El millonario recorte presupuestario de $450 millones para el 2021 a la Universidad de Puerto Rico (UPR) –propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) con la anuencia del gobierno de turno– implicará “un ajuste considerable en la partida de nómina y beneficios marginales”.
A esa conclusión llegó la profesora y directora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la UPR, Eileen Segarra, quien depuso ayer en una mesa redonda realizada por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) del capítulo del recinto riopedrense.
La actividad, que se llevó a cabo en la sede del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) en Río Piedras, contó con dos partes: la primera trató sobre un resumen del cuadro fiscal al que se enfrenta el primer centro docente del país, y la segunda se encargó de dar a conocer algunas propuestas que varios docentes elaboraron para generar ingresos a la institución.
De entrada, Segarra indicó que considerando la reducción de ingresos por concepto del Fondo General para el próximo año fiscal 2017-2018 que inicia el 1 de julio –$202.7 millones, de acuerdo con el presupuesto recomendado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares– será inevitable un detrimento de “cierta operacionalidad dentro de la universidad”.
La economista explicó que el presupuesto consolidado de la UPR está compuesto por el Fondo General de la institución y por fondos de uso específico, como los desembolsos federales. Los ingresos con cargo al Fondo General puede ser utilizados de manera discrecional. Dicho de otro modo, la administración tiene mayor libertad a la hora de distribuir estos ingresos dentro del sistema universitario y sus dependencias.
Lo contrario sucede con los fondos de uso específico: estos van destinados a investigaciones y proyectos de construcción, por ejemplo, por lo que el manejo de estos recursos por parte de la administración universitaria está limitado. “Eso entra al presupuesto consolidado pero no entra [al presupuesto del] Fondo General”, expresó Segarra.
Así las cosas, un ajuste en lo que recibe la universidad por concepto del Fondo General será más perjudicial que si se considera en conjunto, es decir, con el presupuesto consolidado.
El presupuesto consolidado de la UPR vigente ascendió a $1,469.5 millones, incluyendo el dinero para el pago de la deuda de la institución. La profesora mencionó que “al sumar las asignaciones especiales y los ingresos de juegos al azar, vemos que el 66% de los ingresos del presupuesto consolidado proviene de fondos estatales. El 59% del presupuesto consolidado va al pago de nómina y aportaciones patronales, el 14% a becas federales, subsidios y donativos y el 4% al pago de deuda”.
No obstante, ante el panorama actual al que se enfrenta la institución, Segarra explicó que el presupuesto recomendado por Rosselló Nevares, “reduce la aportación estatal en aproximadamente $200 millones, lo que representa un recorte sustancialmente mayor que el anticipado”, de $149 millones. Esta cifra había sido adelantada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto meses atrás para la elaboración del plan fiscal de la UPR.
Además indicó que el presupuesto recomendado para el próximo año fiscal no cuenta con una asignación de fondos para el pago de la deuda, lo que podría implicar que la universidad tenga que buscar alternativas para recobrar esos fondos “si decide pagar la deuda”.
Por su parte, el profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras, Waldemiro Vélez, presentó una línea de tiempo en que la universidad ha sufrido varias reducciones de las aportaciones gubernamentales desde el 1991 hasta el 2014. Según Vélez, el total estimado de reducciones en aportaciones a través de varias medidas y leyes gubernamentales suman a $402 millones.
Educación a distancia como fuente de ingreso
La segunda parte de la jornada constó de una discusión de medidas elaboradas por los participantes en torno a cómo aumentar los ingresos a la UPR.
Entre ellas se presentó la idea de allegar fondos a las arcas universitarias vía programas de educación a distancia. Según el profesor Juan Meléndez Alicea –quien presentó la propuesta junto a la profesora Beatriz Guerrero de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla– existe la necesidad de que la universidad establezca programas de educación a distancia atractivos para la comunidad extranjera. Sin embargo, destacó que no se puede hacer “de agosto para diciembre” ya que es un proceso que requiere mucho pensamiento.
