Mientras la opinión pública internacional continúa hablando del paseo por la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, que hizo el presidente venezolano Hugo Chávez, acompañado por el director Oliver Stone para presentar el documental que hizo el cineasta sobre el líder sudamericano, en el país que gobierna el comandante de la Revolución Bolivariana se vive un clima muy distinto al que parece presentar Stone en el tráiler de su nueva producción cinematográfica.
La censura a los medios de comunicación que posean una voz disidente a la del régimen que preside el presidente Chávez cada vez se presenta más férrea. A las treinta y cuatro emisoras de radio cerradas el primero de agosto de 2009 se podrían sumar veintinueve más según el responsable de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello. La salida del aire en agosto de las primeras emisoras provocó manifestaciones dentro de Venezuela y encendió la señal de alarma en organismos internacionales como la Unesco o la Organización de Estados Americanos (OEA). Hasta ahora no se sabe qué emisoras forman parte de las 29 que serán sancionadas. En la primera ocasión el gobierno publicó la lista de las emisoras afectadas junto a la orden de salida del aire. Entre las que perdieron su licencia destaca CNB, una de las más populares emisoras, abiertamente opositora del Ejecutivo nacional. También la perdieron otras menores vinculadas con detractores del gobierno, según expertos. “Esa falta de transparencia es algo siniestro. No hay diálogo, hay un terror psicológico deliberado (…) Las radios no han hecho nada al gobierno, en Venezuela están sobre todo vinculadas al entretenimiento”, aseguró Alonso Moleiro, vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas del país. Además Conatel realiza actualmente dos procesos judiciales en contra del único canal de telenoticias que no está en posesión del gobierno venezolano: Globovisión y ya anunció el inicio de un tercero. Diversos analistas políticos asociados con la oposición venezolana no tienen muchas esperanzas en que el canal de televisión continúe mucho tiempo más al aire.
La asamblea legislativa venezolana ha desarrollado una “Ley Orgánica de Educación” (LOE) en la que le da el poder al gobierno para modificar los currículos y planes educativos de las escuelas y colegios de la nación. Además le otorgaría al Estado el poder de adueñarse de todos los planteles pertenecientes a la Iglesia Católica o a cualquier otra religión, para instituir un sistema educativo completamente laico. Si bien esto podría sonar bien para los que abogan por una diferenciación entre educación y religión, en Venezuela existen muchos colegios de gran excelencia que no están influenciados por ninguna religión, como el Colegio Alejandro Humboldt. Las instituciones precedidas por los jesuitas, agustinianos, legionarios de Cristo, Opus Dei y demás facciones Católicas, así como las de religión judía, entre otros son una opción de los padres de enlistar a sus hijos en una escuela que continúe la educación religiosa practicada en casa. Pero el verdadero temor de la sociedad civil que se opone al gobierno de Hugo Chávez es que esta ley le da la potestad al Estado de regular y controlar todas las instituciones educativas del país, designando rectores y directores, modificando políticas y reglamentos internos. Si a esto le sumamos que en las escuelas públicas es notoriamente excesivo el adoctrinamiento que se les da a los estudiantes, esto permitiría que lo mismo ocurriese en todos los planteles educativos del país.
El gobierno Venezolano se hizo cargo de forma “temporal” de dos de las mayores procesadoras de café del país por supuestos incumplimientos de la legislación. El ministro de Comercio, Eduardo Samán, en declaraciones a la televisora estatal, dijo que el gobierno acordó la “ocupación temporal” por tres meses de las plantas de las procesadoras de café Fama de América y Madrid para investigar si esas empresas incurrieron en violaciones de la normativa sobre comercialización del producto, que viene enfrentando problemas de escasez desde hace varias semanas. Samán expresó que las autoridades iniciarán una averiguación para determinar si las empresas tomadas “tienen prácticas monopólicas” o han incurrido en “contrabando de extracción” del café hacia el exterior, y afirmó que de comprobarse esa situación “vamos a proponer la medida de expropiación”. “En este caso son los trabajadores quienes pasarían a tener el control de la empresa”, añadió. Representantes de ambas industrias negaron categóricamente incumplimiento alguno de las leyes en sus negocios.
La crítica a esta acción por parte de representantes de la oposición venezolana es que “en un país en el cual el poder ejecutivo tiene completo control sobre el judicial, una aclaración como esta simplemente quiere decir que el Estado se adueñó de las dos industrias”.
Todo este enrevesado clima político ha dado lugar a diversas manifestaciones en contra de la acción del presidente Hugo Chávez, así como a otras a favor del “comandante” de la Revolución. En repudio a los cierres de emisoras se realizaron varias movilizaciones de gente por parte de representantes de los medios y la sociedad civil que se encara al régimen. El cuatro de septiembre se realizó una protesta mundial llamada “No más Chávez” en diversas ciudades del mundo (Caracas, Bogotá, Nueva York, Londres, Madrid, Buenos Aires, entre otros). El mismo día representantes del oficialismo manifestaron para dar su apoyo al presidente y a favor de las medidas tomadas en contra de las emisoras de radio.
Pero estas manifestaciones no pasan sin repercusiones. En algunas la fuerza policiaca o incluso la guardia nacional venezolana impone su ley reprimiendo las protestas con gas lacrimógeno, peinillas y perdigones como ocurrió en algunas de las marchas por los cierres de medios. En otras los participantes son procesados judicialmente y privados de su libertad. Tal es el caso del joven de veintidós años Julio Rivas, un estudiante universitario que fue detenido, a solicitud del Ministerio Público, la noche del lunes 7 de septiembre, presuntamente por protagonizar hechos violentos durante la marcha convocada por la oposición en contra de la ley de educación, el pasado 22 de agosto en Caracas. Rivas fue encarcelado en la prisión llamada El Rodeo I al presumirse el delito de fuga. Cabe destacar que en esta instalación se encierran a criminales de todo tipo y varias veces ha sido escenario de huelgas de hambre en protesta por las condiciones en las que viven los reclusos. Los delitos imputados son excitación a la guerra civil, instigación a delinquir, instigación a la desobediencia de las leyes, daños a la propiedad pública, uso de armas genéricas y asociación para delinquir.
Por estos mismos hechos se encuentra detenido el prefecto de Caracas, Richard Blanco, quien fue imputado el pasado 29 de agosto por presuntamente incurrir en los delitos de lesiones graves e instigación a delinquir. Como podemos ver, es muy distinto el panorama en Venecia y en Venezuela, nombre por cierto, que irónicamente significa “pequeña Venecia”, dado por Cristóbal Colón cuando vio unas casas indígenas en un lago y le pareció divertidamente similar a la ciudad italiana. Esta vez las cosas no son ni similares ni mucho menos divertidas.