
En un conversatorio convocado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), la clase actoral del País se expresó a favor y en contra de la Ley 134 del 1986, que establece la colegiación compulsoria de toda persona que ejerza la actuación como profesión en la Isla.
Luis Enrique Romero, José Martínez, Mikephillippe Oliveros, Rosa Luisa Márquez y Teresa Hernández depusieron a favor y en contra de la llamada Ley de Actores de Puerto Rico.
El mandato, vigente hace 29 años, dispone en su Artículo 16 que la persona que no sea certificada por el Colegio de Actores de Puerto Rico no puede ejercer la actuación.
Originalmente, la Ley solo incluía a quienes trabajaban en producciones teatrales. No obstante, en octubre del año 2004 fue enmendada para extenderse a todo tipo de representación dramática.
Esta medida también incluye varios estatutos para la creación de una Junta Acreditadora compuesta por cinco profesionales de la actuación. Los miembros de esta Junta tienen la autoridad para determinar quien puede o no obtener la certificación que le define como profesional de las artes representativas.
El grupo puede amonestar a cualquiera que incumpla con las normas del Colegio de Actores, denegando su licencia de manera provisional o permanente, como también revocando cualquier procedimiento de solicitud para certificarse.
Según el Artículo 26 de la Ley, cualquiera que viole las disposiciones prescritas o trabaje como actor o actriz sin pertenecer al Colegio, incurrirá en un delito menos grave y deberá pagar una multa de hasta 500 dólares.
La Ley de Actores de Puerto Rico no ha sido cumplida durante mucho tiempo, según la profesora de la Universidad de Puerto Rico, Rosa Luisa Márquez. No obstante, sale a relucir en estos momentos por una supuesta situación de acoso por parte del Colegio hacia los actores.
“Hace varios años, un grupo de varios compañeros fue acosado directamente antes de entrar a escena por miembros del Colegio de Actores, si no se colegiaban no podían actuar”, explicó la profesora.
Márquez comentó a Diálogo que esto sucedió en el mes de mayo del año 2013, en uno de los festivales de teatro del ICP.
Teresa Hernández, deponente en contra de la colegiación compulsoria, enfatizó en que la penalidad por decidir no colegiarse debería ser eliminada.
“Existe una resistencia de parte de un nutrido grupo de colegas que no han encontrado en la Ley del Colegio de Actores, tal y como está redactada, un vehículo para aglutinarse y por ende, ser representados. No debemos penalizar por no querer colegiarse, debemos convocar pero la decisión final debe ser una muy personal”, comentó la deponente.
Hernández insistió en que la colegiación compulsoria debía ser para profesiones que pudieran poner en riesgo la seguridad pública y que esto no aplica a la profesión dramática. Sin embargo, mostró su apoyo al Colegio de Actores como una entidad representativa que busque adelantar política pública a favor de este sector.
Por su parte, la profesora Márquez cuestionó la posibilidad de que alguien pueda definir quién es actor y quién no lo es. Estableció que esta Ley es otro mecanismo del Gobierno para censurar el arte, que ha sido usado como un arma en contra del sistema. Destacó, además, que en el País existe un historial de censura al que esta ley contribuye.
“Hay una historia de censura a los ciudadanos artistas, la ley de mordaza de los años cincuenta, las carpetas de los 60′, 70′, 80′ y más recientemente las persecuciones en la Universidad y en la calle durante las huelgas y protestas estudiantiles”, mencionó Márquez.
A favor de la colegiación se expresaron Luis Enrique Romero y José Martínez. Sin embargo, recalcaron que se presentaron al conversatorio en carácter propio y que bajo ninguna circunstancia representaban al Colegio de Actores de Puerto Rico.
De acuerdo con Romero, el Colegio de Actores es la mejor manera de adelantar los ideales de la clase artística del País.
Martínez, por su parte, destacó que la Ley de Actores se estableció con el favor de la clase artística de aquel momento. También, hizo un recuento de la labor social que hace la colectividad a favor de sus representados e instó a todos los actores presentes a asistir a las asambleas del Colegio para dejar saber su sentir.
Sin “carnet” no habrá arte público
Otra de las razones por las que ha salido a relucir la Ley del Colegio de Actores, es el llamado Proyecto del Senado 1247, para crear la Ley de las artes representativas en espacios públicos abiertos de Puerto Rico.
Con el nuevo mandato, el gobierno regularía a través de un “carnet” expedido por la Compañía de Turismo de Puerto Rico, cualquier expresión artística en los espacios públicos.
Esto incluye, según el proyecto, músicos, bailarines, cirqueros, actores, actrices, coros, elencos teatrales, mimos, titiriteros, volantineros, estatuas vivientes, payasos, artesanos y otros.
El actor y fundador de la compañía Teatro Breve, Mikephillippe Oliveros comentó en su ponencia que darle valor a leyes como estas, violan la Constitución y el derecho a la libre expresión.
“Para el actor y actriz no debe existir ninguna otra acreditación que la que recibe de su público”, depuso Oliveros.
Entre los requisitos para recibir el “carnet” por la Compañía de Turismo, es necesario cumplir con los estatutos de la Ley del comerciante y, además, ser un actor o actriz colegiado sí le aplica.
El Colegio de Actores de Puerto Rico apoya públicamente esta medida senatorial. Aunque el ICP envío invitaciones al Colegio en dos ocasiones , sus representantes nunca asistieron. No obstante, se les haría llegar toda la información discutida en el conversatorio.