Reafirman urgencia de reestructurar la deuda de Puerto Rico

Las expresiones se dieron durante el foro Viabilidad de Promesa: reestructuración de la deuda y revitalización económica organizado por la Revista Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

8 de mayo de 2018 Por José Karlo Pagán Negrón Puerto Rico Resaltado

Parece que el gobierno de Puerto Rico tiene ante sus manos las herramientas necesarias para reestructurar su deuda pública: unos instrumentos que, aunque “antidemocráticos”, ayudarían a resolver el problema fiscal en el que andamos sumergidos desde hace más de diez años.

Cuando el huracán María fustigó a Puerto Rico, la economía del país llevaba más de una década en contracción, se conocían los problemas de insostenibilidad de la deuda pública y la insolvencia fiscal por la cual el gobierno central y varias de sus agencias se acogieron en mayo de 2017 al proceso de quiebra regido por el Título III de la Ley Promesa.

Es en ese renglón de la ley congresional que reside la posibilidad de reestructurar la deuda pública del país que supera los $70,000 millones.

David Skeel, directivo norteamericano de la Junta de Control Fiscal (JCF), fue enfático en defender que a través de esta herramienta previamente inexistente, el gobierno local cuenta con las facultades para salir del atolladero fiscal.

“La junta es la llave temporal para tomar las decisiones difíciles que se necesitan para reestructurar la deuda y volver a los mercados”, apuntó el también profesor de derecho corporativo en la Universidad de Pensilvania.

No obstante, aceptó que el poder –“limitado”, en comparación con otras juntas como las de Detroit, Nueva York y Washington DC– de inmiscuirse en las decisiones de política pública sin ser electos, es “antidemocrático”.

“Las juntas de control fiscal son antidemocráticas, pero en este caso creo que hay una razón, un [sistema de] energía pública envuelto en una profunda angustia financiera, un gobierno con problemas de gobernanza y una evidente disfunción del sistema político democrático. Las juntas están ahí temporeramente para ayudar a resolver los problemas. A veces, tomamos las decisiones que los representantes electos del sistema democrático no toman por cualquier razón que sea”, indicó vía videoconferencia.

En sus expresiones, que formaron parte del foro Viabilidad de Promesa: reestructuración de la deuda y revitalización económica organizado por la Revista Jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Skeel destacó el estatus colonial del país como un impedimento para viabilizar otras formas de estabilización financiera.

Al Puerto Rico no ser estado, ni un país independiente, el Congreso creó un aparato que detuviera las demandas de impago por parte de los acreedores y que se protegieran los servicios básicos a la ciudadanía como la salud y la educación, explicó la exsecretaria de Hacienda, Melba Acosta, quien trabajó en la administración de Alejandro García Padilla.

“Puerto Rico no tenía un marco legal para reestructurar su deuda. Ese fue el precio que tuvimos que pagar para recibir la autoridad legal de reestructurar la deuda. Promesa le da a Puerto Rico la oportunidad de levantarse con un proceso regulado bajo el Título III, parecido al proceso de quiebra federal y que se llevará a cabo en un tribunal con jueces que velarán el equilibrio y balance entre el servicio a los ciudadanos y los reclamos justos –la verdad, porque lo son– de los bonistas”, detalló.

Empero, la también expresidenta del Banco Gubernamental de Fomento destacó que hasta el momento la relación entre la junta y el gobierno de Puerto Rico ha imposibilitado la implementación a cabalidad de modelos que viabilicen el desarrollo económico, aun cuando Promesa tiene poder de inmiscuirse en los poderes ejecutivos y legislativos cuando sean temas relacionados a la implementación de los planes fiscales.

“No creo que nadie, al día de hoy, pueda argumentar que Promesa ha rendido frutos, aún. La ley tiene el potencial de ayudar a Puerto Rico a salir del atolladero fiscal en el que estamos. La junta puede ser un instrumento para ello, pero es importante que cambie esa relación junta-gobierno. La existencia de la junta ha sido sumamente criticada como una usurpación de los poderes del gobierno, pero fue un intercambio que se hizo para que nos dieran la autoridad legal para reestructurar la deuda”, sostuvo Acosta.

Austeridad no es la única opción

A pesar de que Skeel y Acosta coincidieron en que la JCF es el único mecanismo eficaz para corregir el desbarajuste fiscal, el economista Francisco Catalá y el presidente del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, Fernando Lloveras San Miguel, entienden que hacen falta otros esfuerzos para lograr una sana economía.

Para Catalá, hace falta fortalecer la base productiva del país –con una tasa de participación laboral que actualmente ronda el 40%– para lograr una base tributaria “amplia y sana” que estabilice las finanzas, logre entrar a los mercados y entonces así poder pagar la deuda.

“La base productiva no cuenta con ningún sector que sirva de fuerza motriz, en estos momentos”, dijo el economista.

A su entender, los planes fiscales certificados por la JCF tienen unos denominadores comunes: munificencia de parte del gobierno federal a la hora de repartir fondos y la prédica de la austeridad. Ambas, aseguró, están basadas en dos “exageraciones”: sobrestimar el efecto multiplicador positivo de los fondos que pudieran recibirse y la subestimación del efecto multiplicador negativo de la austeridad.

Para el 2017, el Producto Nacional Bruto había disminuido un 15% desde el comienzo de la recesión en 2006, mencionó Catalá. Tras el paso del huracán María, la JCF estimó la contracción en 13.2% adicionales para el 2018.

