
El gobernador Alejandro García Padilla presentó recientemente un plan fiscal ante los siete miembros de la junta federal que controlará las finanzas del país que, entre otras cosas, plantea recomendaciones para que se protejan las arcas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
En este documento, el primer mandatario recomendó que se extienda la congelación de la fórmula de la institución hasta el 2021. De igual forma, la propuesta resalta que la UPR tendrá que implementar medidas para mejorar su eficiencia y desarrollo.
Para el profesor y economista Heriberto Martínez, si esta recomendación es acogida, la institución dejaría de recibir alrededor de $60 a $70 millones al año provenientes del Fondo General del Estado Libre Asociado. De acuerdo con el análisis del experto, este conjunto de recomendaciones llevarían a que, al cabo de en cinco años, la UPR deje de recibir entre $330 y $350 millones por parte del erario.
Irónicamente, el plan fiscal presentado por García Padilla identifica a la universidad como un motor para potenciar el desarrollo económico del país. En específico, hace referencia al Edificio de Ciencias Moleculares ubicado en Río Piedras, al Recinto Universitario de Mayagüez y al Recinto de Ciencias Médicas como epicentros de investigación con la capacidad de impulsar la economía local.
“Es totalmente contradictorio. Queremos mayor investigación, pero recortamos los fondos públicos y no identificamos otras fuentes de ingresos. Vamos deteriorando a la universidad para entonces exigirle más y al no poder cumplir con esa exigencia por ese declive y la falta de recursos, pues volvemos a recortar y cuando vemos estamos en un espiral hacia abajo donde convertimos a la universidad en un espacio inoperante”, opinó Martínez.
Para el economista, la institución queda en una posición preocupante en el panorama fiscal que vive la isla. Aunque el plan señala que más allá de la congelación de su fórmula, no se deben tocar los $834 millones que recibe la UPR provenientes del Fondo General, para el profesor, esta proposición no es segura.
“Queda la preocupación que esos $834 millones sean recortados de manera drástica para cubrir otro hueco como pagar los servicios de salud, que están a punto de quedarse sin fondos, o para pagar el servicio de la deuda”, destacó el economista.
Martínez expresó preocupación respecto a que estos recortes traigan a consideración la posibilidad de aumentar de matrícula o la consolidación de unidades de la institución.
“Lo que vamos a ver es un deterioro tanto en la investigación, como en la oferta académica y en las condiciones de empleo de los profesores. Las condiciones de empleo de un profesor son las condiciones de estudio de los estudiantes”, añadió.
¿Cómo mejorar las finanzas?
Para adelantar mejoras en las finanzas de la UPR, Martínez propuso elaborar un frente común compuesto por toda la comunidad universitaria para defender al primer centro docente del país “ya sea ante reformas gubernamentales adversas que pueda hacer el gobierno en los próximos cuatro años, como también contra lo que pudiera representar la junta de control fiscal”.
Puntualizó que esta movilización debe incluir a todos los sectores de la UPR y no tan solo a los estudiantes, a quienes identificó como un cuerpo “vocal” al momento de defender la “institucionalidad universitaria”.
“Lo que estoy diciendo es que el movimiento estudiantil siempre ha tenido una convocatoria más fuerte en sus asambleas y en sus procesos para defender lo que es la institución. Pero he visto mucha pereza por parte del cuerpo docente y de los trabajadores. Sí ha habido movimientos de protestas para defender sus convenios colectivos, pero para defender la institución como algo holístico, como ese espacio académico nacional, eso yo no lo he visto por parte de los demás cuerpos”, destacó.
Asimismo, adujo que “tiene que haber una convocatoria amplia a todos los exalumnos de la UPR que estén en posición de aportar a la universidad, que hagan donaciones al fondo dotal, al fondo de la biblioteca, para que la institución también tenga acceso a otro tipo de fondos”.
Desde el punto de vista administrativo, recomendó a la universidad a que reconsidere todos los gastos que no estén relacionados con áreas académicas.
El profesor mencionó que las cuentas por cobrar de la UPR ascienden a unos $100 millones y son un asunto que la administración debe seguir atendiendo. También, apuntó a la necesidad de transparencia en el gasto de fondos institucionales como un componente sustancial para solventar el problema fiscal de la universidad y manifestó que, como la otorgación de las becas presidenciales el pasado año, “la UPR hoy no puede correr el lujo de que la transparencia no sea la carta de presentación, porque todos estos temas van a servir como justificación para los futuros recortes”.
Pero, para el académico, lo más importante es que la propia institución muestre al país cuáles son y han sido sus aportaciones para el desarrollo de Puerto Rico. Martínez sostuvo que esa será la única forma con la que la población considerará al sistema universitario como un baluarte de desarrollo económico al que se debe proteger.