¿Qué se traman con La Perla?

1 de julio de 2011 Por Diálogo Opinión

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Diálogo

Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.

Mientras más lo pienso, más me convenzo. Espero que la historia desmienta a aquéllos que pensamos que detrás del arresto de un puñado de personas en la legendaria barriada La Perla, está la mano de unos pocos amigos de esta administración de gobierno que quieren desarrollar esos terrenos, de cara al mar, en la ya mentada y planificada “walkable city”.

Una vez más, el protagonista de un evento que traerá cola en la vida política y social de Puerto Rico, es el superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha.

Un ex agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) a quien el gobernador Luis Fortuño lo tiene encargado del diseño y ejecución de planes de represión de estado, los más severos que se han visto en Puerto Rico luego de que los también penepés dirigieran los operativos policiacos de la década del 70 que culminaron con los asesinatos del Cerro Maravilla.

En La Perla, los movimientos de los federales no se relacionan, que sepamos, con la persecución que las autoridades han desarrollado por décadas contra los independentistas.

Esta vez agilizan los mecanismos de investigación para despejar el camino al desmantelamiento de una barriada con tejido social que trasciende cuatro o cinco generaciones, para entregársela a quien sabe qué poder económico.

Es una realidad que en La Perla viven unas 125 familias y que la mayoría de las estructuras que están habitadas, están alquiladas a terceros. Que hace años que el lugar no está apto para la construcción de viviendas. Que la muralla de El Morro que la rodea, amenaza la vida de los residentes y que el costo de construir allí es tan alto que el gobierno no puede procurar proyectos de interés social.

Pero, el problema es que la experiencia en este país es que “pa los pobres no, pa los ricos sí”. Esa fórmula la hemos visto tantas veces, sobre todo en los desarrollos alrededor de la costa, que por eso hiede que los federales hayan procurado que un gran jurado los ponga en posición de confiscar 56 residencias de esa barriada.

Como si fuera poco, la experiencia que hemos tenido con la ideología neoliberal que propone este gobierno, hace que el trámite apeste. Un gobierno que desmanteló el proyecto de Comunidades Especiales; que fue hasta las últimas consecuencias para destruir el proyecto de Fideicomiso de El Caño; que eliminó la ley que protegía el Corredor Ecológico del Noreste y que promueve la expropiación para llevar a feliz término el proyecto del gasoducto y que asiste al municipio de Guaynabo en su interés de desmantelar de comunidades pobres en Guaynabo, no quiere precisamente convertir a La Perla en un lugar para el disfrute de muchos que no tengan con qué pagar.

Por eso, para los planes de desarrolladores penepés y contribuyentes de ese partido, el que un gran jurado federal haya emitido acusaciones contra 114 personas el pasado jueves e incluyó un cargo de confiscación para más de la mitad de las viviendas habilitadas, es un negocio redondo con muchas probabilidades.

No es nuevo que los terrenos de La Perla son bien vistos por desarrolladores con suficiente crédito que quisieran levantar un súper proyecto. ¿No sería lo ideal para el proyecto “walkable” que tiene Jorge Santini en San Juan?

La última vez que se pensó en rehabilitar La Perla para sus residentes, fue en el gobierno de Sila María Calderón a través de la Oficina de Comunidades Especiales. El costo de $20 millones dio al traste con la idea, luego de que los arquitectos que diseñaron la rehabilitación aclararon al gobierno que los materiales de construcción en un área que incluso se presume que sobrepasa el límite de la costa marítimo terrestre, son tan costosos como lo sería su mantenimiento.

El gobierno de Rafael Hernández Colón construyó el proyecto de La Puntilla con la idea de mover a los residentes de La Perla a ese lugar y construir una concha acústica en los terrenos frente al mar. El vaivén político partidista, y al turno del ex alcalde de San Juan y ex gobernador, Carlos Romero Barceló, destruyó el concepto y en lugar de promover su movilidad, el político le entregó títulos de propiedad a los residentes.

¿Los resultados de esa jaibería electorera? Una comunidad deteriorada por el narcotráfico organizado – entre sus líderes, activos estadistas detenidos en la última redada Federal – que se ha visto desplazada por la violencia y el crimen organizado.

En La Perla, los narcos aprovecharon la estructura tipo bóveda y laberinto de La Perla, para convertirla en una guarida de “junkies” y “pushers” armados, que pululan por la estigmatizada “favela del Caribe”.

Los federales venderán las residencias confiscadas al mejor postor. O en una sala judicial de Hato Rey se decidirá que La Perla es zona inhabitable y decidirán el futuro del espacio así como han traspasado al municipio de San Juan, legislando como ladrón en la noche y bajo un manto de cuestionada legalidad, los parques Luis Muñoz Marín, del Tercer Milenio y la Laguna del Condado.

Hay que esperar a ver qué se traman. Ya hay quien comenta que la última vez que Donald Trump vino a la Isla se “jayó” de frente a la imponente vista al mar en lo alto de la Norzagaray y comentó lo bien que se veía desde allí. Lo único que le interrumpía la vista, era La Perla.

*Lea el artículo original en Pesquisa Boricua