El 1 de mayo de celebra un homenaje a las personas que trabajan en casi todo el mundo. En la mayoría de los países, es un día de fiesta nacional y la gente descansa. En Puerto Rico, e impuesto por Estados Unidos, no se reconoce este día y se observa oficialmente el Día del Trabajo –y no del Trabajador–, el primer lunes de septiembre de cada año. Eso porque el Día Internacional de los Trabajadores conmemora un trágico suceso precisamente en Estados Unidos: la muerte de siete inocentes condenados a la horca en el “Hay-Market Square” de la ciudad de Chicago, del estado de Illinois en 1886.
Estos fueron asesinados por el Estado acusados del crimen de intentar alterar sus condiciones de empleo y salario, bajo la doctrina prevaleciente ese tiempo de cometer una conspiración criminal. Tiempo más tarde, el movimiento obrero internacional reivindicó la conmemoración de ese día, otorgándole el nombre del Día del Trabajador y la Trabajadora en Europa, práctica que se ha extendido a todas las partes del mundo.
Al movimiento obrero organizado en Puerto Rico se le debe la celebración de esa conmemoración, aunque sea no oficial en términos gubernamentales. Fueron muchos los retos y persecuciones que ha enfrentado el movimiento a través de los años y la perseverancia de la misma, en el entorno de nuestro “folklore” laboral, habla muy bien de la fidelidad de nuestro movimiento a las causas y símbolos del obrerismo internacional.
Eso debería ser razón de celebración porque el peso del “insularismo” tiende a ahogar lo mejor del internacionalismo. Al principio, esas marchas se celebraban tímidamente al final de la jornada de trabajo, pero con el tiempo la convocatoria se ha realizado en horas laborales y miles de trabajadores(as) retan sus contratos y arriesgan sanciones de parte de sus patronos, todo ello para expresar su indignación ante en acontecer laboral.
Lamentablemente, en años recientes, cada vez que se celebra el 1 de mayo, el movimiento obrero ofrece a nuestro pueblo un verdadero espectáculo de incapacidad de proyectar externamente y para la opinión pública una estrategia madura para la acción concertada. Por esa razón, diversos sectores del movimiento marchan por separado, hablan desde diferentes tarimas y aunque se concentren en un mismo lugar, lo hacen a diferentes horas para no coincidir. A los ojos de cualquier común de los mortales eso parece una changuería y lo es.
Este año, para seguir la costumbre, el movimiento marcha desde dos lugares distintos hacia dos lugares diferentes y sólo coinciden en la hora de salida. El primer grupo marcha desde la Universidad de Puerto Rico hasta la Milla de Oro donde se encuentran los bancos más grandes del archipiélago y también se alojan las oficinas de la maldita Junta de Control Fiscal (JCF) federal que impuso el Congreso de los Estados Unidos en septiembre del 2016.
El segundo grupo lo hace desde el Puente Dos Hermanos de Miramar y marchan hasta el Capitolio en San Juan. No existe, a mi juicio, ninguna razón válida para que estos dos grupos no se encuentren al final del día. Mucho menos que estas dos actividades no puedan ser consideradas dos tácticas o iniciativas de una misma estrategia. Me explico.
Es común escuchar a muchos medios noticiosos especular y explotar peyorativamente el asunto de la falta de unidad del movimiento obrero, como si ello restara valor a su denuncia. También es usual que muchas personas, incluyendo miembros del movimiento, se expresen con cierto desprecio y decepción sobre esta situación. De hecho, algunos se aventuran a expresar que no marchan precisamente por esa falta de unidad.
Argumento falaz, digno de ser considerado otra “changuería” y más bien una excusa barata de alguien que realmente no quiere o teme las consecuencias de marchar. Ciertamente, la situación es incómoda porque uno no puede estar en dos lugares a la misma vez; pero realmente debemos expresarnos social y civilmente en contra de aquellas cosas que nos provocan indignación, no siguiendo a líderes sino a nuestra conciencia.
Este año, como en el 2017, existen sobradas razones para protestar en nuestro país. En tal sentido, invito a la reflexión y a que no usemos esa incapacidad del movimiento obrero como pretexto para no actuar coherentemente frente a las circunstancias. Usted escoja la marcha de su preferencia y participe, porque esta ola de recortes y ajustes no va a desaparecer por arte de magia y se acrecentará si no las protestamos.
