Una lectura del interrogatorio que Elías Sánchez Sifonte, presidente del comité de transición del gobernador electo Ricardo Rosselló, envió el pasado lunes a la Universidad de Puerto Rico (UPR) para que se contestara en 24 horas, plantea asuntos que ya se conocían públicamente o que se discutieron en la vista de transición ese mismo día.
Además del interrogatorio, Sánchez Sifonte designó el pasado miércoles a personas “enlaces” que, en representación del comité de transición, “requerirán información” en las once unidades, asunto sin precedente en los procesos de cambios de gobierno. Tampoco es usual que la UPR participe de las vistas de transición.
Entre las preguntas –cuyas respuestas, en su mayoría, se han ventilado en la prensa– destacan cuál es el presupuesto de la UPR por concepto de la fórmula; las deudas por cobrar y que mantiene la UPR con el Banco Gubernamental de Fomento y otras agencias; las diferencias salariales de los empleados de confianza del 2012 –bajo la administración de Miguel Muñoz en la UPR y Luis Fortuño en la gobernación– con respecto al 2016; el impacto que tuvo el cambio de la Junta de Síndicos por la Junta de Gobierno; y el estatus del informe de las becas presidenciales solicitado a la actual presidenta interina, Celeste Freytes González.
En materia fiscal, como se desprende del interrogatorio, se detalla que el presupuesto de la UPR para el presente año es de $1,400 millones. De esos, $833 millones corresponden a la asignación presupuestaria fijada por la Ley 66 de 2014, que congeló la asignación que la UPR recibe por concepto de la fórmula de 9.6%. Esta medida ha tenido como efecto que la universidad haya dejado de recibir $348 millones del Fondo General entre los años fiscales 2014-2015 al 2016-2017.
Asimismo, la UPR tiene $90 millones en cuentas por cobrar y otros $70 millones en cuentas por pagar, aparte de una deuda con el BGF de $76 millones, que el primer centro docente del país está buscando saldar con la acreditación de un depósito de $91 millones que hizo la universidad en el banco estatal.
Sánchez Sifonte auscultó, además, sobre “la efectividad” y los “beneficios” de haber cambiado la Junta de Síndicos por una Junta de Gobierno en la UPR a principios del cuatrienio pasado, a lo que se le respondió que se redujo de 17 a 13 la composición de los miembros, se agregaron dos sillas estudiantiles para lograr una “gobernanza compartida” y se incorporó al secretario de Educación para fortalecer la relación de la UPR con las escuelas públicas.
El también designado representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal inquirió sobre las diferencias salariales entre los expresidentes Muñoz y Uroyoán Walker Ramos, así como del primero con la presidenta interina Freytes González; de las diferencias salariales de los directores de Finanzas y Recursos Humanos entre el 2012 y el 2016; un informe de los empleados de confianza que volverán a sus puestos junto con el salario que devengarán; y un listado de los diez puestos de confianza de mayor jerarquía en la UPR y cuál es el salario de cada uno. Esta información, sin embargo, se entregó de manera confidencial, por lo que Diálogo no pudo consultarla.
Con respecto al informe de las becas presidenciales, se indicó que el informe final solicitado por la Junta de Gobierno a Freytes González – y delegado a la exjueza Mercedes Marrero de Bauermeister– está en su “etapa final” de redacción.
Diálogo buscó la reacción de Sánchez Sifonte y no obtuvo respuesta.
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