Detrás de las maquinitas de las videoloterías, las que hay ahora y las que el Gobierno quiere poner, están alineados abogados, bufetes, cabilderos, legisladores y ex políticos; principalmente del Partido Nuevo Progresista (PNP), que apuntan a las cantidades de dinero disponibles en ese negocio para traficar con influencias. El hervidero de movimientos, alianzas y torcedura de brazos se dramatiza porque varios legisladores de ambas cámaras tienen conexiones directas o indirectas con las “máquinas de entretenimiento para adultos” que operan actualmente. También, porque la discusión legislativa, que ya comenzó formalmente en el Senado, se da con la presión de que la legalización de las máquinas bajo el nombre de “Vídeo Lotería” es la alternativa de la Administración Fortuño para cuadrar el presupuesto que se supone entre en vigor en julio. Y aunque lo más que La Fortaleza enfatice durante toda la discusión probablemente sea la necesidad que hay de cuadrar el presupuesto, la realidad es que en la mesa de juego están, por un lado, una serie de operadores extranjeros que se disputan un contrato de entre 12 y 15 años que les puede dejar el control de 40,000 máquinas y cientos de millones de dólares anuales en ingresos, y, por el otro, decenas de dueños de las máquinas actuales que, fuera del pago de un permiso, dan poca o ninguna cuenta de las cantidades de dinero en efectivo que las máquinas les generan. En estas proyecciones millonarias se quedan fuera la Universidad de Puerto Rico y el Poder Judicial que, como ha pasado con otras medidas de recaudo de la Administración Fortuño, no verán ni $1 porque los ingresos de la Vídeo Lotería no van a contar a la hora de asignar la fórmula presupuestaria de esos dos sectores. Los operadores La historia de algunos operadores en Puerto Rico tiene ya al menos 20 años. En 1990, la Administración Hernández Colón inauguró la Lotería Electrónica con la compañía GTECH y el Pega 3. En 1991 le siguió Loto, y en el 2002, Pega 2 y Pega 4. En 1999, la Administración Rosselló renovó el contrato pero en el 2004, la Administración Calderón lo dejó sin efecto para pasarlo a Scientific Games. A pesar de que eso provocó una demanda de GTECH, en octubre de 2004, ejecutivos de GTECH y sus rivales en Scientific Games se convirtieron en los principales donantes de los $75,000 que recibió el Puerto Rico Status Resolution PAC. El ex secretario de la gobernación del ex Gobernador Pedro Rosselló, Álvaro Cifuentes, era el tesorero del comité y entre los gastos del mismo figuran $7,000 pagados a Forsa Editores, la casa que publicó el libro El Status es el Issue: el pensamiento estadista de Pedro Rosselló. El propio Cifuentes aparece recibiendo $4,949 del comité que también pagó una cuenta en American Express por $25,505. Para la Vídeo Lotería, Cifuentes está otra vez detrás de GTECH, pero ahora se disputa el bizcocho con un nuevo jugador: Caribbean Gaming and Entertainment (Cage). La empresa, basada aquí desde 2006, pero incorporada en las Islas Vírgenes desde 2004 es la mano que decidió jugar el multibillonario Robert L. Johnson, fundador del canal de cable BET, en el mundo de los juegos de azar. Cage tiene como vicepresidente de “desarrollo de negocios” a Rafael de La Cruz, el que fue jefe de las operaciones de GTECH, y que aparece donando al PAC de Cifuentes. También tiene como abogado a Andrés Guillemard, hijo, vinculado directamente con la Administración Fortuño como director de campaña y cuñado del comisionado residente, Pedro Pierluisi, y como cabildera a Marimer Olazagasti, ex gerente de campaña de Fortuño. Cage maneja sus jugadas con cuidado: en 2006 su presidente, Robert Washington, donó al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá mediante una cena en la que se homenajeaba a la relacionista de Cage, Marisara Pont Marchese. En el 2008, Cage estuvo pendiente de licitar para el proyecto de privatización de lotería que impulsó Acevedo Vilá. Como aliado en esta ronda, Cage tiene a Scientific, que actualmente es empujada por Arturo J. García Solá, socio administrador del bufete McConnel Valdés y, para todos los efectos, el redactor de legislación de Fortaleza. García maneja también el fideicomiso del matrimonio Fortuño-Vela. Ya Scientific se llevó, sin subasta, el nuevo juego instantáneo de Hacienda tipo “raspe” y opera la los juegos electrónicos actuales. Según documentos de la empresa, la alianza con Cage se da bajo el nombre de Global Draw. Johnson anunció su plan desde febrero de 2009 en The Washington Post. “(Cage) urgirá a los gobiernos caribeños y suramericanos que cierren las máquinas de azar ilegales en sus países y que la actividad se legitimice mediante permitir que Johnson y su equipo instalen sus máquinas”, indicó el diario. La tecnología de Cage permite que el Hacienda monitoree las máquinas y su desempeño. El