El Proyecto del Senado 172, que impulsa una reforma universitaria mediante el establecimiento de la nueva Ley de la Universidad de Puerto Rico (UPR), pondría en riesgo la acreditación de la universidad, alertaron hoy lunes los once rectores del sistema universitario.
En una carta dirigida a los miembros de la Asamblea Legislativa, los académicos indicaron que tal y como está redactada la medida, radicada por petición, no cumple con los estándares de acreditación que exige la Middle States Commission On Higher Education (MSCHE), ente que establece los aspectos de gobernanza, enseñanza, administración y liderazgo en las instituciones de educación superior.
Esto, a su vez, colocaría en riesgo los fondos federales que recibe la universidad por parte del Departamento de Educación Federal, asignaciones que ofrecen servicios directos y ayudas económicas a los estudiantes, alegaron.
Señalaron además que- de aprobarse el proyecto- paralizaría el sistema universitario al crear las condiciones para que la universidad sea más burocrática y menos ágil. “Además, mueve el poder decisional ejecutivo a cuerpos de gobernanza cuyos miembros no tienen responsabilidad fiduciaria, creando serios conflictos de interés”, indicaron.
“No hay duda de que tenemos puntos en común con la propuesta, como es la meta de la despolitización, una cultura de transparencia y evaluación constante de los procesos administrativos, así como de la enseñanza y aprendizaje, toma de decisiones descentralizadas, autonomía fiscal, entre otros. Todos estos temas son de prioridad para la administración universitaria y ya se están atendiendo. Sin embargo, como está redactada la medida, es en detrimento para la universidad porque puede arriesgar la acreditación que tanto ha costado y crearía burocracia adicional que, lejos de agilizar los procesos de la institución, los atrasaría. El proyecto requiere enmiendas que deben ser consultadas con los cuerpos de gobernanza de la institución”, sostuvo el rector del Recinto de Río Piedras, Dr. Luis A. Ferrao Delgado.
Recordó que luego de los eventos estudiantiles del 2017, la administración universitaria actual logró, en junio 2019, “cumplir con un extenso proceso para obtener la acreditación -por ocho años- para todo el sistema UPR”.
“Como está el proyecto, cambia el modelo de gobernanza que rige a la universidad dando la apariencia de incluir a todos los sectores bajo el nuevo Consejo Universitario, que sustituye a la Junta de Gobierno de la institución y las Juntas Administrativas, lo que no es cierto. Bajo esta nueva estructura, se transfieren poderes del ente rector a la Junta Universitaria y a senados académicos, lo que no cumple con los estándares de la agencia acreditadora”, detalló el rector del Recinto Universitario de Mayagüez, Dr. Agustín Rullán Toro.
Agregó que “la propuesta se aleja de la estructura utilizada en las corporaciones, crea conflictos de interés y, al establecer que el cuerpo rector es el Consejo Universitario, pero no dotarlo de las facultades antes descritas, se incumplen con los criterios del Estándar VII de MSCHE, poniendo en peligro la acreditación de la universidad. Este estándar requiere que las instituciones educativas tengan un cuerpo rector legalmente constituido y que establezca sus obligaciones. Hay otras formas de atender las preocupaciones de sus proponentes. Tiene unos principios nobles, pero en su ejecución no beneficia a la institución y por el contrario compromete su futuro”.
Asimismo, los rectores denunciaron- en comunicado de prensa- que la medida presentada no se discutió con todos los sectores que representan a la comunidad universitaria, que se afectaría de manera directa. Los funcionarios advirtieron que el proyecto no está listo para ser aprobado y que requiere amplia discusión, vistas públicas y enmiendas.
“Conforme a los estándares y reglamentaciones de acreditación, una entidad educativa se debe regir por un cuerpo compuesto por miembros externos a la comunidad universitaria, libre de intereses personales para que sus determinaciones y decisiones sean imparciales, saludables, razonables y libres de conflicto de intereses. La Junta Universitaria se compone de estudiantes y profesores, quienes no tienen responsabilidad fiduciaria y su representación tiene tiempo limitado, por lo que incumple con los procesos institucionales”, dijo, por su parte, el Dr. Luis A. Tapia Maldonado, rector de la UPR Utuado.
Los rectores indicaron que la declaración que se hace en el proyecto “de la UPR como un bien público de carácter esencial, debe mantenerse, así como la inclusión de los pares en la evaluación de los directores de departamentos y la restitución de la transferencia anual de recursos del Fondo General a la fórmula provista por la Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966, según enmendada”.
El proyecto senatorial, de ser aprobado, elimina la Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley Número 1 de 20 de enero de 1966, y se transfieren las responsabilidades que ostenta la Junta de Gobierno, máximo organismo rector de la UPR, a la Junta Universitaria, cuyos miembros tendrán las facultades y deberes sobre la aprobación de presupuesto, el nombramiento del principal ejecutivo de la universidad, las políticas sobre el manejo de personal y el nombramiento de personal gerencial, entre otros.
Los rectores indicaron estar disponibles para acudir a la Asamblea Legislativa para proponer cambios.
Por su parte, la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU) defendió el proyecto senatorial y desmintió que la nueva ley ponga en riesgo los fondos federales y acreditaciones de la UPR.
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