó la falta de disposiciones de seguridad en el mencionado reglamento y opinó que la aprobación del mismo sería un “error gigantesco”.

Eso advierten tres estudios realizados por profesores y estudiantes de la Escuela Graduada de Salud Pública (EGSP) del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico. Las tres investigaciones científicas proveen evidencia epidemiológica y ambiental contundente sobre los efectos de la contaminación generada por la carbonera sobre la salud y la vida de los residentes del municipio de Guayama. Los hallazgos de los estudios son cónsonos con la literatura científica y con los resultados de estudios similares realizados en otras partes del mundo.

Por lo tanto, no hacen falta más investigaciones. Lo que hace falta es que los hacedores de política pública de Puerto Rico rechacen contundentemente el reglamento auspiciado por el DRNA ya que no existe un uso beneficioso para un veneno como lo son las cenizas de carbón.

Por el bien de nuestro país y de las futuras generaciones, Puerto Rico no puede convertirse en el vertedero tóxico de la carbonera AES.