¿Con qué compañías tienen contratos o dónde trabajan los integrantes de la Junta de Control Fiscal (JCF) cuando no están atendiendo los asuntos del Gobierno de Puerto Rico? ¿Cuánto dinero ganan? ¿Dónde tienen inversiones, desde cuándo y de qué cuantía? ¿Qué contratos, trabajos o intereses tienen sus cónyuges?
Si le gustaría saber estos detalles, tendrá que conformarse con sólo algunos datos, pues la JCF publicó este martes los esperados documentos de “divulgación financiera” de sus integrantes, pero los formularios parecen estar incompletos. Por ejemplo, no están firmados por el Oficial de Ética, en el espacio que indica “Ethics Official’s Opinion”, algunos tienen la información de los salarios y otros no, y la información de los cónyuges no está disponible en algunos casos.
Son más preguntas que las respuestas que arrojan los formularios. ¿Fueron estos los documentos sometidos durante el proceso de nominación o evaluación realizado por el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca? ¿A qué agencia se sometieron? ¿Por qué no tienen ningún ponche o indicio de haber sido revisados por un experto independiente en temas éticos? ¿Quién elaboró el formulario? ¿Es uno estándar de la Oficina de Ética federal? La junta no ha contestado estas preguntas al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), sino que ante la petición para aclararlas, envió una carta genérica firmada por su Asesor General Jaime El Koury en la que refiere a su página web juntasupervision.pr.gov.
La trayectoria de estos documentos ha sido azarosa. El 18 de noviembre de 2016, en la primera reunión de la JCF en el edificio federal Alexander Hamilton en Nueva York, justo terminaba la sesión cuando el periodista de El Nuevo Día José Delgado pedía a José Carrión, recién nombrado presidente del organismo, una reacción: “Ha habido mucha crítica en contra de su nominación y la nominación de [Carlos] García por sus vínculos, específicamente, con el Partido Republicano. Usted ha sido recaudador de fondos para los republicanos en el Congreso; García pudiera estar manejando asuntos con los que trabajó como presidente del BGF”.
José Carrión respondió (en inglés): “El proceso para ser nominados a la junta fue bipartita, por lo que ambos, el señor García y yo, somos nominados por el portavoz [Paul] Ryan, y tras ser nominados, entramos en un amplio proceso de escrutinio por parte de la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro. Te puedo referir al Departamento del Tesoro para los detalles de ese proceso de escrutinio. Así que eso ha sido bien riguroso y atendió muchos de los planteamientos que traes”.
El CPI había pedido esta información desde noviembre de 2017 a la Oficina de Ética Gubernamental federal, el Departamento del Tesoro federal y la Casa Blanca. Ante la falta de respuestas, sometió formalmente en enero una solicitud más abarcadora amparada en la ley federal conocida como Freedom of Information Act (FOIA), con el apoyo de LatinoJustice y el Center for Constitutional Rights. La información también se solicitó a la JCF.
Al momento, las respuestas han sido negativas o evasivas por las agencias federales. La Oficina de Ética Gubernamental federal ha indicado que estos documentos no han sido radicados allí, mientras que la Casa Blanca se escudó en la transición de la presidencia para indicar que los archivos de la era Obama habían sido transferidos a la National Archives and Records Administration (NARA). La Casa Blanca de Trump indicó que no tiene archivos relacionados con la junta, lo que podría indicar que desde que el presidente republicano está en la Oficina Oval no ha habido contacto con el ente que rige a la isla en materia fiscal y presupuestaria.
El Departamento del Tesoro federal pudiera ser la agencia que tenga la información solicitada, según sugiere su respuesta a la petición bajo el FOIA. “Su solicitud puede requerir más información y / o justificaciones para ser procesada”, dijo en una carta Katelyn DeLucca, manejadora de casos FOIA de esa agencia. Los 20 días para atender la petición FOIA por el Departamento del Tesoro ya se cumplieron. El CPI espera por una respuesta de DeLucca sobre el asunto.
Los miembros y el personal de la junta estarán sujetos a los requisitos federales sobre conflictos de interés descritos en la Sección 208 del título 18, del Código Federal de los Estados Unidos, indica la Ley “Promesa”.
“Eso no quiere decir que se los tengan que rendir a la Oficina de Ética federal. Es que tienen que regirse bajo los mismos requisitos. Hay una distinción bien grande entre una cosa y la otra. Ellos tienen unos parámetros, la Ley de Ética federal tiene unos parámetros que de alguna forma Promesa los incorporó a su ley. Y dice ‘los requisitos son estos’, pero no dice que lo tienes que notificar a la Oficina de Ética federal”, opinó Zulma Rosario, directora de la Oficina de Ética Gubernamental del Gobierno de Puerto Rico.
