La rectora interina del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Carmen H. Rivera Vega, informó hoy, a través de una comunicación dirigida a la comunidad universitaria, que debido a la Orden de Mandamus e Injuction Preliminar del Tribunal de Apelaciones oportunamente estará “emitiendo instrucciones al personal docente y no docente, así como al estudiantado, para cumplir con estas directrices del tribunal”.
La rectora reconoció que la población puertorriqueña en y fuera de la Isla ha comprendido la urgencia de los reclamos estudiantiles. Sin embargo, recalcó que “no podemos ignorar los efectos que tiene mantener al recinto inoperante. Ello, no solamente por los riesgos que representa para la acreditación de la institución o para el acceso (en estos momentos suspendido) a ayuda económica para el estudiantado, sino también por la paralización misma de la tarea académica y administrativa vital en cualquier quehacer universitario”.
Asimismo, Rivera Vega explicó que la reciente Orden de Mandamus e Injunction Preliminar, emitida el pasado 5 de mayo por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, ordena, textualmente, “al Recinto de Río Piedras y a la Universidad de Puerto Rico, a través de su presidenta interina y rectora interina, a no más tardar del próximo jueves, 11 de mayo de 2017, a las seis de la mañana (6:00 am), a proveer los cursos en el calendario académico del presente semestre universitario y restablecer el acceso al Recinto…” (pág. 44.)
El tribunal mandata a la Universidad, a través de todos sus oficiales, agentes y empleados(as) a “(a) continuar con las labores educativas del recinto, conforme al calendario educativo vigente; (b) permitir el libre y seguro acceso al recinto, sus instalaciones, edificios y salones de clases y actividades; y, (c) no impedir de ninguna forma lo dispuesto en [la] orden” (pág. 44-45).
La orden judicial, por sus propios términos, es obligatoria para todos los “oficiales, agentes, sirvientes(as), empleados(as) y abogados o abogadas’ de la Universidad lo cual implica a la comunidad universitaria con vínculos directos y formales con el recinto y la Universidad, incluyendo a: sus empleados(as) docentes y no docentes, a tiempo parcial al igual que jornada completa, contratistas, estudiantes, profesores(as) y otros(as) con iguales vínculos directos y formales con el recinto y la Universidad” (pág. 45).
“Desde esta posición hemos promovido firmemente la solución pacífica de este conflicto por vías que garanticen la apertura del recinto con la validez moral que brinda la legitimidad del consenso, que es vital para sostener una institución universitaria. Por otro lado, en este momento, tenemos un dictamen dispuesto por el Tribunal que ordena la apertura del Recinto este jueves, 11 de mayo de 2017. Nuevamente hago un llamado al estudiantado y a todos los miembros de la comunidad universitaria, desde los espacios que ocupan y los medios que tienen (reuniones, comunicados, asamblea estudiantil, etc.), a actuar con los más preciados valores universitarios de forma consensuada y cónsona con la política institucional que rige a nuestra Universidad”, puntualizó la rectora interina.
Estudiantes responden a la decisión del tribunal
Por su parte, el movimiento estudiantil de la UPRRP, en paralización durante 39 días, aseguró en un comunicado de prensa que repudia la decisión del Tribunal Apelativo para amedrentar el voto de huelga que se tomó democráticamente en una Asamblea Nacional de Estudiantes.
“Está claro que la intención del Estado y su aparato judicial es incitar la confrontación y amedrentar a los y las estudiantes en huelga. Cabe recalcar que ninguno de nuestros reclamos han sido escuchados y no ha habido una disposición al diálogo y a la negociación de buena fe de parte de la Administración Universitaria y el gobierno para así atenderlos”, exponen en el comunicado de prensa.
El movimiento estudiantil también repudió las enmiendas propuestas al Código Penal de Puerto Rico para criminalizar la manifestación de los ciudadanos. Según ellos, con esto queda evidenciado el carácter opresivo del Gobierno y del Estado hacia los estudiantes por ejercer su derecho a la libre expresión.
“Hacemos un llamado a todo el estudiantado a continuar luchando por nuestros reclamos. Igualmente, hacemos un llamado a todos los y las trabajadoras de la Universidad a unirnos como comunidad universitaria para defender a la Universidad de nuestro país para que sea una pública, accesible y de calidad” indican en la comunicación.
Asimismo, el Consejo General de Estudiantes de la UPR en Cayey emitió un comunicado en el que se le exhorta a los demandados: la presidenta interina, Nivia Fernández; la rectora interina, Carmen Haydeé Rivera Vega; y al presidente de la Junta de Gobierno, Carlos Pérez Díaz, que soliciten una moción de reconsideración ante el TA o solicitar un recurso de certiorari al Tribunal Supremo bajo la regla 52 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones del 1996.
Al igual que la rectora de la UPRRP imploran que se aspire a conversar “independientemente de su postura sobre la paralización de labores, a modo tal que no ocurran sucesos lamentables”.
“Además, entendiendo la naturaleza colectiva de la defensa de nuestra institución, 1 sola UPR, le exhortamos a nuestros estudiantes, tanto de Cayey, como los demás recintos, a ofrecer solidaridad de la manera que estime prudente a los estudiantes del recinto riopiedrense, quiénes tendrán consciente esta situación en su próxima Asamblea General de Estudiantes, este 10 de mayo de 2017”, expresó el CGE de la unidad cayeyana.
Desde el 28 de marzo el recinto riopredrense levantó un paro. El 5 de abril en asamblea nacional de estudiantes, los alumnos del campus decretaron una huelga indefinida.
Actualmente, nueve de los 11 recintos del sistema de la UPR se encuentran bajo huelga indefinida, siendo el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) la última unidad en unirse tras la realización de una asamblea extraordinaria el viernes 7 de abril.
En el caso del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), solo se aprobó un paro de 72 horas que culminó el 12 de abril. El estudiantado de la UPR en Aguadilla –la única unidad que no asistió a la asamblea nacional– acordó realizar paros semanales de jueves a domingo. De otro lado, el estudiantado del Conservatorio de Música culminó el 19 de abril un paro de 48 horas.
La paralización estudiantil responde al posible recorte de $450 millones que pretende imponer la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre la Universidad de Puerto Rico. Este recorte fue avalado por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, quien lo incluyó en el plan fiscal.