Considere usted lo que ha ocurrido en la última década de ajustes y recortes, el país está más endeudado, los impuestos se siguen aumentando, el desempleo ha aumentado, los servicios sociales se reducen, los boricuas se están marchando y en general la incertidumbre y decepción hacia nuestro futuro se acrecienta.
Lo cierto es que la ausencia de una estrategia de acción consolidada y bien comunicada a nuestro pueblo, no significa falta de unidad táctica del movimiento, porque en realidad todos los sectores están convocando a marchar y protestar. Por lo menos que yo sepa, ningún sindicato o grupo comunitario ha expresado públicamente su oposición a que se celebren las protestas.
De hecho, sería una cosa histórica si en otras ciudades de Puerto Rico y fuera del área metropolitana se dieran cita espontáneamente los miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, cuyos derechos sociales y civiles les han sido arrebatados o están en peligro de serlo. Lamentablemente, los movimientos sociales no son espontáneos y necesitan de estrategias precisas para su feliz consecución. He ahí el mayor error estratégico de nuestro liderato obrero y político de oposición al no comunicarse efectiva y claramente con nuestro pueblo.
Hay sobradas razones para acudir a la Milla de oro, al Capitolio o a cualquier plaza pública o rincón de Puerto Rico a protestar. No envíe a otro, no responsabilice al otro de tomar acción en su nombre. Tampoco condicione la acción afirmativa del que marcha, ni juzgue sus acciones, cuando usted está cómodamente sentado en su casa. La indignación de las personas a veces se manifiesta de manera incontrolada, ese es uno de los riesgos y consecuencias que corre un gobierno que abandona la gente a su suerte y se alía con las fuerzas poderosas del capital.
Si usted no puede marchar, no auspicie al comercio que abre sus puertas porque, ciertamente ese no respeta los reclamos de los trabajadores(as), de los viejos, de los niños y toda esa colección de sectores vulnerables que ha generado el capitalismo en nuestro país. El 1 de mayo debería ser un día donde nadie en este país compre absolutamente nada.
Si bien en este año la convocatoria es mayormente de los sectores obreros, este asunto no es exclusivo del movimiento e incumbe a todo nuestro país porque afectados están tanto los trabajadores(as) organizados(as) en el sector público y privado, como los empleados no organizados del sector privado a los que la Ley 4 del 2017 le enmendó 26 estatutos de legislación social que los protegían y están amenazados de recibir mayores recortes de beneficios con la reforma laboral contenida en el plan fiscal que fue aprobado “a la mala” hace menos de dos semanas.
También lo están los retirados de todo Puerto Rico porque la Junta de Control Fiscal insiste en reducirles sus pensiones. Cosa que si sucede una vez, seguirá sucediendo hasta que todos esos planes de retiro estén liquidados. Amenazados obviamente resultan además los desempleados aptos para trabajar que ahora tendrán que hacerlo de gratis, “o voluntariamente” para el sector privado que componen las supuestas organizaciones sin fines de lucro, como reclama ser El Nuevo Día.
El abuso del derecho es obvio y la explotación ahora se disfraza de legalidad sostenida en el prejuicio contra los más pobres. Es decir, comida a cambio de las ayudas gubernamentales que reciben por ser ciudadanos de los Estados Unidos de América, significándole a la empresa un costo cero. ¡Vaya diseño!
En fin, que sin entrar a detallar particulares, la estabilidad económica de los empleados públicos y privados y sus dependientes, en todas las familias en nuestro país, está siendo sacudida o será impactada a mediano plazo por estas constantes reformas que se predican fundamentadas en muchos prejuicios contra los más pobres, sean estos trabajadores o desempleados.
Entre los afectados podemos destacar: la exclusión a muchos hijos de Puerto Rico de estudiar como resultado del aumento exagerado e inmediato de la matrícula de la Universidad de Puerto Rico; de los miles de maestros que corren el riesgo de perder sus trabajos; de sus estudiantes que ven con terror el cierre de las escuelas en sus comunidades; de los mismo policías que no reciben sus beneficios y están llamados a “macetear” a sus hermanos y vecinos por defenderse.
