Investigadores del Centro para la Evaluación e Investigación Sociomédica, adscrito a la Escuela Graduada de Salud Pública (EGSP) del Recinto de Ciencias Médicas, acaba de recibir la concesión de una propuesta. Este galardón, los convierte en receptores de una partida de dinero de $1 millón para desarrollar cuatro proyectos de investigación, relacionados al tratamiento de desórdenes de sustancias controladas, principalmente con la población penal. Según la doctora Carmen Albizu, investigadora principal de la propuesta, los resultados de las investigaciones contribuirán eventualmente a “establecer colaboración entre investigadores, personal de justicia criminal y formuladores de política pública para identificar y adoptar las mejores prácticas de servicios que trabajen con el problema de abuso de sustancias en confinados durante su transición a la comunidad”. Según la salubrista, las prisiones de Estados Unidos y Puerto Rico alojan a muchas personas con desórdenes de sustancias (uso y abuso de drogas). Las adicciones sin tratar constituyen una de las principales causas de la reincidencia carcelaria. Añadió que “la devaluación de la persona adicta abona a las políticas sociales que criminalizan la enfermedad y le prestan poca atención a identificar las necesidades complejas de esta población y la manera más efectiva de atenderlas. El costo para la persona enferma como para la sociedad, de no tratar las adicciones, es sumamente alto. Necesitamos evidencia científica para diseñar servicios de calidad que se ajusten a las necesidades comprobadas de poblaciones con patrones complejos de morbilidad y de disparidades sociales y así contribuir a aumentar las probabilidades de una reinserción social exitosa.” Diversity-promoting Institutions Drug Abuse Research Program (DIDARP) es el programa del Instituto Nacional en Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés) que otorgó los fondos. La propuesta, acorde con los objetivos del DIDARP, tiene como propósito aumentar la capacidad de investigación en instituciones educativas con una alta matrícula de estudiantes procedentes de grupos minoritarios y que estos trabajos incluyan el tema de uso, abuso o dependencia a sustancias ilícitas y al alcohol. Además, adiestrar a los profesionales de salud mental, de salud pública y clínicos que trabajan con la población penal en uso o abuso de drogas, generar el conocimiento científico y facilitar la adopción de prácticas basadas en evidencia relacionadas con el tratamiento que sean aplicables en Puerto Rico y otras jurisdicciones, manifestó la investigadora. Para lograrlo, los profesionales de la salud del CIES desarrollarán cuatro proyectos pilotos en los dos años de duración de la propuesta. Uno de los estudios conlleva el diseño de medidas para identificar características de los servicios de tratamiento y determinar su efecto sobre la retención de los participantes. Albizu explicó que la retención en tratamiento es esencial para normalizar la vida de la persona que padece de adicción y optimizar su funcionalidad. Se trabajará también con el desarrollo de una escala para explorar la relación entre uso de drogas en prisión y las estrategias utilizadas por confinados para sobrellevar las presiones asociados a la encarcelación. Otro proyecto explorará la asociación de déficit de atención con hiperactividad y el desorden de sustancias controladas en confinados y las implicaciones para el diseño y prestación de tratamiento efectivo. Por último, investigarán cómo las relaciones de parejas afectan el tratamiento de la dependencia a sustancias controladas. Los temas seleccionados para guiar los proyectos surgen de las necesidades identificadas en los estudios de poblaciones penales en Puerto Rico, conducidos también por la doctora Albizu, y sus colaboradores, y en otros realizados por científicos en el sector de justicia criminal de Estados Unidos. “Esperamos que este proyecto fomente la investigación sobre estos asuntos en la facultad y en los estudiantes. Aumentaremos la infraestructura investigativa en la institución”, explicó la doctora Albizu. Luego de ser evaluada y recomendada para financiamiento por un panel de científicos, la propuesta, recibirá fondos por dos años procedente del paquete de estímulo asignado mediante ARRA 2009, que busca incentivar la economía. Se reclutarán 10 estudiantes graduados como asistentes de investigación y ocho facultativos del sistema de la Universidad de Puerto Rico, ubicados en los recintos de Río Piedras, Cayey, Carolina y Ciencias Médicas. Otro facultativo pertenece a la Universidad Carlos Albizu y dos personas serán reclutadas como apoyo. Una de las prioridades del DIDARP es que estas instituciones a las que se le otorga el dinero cuenten con 50% o más de matricula compuesta por estudiantes de grupos minoritarios, en este caso, latino. Igualmente, pretende fomentar el desarrollo y la capacidad de conducir investigación en estos temas en un grupo diverso de facultad y estudiantes, que actualmente están sub representados en lo que concierne a investigaciones relacionadas con desórdenes de sustancias en Estados Unidos. El donativo incluye también recursos para fortalecer otros elementos de la infraestructura institucional que son necesarios para conducir con éxito la investigación relacionada al abuso de drogas.
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