El Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras reiteró su oposición al camino que ha tomado la administración del gobernador Ricardo Rosselló durante las pasadas semanas en cuanto al primer centro docente del País y la enseñanza de la perspectiva de género en las escuelas públicas.
El máximo foro rector del campus riopedrense rechazó la Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento de Gobierno de Puerto Rico (Ley 3 del 2017), ya que promueve la intervención de la rama ejecutiva en la institución y atenta contra la autonomía universitaria al darle al gobernador la potestad de remover miembros de la Junta de Gobierno de la UPR.
Además, la Ley 3 establece que el presupuesto de la UPR quedará congelado hasta el 1 de julio de 2021. Ante esto, el Senado Académico rechazó en las certificaciones 45 y 46 más intentos de reducir la fórmula y la base sobre la cual se calcula el presupuesto de la universidad, que lleva congelado en $834 millones desde el 2014 por la Ley 66. El ente académico también exigió que la asignación presupuestaria del Fondo General sea según se estipula en la Ley 2 del 1966 para garantizar el cumplimiento con la misión de la UPR en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
Por otro lado, en la Certificación 56 el cónclave condenó la derogación de las cartas circulares 19 (2014-2015) y 16 (2015-2016) que tratan de la política pública sobre equidad y perspectiva de género en el sistema de instrucción pública del país, ya que dicha oposición se basa en “visiones que pretenden echar para atrás los avances en derechos humanos de los cuales las poblaciones discriminadas deben disfrutar plenamente”. También exhortó a la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, a reunirse con los grupos de interés para considerar posibles recomendaciones al gobernador que sean cónsonas con las necesidades actuales que atienden las políticas locales, federales e internacionales.