Diversos sectores de la comunidad universitaria coincidieron en que la carta que cursó la Junta de Control Fiscal (JCF) a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) representa otro revés para la institución académica.
En la misiva enviada la JCF por medio de su directora ejecutiva, Natalia Jaresko, se detallaron las correcciones que debe incluir el personal del centro docente para que el ente federal pueda certificar el plan fiscal. Entre las modificaciones, están un aumento de matrícula escalonado, un costo de matrícula similar al de universidades estadounidenses, aclarar la consolidación de servicios en las unidades y recintos, así como la eliminación de plazas por medio del concepto de “attrition“.
Para la presidenta del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas (CGE-RCM), Marysel Pagán Santana, las exigencias que la JCF le ha señalado a la administración universitaria no son nuevas. De hecho, son asuntos que ya el ente federal le había indicado a los mismos estudiantes.
La líder estudiantil aludió a la maximización del uso de la beca Pell, lo cual fue discutido entre los estudiantes y miembros del organismo federal en una reunión que sostuvieron el pasado 24 de mayo.
Asimismo, Pagán Santana señaló que en una reunión que sostuvieron con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares intentaron que el funcionario aclarara las garantías de pago de los servicios que daría la universidad a distintas entidades gubernamentales, entre ellas el Departamento de Educación, el gobierno central y los municipios.
En su carta, Jaresko le indicó a la Aafaf que excluyera cualquier ingreso que pudieran obtener de los municipios debido a la crisis fiscal que estos también enfrentan.
“Cuando nos reunimos con el gobernador se le preguntó por las garantías de pago en cuanto a los servicios del gobierno porque precisamente notábamos que, dentro del plan fiscal propuesto y aprobado por la Junta de Gobierno, había unas deficiencias sobre exactamente cuánto dinero se iba a recaudar, de dónde venía”, acotó Pagán Santana. De acuerdo con la estudiante, en dicha reunión no obtuvieron una respuesta concreta por parte del gobernador.
Por su parte, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), José Rivera Caballero, añadió que dicha directriz de la JCF “contradice lo que fue una promesa del gobernador en marzo pasado de allegarle unos recursos a través de unos contratos de la Universidad con el gobierno”.
Rivera Caballero puntualizó que el principal objetivo del organismo federal “es el desmantelamiento del sistema de la UPR”. El académico opinó que para la JCF “la universidad tiene que seguir reduciéndose y achicándose”, lo que, a su juicio, significará el despido de empleados.
Con esta visión concurrió el presidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), José Torres, quien entendió que estas exigencias podrían redundar en despidos y cierre de recintos y unidades. El líder sindical, a su vez, entendió que, comparado con las propuestas del plan fiscal aprobado por la Junta de Gobierno, los señalamientos de Jaresko y la JCF “resultan más draconianos”.
Por otra parte, la misiva de la directora ejecutiva de la JCF, también indica que la Junta de Gobierno de la UPR deberá evaluar un aumento de matrícula escalonado y asemejar los costos de manera comparativa a los de otras universidades estadounidenses.
Para Rivera Caballero, equiparar los costos de matrícula a los de universidades estadounidense es no tomar en cuenta “las condiciones socioeconómicas diferentes que hay entre Estados Unidos y Puerto Rico”.
“Aquí claramente se está adoptando una serie de medidas que van a llevar al fin de la UPR como la conocemos, sin medir las consecuencias sociales y económicas que tendrá para el País seguir limitando más el acceso a la educación superior de la población pobre y el efecto que va a tener en la economía”, subrayó el profesor.
Por su parte, Pagán Santana coincidió con la postura de Rivera Caraballo en torno a las exigencias de la JCF sobre el aumento de matrícula. “Nosotros reiteramos nuestro desacuerdo con cualquier aumento en los costos de matrícula. Sabemos que lo que se está proponiendo es un aumento que va a trastocar la accesibilidad de la educación superior a los estudiantes”, agregó la alumna.
Expuso que el aumento significativo en los costos de matrícula implicaría que también se dispararía el endeudamiento por parte de los estudiantes, especialmente para aquellos en el Recinto de Ciencias Médicas que debido a la crisis socioeconómica se trasladan a Estados Unidos para mejores oportunidades laborables.
El pasado 31 de julio la Junta de Gobierno aprobó su plan fiscal que, entre otras cosas, contempla un alza en la matrícula de estudios de $56 a $115 el crédito a nivel subgraduado y de $140 a $270 el crédito a nivel graduado para el año fiscal 2019. El plan fiscal también contempla una consolidación de los servicios que se ofrecen en los recintos y unidades, aumento en los costos de transcripción de créditos, cuotas de laboratorio, cargos por bajas parciales y totales, entre otros. El documento presupuestario también contempla una reducción del 25% en las exenciones de matrícula.
El plan fiscal de la UPR fue sometido el 1 de agosto para consideración de la JCF. Tras las correcciones solicitadas, la nueva fecha de entrga es el 5 de septiembre.