Y qué me dicen del porvenir de los empleados de las 21 agencias que quieren cerrar o de las diez que quieren vender, casi todas ellas entidades rentables y productivas. Finalmente, aunque la lista no es exhaustiva, cuáles serán las implicaciones, en términos de sus derechos, para el ingreso familiar de los trabajadores de las 13 agencias que van a externalizar o privatizar con contratos de Alianzas Público Privadas, que no ofrecen ninguna seguridad de empleo, aparte de desaparecer de un plumazo los derechos adquiridos por estas personas durante toda su vida laboral.
De paso y peor aún, a todos estos trabajadores se le quieren adjudicar una gran porción del pago de la deuda de Puerto Rico, ello adicional a los recortes ya sufridos con todas estas políticas de ajuste y los nuevos impuestos que estas aprobaron. La propuesta es macabra y las consecuencias serán desastrosas.
En parte, los dos grupos sindicales develan con sus acciones que no existe tanto capricho en sus determinaciones. Ciertamente, sin expresarlo claramente, sus acciones nos están proponiendo una misma estrategia, el uso del instrumento disponible: la presión política. Esta es la única alternativa que le queda a nuestro pueblo para atender esta situación caótica que enfrentamos. Ello porque para los sindicalistas, las cuatro leyes de la reforma laboral en 2017 (Leyes 3, 4, 8 y 26 del 2017) han inutilizado permanentemente la negociación colectiva y por lo tanto ya en Puerto Rico no se pueden solucionar los conflictos laborales negociando.
Tampoco los partidos tradicionales son alternativa para nuestro pueblo, porque aquí manda una Junta de Control Fiscal dispuesta a como dé lugar y sin considerar las consecuencias sociales, a hacer honor a su nombre. Eso a pesar de ser “ultra vires” y profundamente deshonesto.
Por eso, hay que protestar enérgicamente en la calle utilizando todos los medios a nuestro alcance para defendernos. Y digo todos, por si no se me entiende. Ahora hay que darle la bienvenida y respetar las acciones pacíficas y también a las violentas, organizadas o no, individuales o colectivas.
Nadie se llame a error, este gran saqueo a la riqueza colectiva de nuestro pueblo y esta violencia institucional y estructural deben ser enfrentadas con todas las fuerzas, con todos los medios disponibles y toda la determinación de nuestra gente. Eso lo dice sin titubeos un firme creyente de la efectividad de la desobediencia civil pacífica y practicante de la no cooperación. Las circunstancias actuales requieren medidas extraordinarias.
Un sector del movimiento obrero parece pensar que la presión política debe ser puesta en el gobernador y especialmente en la legislatura para que hagan buena la promesa de ambos de no darle efectividad a la nueva reforma laboral y los otros ajustes aprobados por la JCF en su versión del plan fiscal. Especialmente, cuando hace apenas un mes, el gobernador favorecía la nueva reforma. De cualquier forma, el gobierno considera, y tiene razón, que lo aprobado por la junta es un exceso y es además un asunto de política pública que no es de su competencia.
El riesgo o tentación de la iniciativa de este grupo, es culminar la misma otorgándole una oportunidad a políticos farsantes que ahora quieren pretender ser los protectores de los derechos obreros, creando una falsa sensación entre los sectores más humildes de una acogida gubernamental a sus reclamos, por los mismos que han articulado este desastre social, aprobando voluntariamente esas reformas. El problema es que eso abone a la desmovilización de nuestra gente.
El otro grupo dirige sus esfuerzos de presión política a la Junta de Control Fiscal, a la que consideran un interventor colonial no invitado e impuesto a nuestro pueblo por ser una colonia de los Estados Unidos. Ciertamente, estos consideran que la Junta, como su ley habilitadora Promesa, son inconstitucionales y hay que protestar sin tregua para declararla inconstitucional.
El mayor riesgo de su iniciativa es ser impacientes y tratar de lograr con un instrumento tan frágil como un paro de un día, lo que requiere la contundencia de una huelga general de nuestro pueblo, a quien no es posible tratar de sustituir en estas contradictorias circunstancias. Esto no es un asunto de la izquierda, sino de todo nuestro pueblo. Repito, tratar de sustituir a nuestro pueblo ahora es abonar a su desmovilización.