Además, advirtió sobre el cuidado que se debe tener con los fondos federales que aunque, afirmó, traerán un leve crecimiento en la economía, pudieran ser contraproducentes.

“La ayuda eficaz a un país es la que se diseña para hacerla innecesaria, para ello es imperativo el desarrollo. Ni la ayuda pasajera, ni la que alimenta la dependencia, ni la que se exagera, ni la austeridad fiscal, ni el menoscabo de derechos laborales, ni la improvisación con un sistema contributivo que ya es disfuncional, constituyen fuerzas automáticas generadoras de crecimiento económico, mucho menos de desarrollo”, explicó.

Con este punto concordó, Acosta quien mencionó como “imprescindible” que durante el periodo de bonanza que se verá en el año venidero, el gobierno trabaje un plan de ajuste fiscal, que se negocie la deuda a niveles sostenibles para “una vez terminados estos fondos tengamos ya un camino por delante”. Puerto Rico no se puede arriesgar a tener que volver a pasar por una junta, como ocurrió en Grecia, ejemplificó.

Un obstáculo encarecer la UPR

Otro de los factores que no ayudará a la revitalización de la economía, son los aumentos en el costo por crédito universitario que contempla el plan fiscal certificado por la JCF, pues endeudaría a parte de la población estudiantil.

De acuerdo con Catalá y Acosta, el dinero que se supone vaya a la economía local los estudiantes lo tendrán que abonar a sus préstamos federales.

“Uno de los grandes problemas ahora mismo en Estados Unidos es la deuda estudiantil, es brutal. Entonces, en una economía que se están contrayendo, se endeudan a unos estudiantes que después no consiguen empleo. Estos programas de austeridad dicen que es para tornar más competitiva la economía. Bueno sí, la tornan más competitiva: la economía subterránea, la emigración y la dependencia. En función de ninguna de esas economías se puede desarrollar un país”, categorizó Catalá en un aparte con Diálogo.

Mientras, Acosta catalogó el préstamo estudiantil como “no ideal” y una “carga” que los jóvenes tendrán a cuestas.

“Yo entiendo el punto de ellos que en Estados Unidos universidades públicas cobran más y en Puerto Rico se cobra mucho menos, pero Puerto Rico tiene muchas cosas que son distintas”, resaltó la extitular de Hacienda a este medio.

Sin embargo, Skeel expresó que la JCF ha tomado decisiones pensando en la situación social del país ya que “cuatro de los siete miembros son puertorriqueños” que “están en las comunidades” y “entienden la cultura”.

Por tal razón, aseveró que el ente federal “cree que la UPR es una de las mejores y más exitosas instituciones de Puerto Rico, y es absolutamente esencial para el futuro de la isla”. Según el plan fiscal certificado, la universidad perderá el 50% de los fondos que recibía del gobierno central, cantidad que Skeel considera “significativa”.

“Estamos tomando decisiones difíciles para que Puerto Rico pueda entrar al mercado [de bonos]… en cuanto a la universidad, son decisiones proporcionales difíciles pero que pensamos es la mejor determinación”, reiteró.

Esencial un cambio de ruta

Para Lloveras San Miguel, es hora de que se reflexione sobre el modelo económico que se quiere desarrollar en Puerto Rico, “hasta ahora inexistente”, pues considera que “algo tenemos que haber hecho mal. No podemos haber llegado a esto con decisiones correctas. No podemos seguir dependiendo de los mismos métodos que nos llevaron aquí”.

“De la [sección] 936 nos movimos a la economía de consumo y no miramos con gran detenimiento lo que debemos estar mirando más, que es la sustentabilidad de nuestro modelo económico”, sostuvo.

El líder ambiental criticó el Título V de la Ley Promesa pues sostiene que “no cubre nada de lo que es una economía sustentable”. Este apartado permite que la junta pueda conceder permisos expeditos para construcciones e infraestructura que fomenten el desarrollo económico.

“Ningún país en el mundo ha logrado desarrollo económico sin una economía local fuerte. Nuestra dependencia nos ha evitado tener una economía local fuerte. Necesitamos movernos a una economía de sustentabilidad”, promovió.

Lloveras San Miguel instó a mirar las comunidades como una posible solución a los problemas macroeconómicos del país.

“La realidad es que las comunidades en general se encontraron solas. Esas comunidades se tuvieron que defender completamente solas por muchos días, por muchas semanas. Eso ha creado la importancia de que cuando hablamos de economía resiliente empecemos a pensar en esas economías comunitarias porque al final del día sobrevivieron y fueron un factor clave en la recuperación”, recordó.

Sin embargo, Acosta está convencida de que los poderes excepcionales de la JCF y “establecer límites a la deuda total que será incurrida por Puerto Rico” es la clave para el mejoramiento fiscal.

“La herramienta está ahí, no es perfecta, pero tenemos que aprender a usarla bien y usarla con celeridad. Los últimos años han sido bien difíciles y los próximos todavía lo van a ser más, pero Puerto Rico posee ahora las herramientas para salir de la situación en la que estamos. Necesitamos la voluntad de poder hacerlo”.

Comentarios

Las opiniones y comentarios expresados en la red social Facebook, aquí reproducidos, no reflejan las ideas o posturas de Diálogo UPR, ni sus afiliados. Sugerimos un diálogo respetuoso y de altura al participar del intercambio de opiniones.