Solo tres aspirantes seguirán en ruta para ocupar la silla de la presidencia en propiedad de la Universidad de Puerto Rico (UPR), anunció hoy el Comité de Búsqueda y Consulta de la Junta de Gobierno de la institución por medio de un comunicado.
Se trata de los doctores Alexandra Medina-Borja, Anny Morrobel Sosa y Jorge Haddock Acevedo, quienes pasarán a la próxima ronda de evaluación que consiste en una entrevista personal con miembros de la Junta de Gobierno.
De esta manera, se quedaron a media carrera Keith Terrence Miller, Arturo Avilés González, Carlos A. Colón De Armas y José M. Wiley, quienes formaban parte del grupo de semifinalistas que fuera entrevistado por la Junta Universitaria el pasado 25 de abril.
El anuncio de la reducción de aspirantes se dio un día después de que la Asociación puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) objetara el proceso de búsqueda y consulta de la Junta de Gobierno.
La APPU se opone al proceso de nombrar a una persona que desconozca o ignore la cultura administrativa, académica y la idiosincrasia del sistema universitario, indicaron en un comunicado de prensa.
Sin embargo, para la presidenta del Comité de Búsqueda y consulta de la Junta de Gobierno, Zoraida Buxó, los aspirantes que pasan a la próxima ronda son “profesionales y académicos con un cúmulo de experiencias variadas, y con un deseo enorme de aportar a la universidad y a Puerto Rico”.
“Todos están conscientes de la situación fiscal que enfrenta la institución, y el salario no es su motivación principal para aspirar a la presidencia sino su intención de ser agentes de cambio y dirigir la transformación que necesita la UPR para enfrentar los múltiples retos que vivimos en estos tiempos”, indicó Buxó.
Las expresiones la también vicepresidenta de Junta de Gobierno contradicen las posturas expuestas por una de las aspirantes, Anny Morrobel Sosa, quien en su entrevista ante la Junta Universitaria, objetó el salario de la presidencia de la UPR e incluso sostuvo que “ningún otro candidato de los que están evaluando ahora ha trabajado en este puesto con ese salario”, es decir, con el establecido en la Certificación 90 del año académico 1996-1997, que ubica un tope salarial de $105,000 anuales para el puesto.
Aun así, Lidia Orta Anés, miembro de la APPU, explicó que el proceso de selección y entrevistas de estos candidatos se dio a espaldas de una participación real de la comunidad universitaria. Además, dijo que se secuestraron los procesos de entrevistas y vistas públicas de los Senados Académicos limitando su participación a la evaluación de los curriculum vitae de estos candidatos.
Por su parte, el representante estudiantil y miembro del Comité de Búsqueda y Consulta, Gilberto Domínguez, sostuvo que “los representantes oficiales de la comunidad universitaria sí han participado en el proceso”.
Domínguez atribuyó al paso del huracán María el que se hayan tenido que acortar los términos, pero estableció que en consideración a ello “hemos también esperado a recibir los comentarios de distintos foros como los senados académicos. La participación todavía no termina, falta entrevistar a los candidatos personalmente en la Junta de Gobierno y, una vez se concluya, yo me sentiré satisfecho y preparado para emitir un voto informado de quién debe ser el próximo presidente de la universidad”.
Con él coincidieron los representantes del sector docente de la Junta de Gobierno de la UPR.
“Puedo decir que no soy parte del comité, pero he sido invitada a las reuniones. He estado observando, he podido opinar en el proceso deliberativo. A pesar de que al no ser miembro del comité no puedo votar, me he sentido incluida, mi opinión ha sido importante y creo que parte de representar a los compañeros claustrales es que haya transparencia y los representantes claustrales estemos aquí”, afirmó la representante claustral Mayra Olavarría.
“El proceso, dentro de sus críticas por lo acelerado, ha sido abierto, participativo, todos los miembros de la Junta han tenido espacio para evaluar a los candidatos, emitir sus opiniones, y eso nos ha llevado a esta tercera etapa donde tenemos tres candidatos finalistas”, aseveró el representante docente en el comité, Alan Rodríguez.
Según Rodríguez, es la primera vez que se incluye a los miembros de la Junta Universitaria en el proceso de búsqueda del presidente.
“Por reglamento quienes vienen llamados a evaluar son los senados, se incluyó a la Junta Universitaria para dar una mayor participación”.
La Junta Universitaria es un organismo asesor oficial, de composición amplia, que se constituye de profesores, estudiantes y rectores de todos los recintos y unidades del sistema universitario, y el mismo está adscrito a la Oficina del Presidente. Los expedientes de los candidatos semifinalistas fueron remitidos a los senados académicos de los recintos y unidades, los cuales tuvieron la oportunidad de participar como entes consultados y de presentar sus informes al comité.
La presidencia de la UPR ha estado ocupada interinamente desde julio de 2016, cuando la Junta de Gobierno destituyó al entonces presidente Uroyoán Walker Ramos en medio de las irregularidades por la concesión de becas presidenciales. El proceso de búsqueda y consulta lleva más de un año y medio, y se atrasó por el paso de los ciclones Irma y María en septiembre.
Se espera que el Comité Especial de Búsqueda y Consulta evalúe las recomendaciones de los senados académicos y rinda un informe ante la Junta de Gobierno el 30 de mayo, fecha en la que, presumiblemente, pudiera escogerse el nuevo presidente en propiedad.
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