Ambos análisis tienen mucho sentido y no justifican la supuesta interpretación que se ha dado a la celebración de dos actividades como un fracaso de la falta de unidad. Cierta y evidentemente, ambas marchas son parte de una muy sabia estrategia política que no ha sido entendida ni por los mismos que la proponen.
Estoy convencido que estratégicamente ambos grupos coinciden en que no bastan los tribunales y que es necesario realizar, no un paro, sino una serie de acciones colectivas que impacten certeramente a los que toman las decisiones que nos afectan, incluyendo nuestros gobernantes electos, la Junta de Control Fiscal, la jueza de quiebras que supervisa los casos de Título III y el Congreso de los Estados Unidos. Pero más aún, que convenzan a nuestro pueblo de defenderse, defendiendo sus derechos laborales, sociales, civiles y económicos contenidos en nuestra hasta ahora silenciada Constitución.
El movimiento obrero debería alzar como estandarte al defensa de esos elementos de nuestra Constitución. Este momento histórico no es uno de juzgar las formas de cómo se protesta sino de enfatizar en los contenidos de por qué se hace. Evidentemente descubriremos en el análisis del contenido ese gran robo que se está perpetuando contra nuestro pueblo.
Lo que es evidente es que ambos grupos han desarrollado su estrategia sin considerar la de sus oponentes. En ese sentido, han fallado en su diagnóstico del problema, es decir, en identificar la estrecha similitud estratégica entre el plan fiscal del gobierno y el de la junta. De haberlo hecho, se hubieran percatado que la estrategia de ambos es la misma, imponer más recortes a nuestro pueblo. Lo que diferencia sus tácticas es el tiempo de su implantación, es decir, su forma, y no su contenido.
El gobierno quiere recortar $1,480 millones en servicios, la junta propone unos $1,560 millones. Ambos quieren imponer en Puerto Rico el “employment al will” y sus mejores jinetes: el despido libre y la contratación sin obligación o responsabilidad legal. Finalmente, ambos quieren arrancarle a los trabajadores otra porción de su riqueza colectiva, es decir, reducir el 30% del ingreso generado en el país que reciben, para dárselo a los que ya dominan y perciben el 70%. Eso, calculado por el gobierno, significa ingresos de $330 millones y para la junta de $460 millones en los próximos cinco años.
Ciertamente, la imprecisión del movimiento obrero en comunicar su estrategia ha levantado un muro de división artificial en su seno, lo que confunde a nuestro pueblo, promoviendo y profundizando más el efecto nocivo de la política partidista en los trabajadores. La realidad es que ningún partido tiene una alternativa viable para enfrentar esta crisis y conducir a los trabajadores a una mayor estabilidad laboral presente o futura.
Los hechos ocurridos lo demuestran en la última década, los partidos tradicionales antes, así como la JCF ahora, tienen un diagnóstico parecido de la realidad y recetan la misma medicina amarga, aunque sus discursos puedan parecer divergentes. Estas recetas siempre han propuesto ajustes en la legislación laboral vigente fundamentándose en que se generarán más empleos, se aumentará la tasa de participación de la fuerza laboral y habrá mayor competitividad para Puerto Rico en los mercados internacionales. Nada de eso ha ocurrido. Lo único logrado son los recortes y hacer a los ricos cada vez más ricos, a costa del sufrimiento del resto de la sociedad. Ello para proteger los negocios de los primeros. Eso es injusto, escandaloso y ciertamente inmoral.
La propuesta de gestión gubernamental para nuestro país que ha sido elaborada por el gobierno de Ricardo Rosselló en su Plan para Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal, a través de sus planes fiscales del 2018, siguen los claros lineamientos y satisfacen las expectativas y exigencias históricas de las distintas coaliciones del sector privado organizadas en Puerto Rico.
Esos últimos, lo que quieren es enriquecerse más. En ese sentido, son una afirmación del neoliberalismo que hace una década impacta negativamente la sociedad puertorriqueña, sin merced, sin consideraciones humanas y una gran dosis de indiferencia e insensibilidad. El movimiento obrero debería aprender a dialogar con el pueblo, articular y comunicar mejor sus estrategias y tácticas para no contribuir a confundirlo, a dividir más y desmovilizarlo.
Mientras eso sucede y nuestro liderato obrero madura, vayamos todos a marchar, protestar y celebrar en el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Sobran las razones para ello.