A juicio de Rosario, los informes de los miembros de la junta podrían no tener que ser escrutados por el Departamento de Ética federal. “Una cosa es tú rendir un informe y cumplir con los parámetros y otra cosa es que tú tengas que hacer algún tipo de auditoría del mismo. La ley no dice que tú los tienes que auditar, lo que dice es que los tienes que rendir. Es bien distinto a la ley nuestra; la ley nuestra dice que tú rindes un informe y pasas por un proceso de auditoría, no es meramente rendirlo. Rendirlo para nosotros no es suficiente. En Puerto Rico rendirlo significa que comienza un proceso de auditoría que puede llegar incluso hasta la auditoría forense. Mira qué distinta es esa ley versus la Ley de Ética Gubernamental nuestra”.
En su más reciente reunión pública, la JCF anunció la incorporación de un oficial encargado de velar por los conflictos de interés. La asesoría en temas éticos se moverá al son de entre $730 y $1,000 la hora, según el contrato con la firma Proskauer Rose publicado por la JCF en su página esta semana.
Rosario entiende que esta firma sería la que estará a cargo de evaluar los documentos financieros publicados por los integrantes.
“Supongo que cuando ellos contraten ese aparato, eso es una de las primeras cosas que van a hacer, revisarlos. Pero primero tienen que establecer las reglas del juego. Presumo que van a usar como punto de referencia la ley de ética federal. Evidentemente todavía esta persona que ellos llaman el Ethics Official, no está designada. Y ellos anticiparon que va a haber una empresa que ellos van a contratar que son los que van a redactar el código de ética de la Junta de Supervisión Fiscal, que yo estoy casi segura que van a usar como referencia la ley de ética federal; pero bajo los criterios que establece la ley “Promesa”, que son unos criterios muy particulares, yo les llamaría unos criterios híbridos. Así que quien quiera que vaya a realizar ese trabajo, va a tener que hilar del fino, poner en su mesa le ley de ética federal, la ley Promesa y la reglamentación interna si alguna de la Junta de Supervisión Fiscal”, manifestó Rosario.
¿Usted conoce algún otro caso en Estados Unidos donde una agencia contrate al mismo ente que le va a fiscalizar?, le preguntó el CPI.
“No te sabría decir eso pero tampoco lo puedo descartar… Yo no lo sé, pero me está dando mucha curiosidad. Voy a pedir a alguno de mis compañeros que se metan a ver si encuentran algo extraño, algo distinto más que extraño, distinto, en alguno de los 50 Estados”, dijo.
El Congressional Research Service indica que los procesos de vetting o escrutinio en esa esfera pueden incluir investigación del Federal Bureau of Investigation (FBI), el Internal Revenue Service (IRS), la Office of Government Ethics (OGE), y que se sometan documentos como el formulario “Public Financial Disclosure Report” (Standard Form (SF) 278), o el “Questionnaire for National Security Positions”, cuando aplique. También se pide a algunos nominados un acuerdo ético, o “ethics agreement” que describe potenciales conflictos de interés.
En la última reunión pública de la Junta de Control Fiscal, el sábado 28 de enero, en el Hotel El Conquistador en Fajardo, el integrante del organismo José Ramón González respondía a la periodista de El Vocero, Laura Quintero, sobre las alegaciones de que él y Carlos García podrían tener conflictos de interés: “Los nombramientos de esta junta pasaron por el proceso de evaluación de posibles conflictos de interés en la pasada administración del Gobierno de Estados Unidos, de la Casa Blanca del presidente Obama. Y fue una, les aseguro, un proceso extremadamente detallado y arduo por el cual había que pasar para asegurar. Y yo creo que todos estaremos de acuerdo en que esa administración, esa Casa Blanca era particularmente seria y rigurosa en el análisis de todos estos procesos y por ese proceso tuvimos que pasar todos para validar nuestra elegibilidad y asegurar que estuviéramos por encima de cualquier duda o sospecha en cuanto a los intereses actuales e intereses pasados”.
Hoy, permanece sin respuesta la pregunta. ¿Dónde están todos los documentos que contienen todos los detalles de ese proceso riguroso de evaluación de los nominados a la junta? ¿Qué ente independiente los evaluó?