plan incluía procurar un contrato y aplacar a los opositores mediante alianzas con algunos operadores de las máquinas actuales. Entre los operadores, hay un tercer jugador, no menos apadrinado. La compañía Southland Gaming, que ya opera terminales de lotería en Islas Vírgenes, es un jugador interesado y sus cartas las manejan Ángel Cintrón, ex director de campaña de Fortuño, y su socia, Zoé Laboy. Para este grupo de compañías y alianzas, el “jackpot” que trae el proyecto de la Vídeo Lotería es por lo menos el 50% de las jugadas. ¿Cuánto es eso? El proyecto dice que al Gobierno hay que garantizarle $900 millones en los próximos cuatro años, y Johnson le dijo al Post que su parte de 25% representarían poco más de $400 millones en 2013. Hoteleros y hasta legisladores divididos Pero antes de repartir el bizcocho hay que cocinarlo, y por las próximas semanas la Legislatura y los medios de comunicación serán el horno para ese pastel con algunos tratando de que el proyecto pase y otros buscando estropear la mezcla. Según fuentes del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), hasta ahora las presidencias legislativas están una a favor, la Cámara, y otra neutral sin querer salpicarse con nada, el Senado. Pero entre los legisladores hay varios que están en contra del proyecto porque ellos mismos tienen máquinas, como el representante José Chico y el senador Ramón Díaz, o porque allegados las tienen, como el caso de los senadores populares José Dalmau y Cirilo Tirado y del representante de la mayoría, Ángel Pérez, quien, de hecho, le metió presión al ex secretario de Justicia, Antonio Sagardía, para que obstaculizara la Vídeo Lotería mediante una opinión a Hacienda. Chico, por su parte, tiene pendiente un proyecto para unir mediante red electrónica a las máquinas actuales y dejar fuera del escenario a la figura del operador. Otro elemento en contra del proyecto que frecuenta el Capitolio es el ex representante Edwin Mundo quien, como cabildero del Hipódromo Camarero, busca que el proyecto no pase porque Camarero, a través de una división corporativa, actualmente maneja 2,500 máquinas de juego que peligrarían. Mundo funge como asesor de varios legisladores. Otra oposición que se maneja por la vía de la asesoría es la del representante novato, e hijo del convicto ex alcalde de Toa Alta Ángel “Buzo” Rodríguez, Gary Rodríguez, y la del ex presidente cameral José Aponte, quienes manejan sus posturas sobre esto a través de la empresa The Policy Shop, del ex asesor de prensa de Rosselló, Javier Maymí. La oposición de Aponte resalta porque, el cuatrienio pasado, estuvo a favor de la llamada “Mini Loto del Pensionado” que impulsó la representante Lourdes Ramos. Hasta el ex gobernador Carlos Romero Barceló se ha sumado como cabildero en representación de algunos dueños de máquinas y hoteleros. En el área de los hoteleros hay división, pero el proyecto ya contiene una tabla de salvación para ellos ya que dice que el máximo de máquinas que se le puede autorizar a un establecimiento son 25. El promedio actual es que hay entre 5 y 10 máquinas de entretenimiento para adulto en sitios como gasolineras y panaderías, por lo que ese máximo de 25 está claramente dirigido a saciar un poco a los hoteleros. Los hoteleros también han escogido sus fichas para la jugada. Ramón Luis Lugo, quien tuvo bajo contrato a la primera dama, Luz Eufemia Vela, es cabildero de los hoteleros. Según ha dicho al CPI una fuente conocedora de la controversia, Lugo, de vínculos archiconocidos con el ex gobernador Rafael Hernández Colón, pretende también utilizar la discusión de la Vídeo Lotería para posicionar políticamente al hijo de Hernández Colón, José Alfredo Hernández Mayoral. Lugo también está encargándose de movilizar a las iglesias y sectores fundamentalistas como el predicador Jorge Rachske. Junto a Lugo, está en gestiones de cabildeo en contra del proyecto el bufete O’Neill & Borges, en donde figura el licenciado Jorge L. San Miguel, director de la redacción del programa de gobierno de Fortuño. El bufete maneja otro asunto que podría caer en la mesa de negociaciones de la Vídeo Lotería, y es la molestia que tienen los dueños de casino con la obligación legal de mantener las mesas habilitadas con personal durante las horas de operación del casino. Para ellos, el elemento de los croupiers es más costoso que una máquina y, si se le elimina obligación y se le garantizan licencias para las nuevas máquinas, podrían ser persuadidos a que apoyen el proyecto. La Asociación de Inspectores de Juegos de Azar y los dueños de las máquinas actuales agrupados bajo las entidades Emprecom y Uadome también están en contra. Para ver el artículo en su original, por favor acceda a la página del Centro de Periodismo Investigativo (CPI): www.cpipr.org
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