Independientemente del alcance de los efectos que tenga sobre Puerto Rico la reforma fiscal federal, lo cierto es que el momento en que el proyecto congresional se convierta en ley marcará el inicio de una nueva era en términos contributivos tanto para la Isla como para Estados Unidos.
En el caso de Puerto Rico, la reforma “es el último episodio de ‘welfare’ corporativo en que se ha basado nuestra promoción industrial desde que Puerto Rico fue anexado por Estados Unidos con la firma del Tratado de París en 1898”, opinó ayer el catedrático en economía Jaime Benson en un foro organizado en la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Para Benson, la relación de desigualdad de Puerto Rico respecto a los 50 estados ha provocado no solo que la Isla se convirtiera en un enclave económico desde principios de siglo 20, sino que hayan sido los grandes intereses corporativos extranjeros establecidos en el País los que por décadas dirigieran el rumbo de la economía local.
Su colega Juan Lara, en tanto, recordó que el proyecto legislativo “es una reforma de Estados Unidos para Estados Unidos que toca a Puerto Rico pero no está pensado en Puerto Rico. Todo el debate que tenemos sobre cómo nos afecta y si esto es como un tercer huracán es cierto, pero en esta película somos un extra”.
“Muchas veces hablamos de reforma contributiva cuando realmente se hacen cambios cosméticos al sistema contributivo, pero esto es una verdadera reforma”, agregó Lara.
En la versión del proyecto aprobada en la Cámara de Representantes federal se incluye un arbitrio de 20% a los productos que las empresas matrices en Estados Unidos importan de sus subsidiarias en jurisdicciones extranjeras –como lo es Puerto Rico para propósitos contributivos–.
Por su lado, el Senado aprobó un lenguaje que impone una contribución de 12.5% por concepto de las ganancias generadas por empresas de capital estadounidense en el extranjero (CFC) a partir de bienes intangibles, tales como marcas, patentes u otro tipo de innovación tecnológica. A su vez, ambos proyectos imponen una tasa mínima de repatriación de ganancias que ronda el 10%.
A juicio de la también economista Eileen Segarra, el impuesto al sector manufacturero afectará mucho más a las CFC que operan en Puerto Rico que a aquellas que lo hacen en otros países, ya que la producción de la Isla se orienta casi exclusivamente hacia el mercado de los Estados Unidos. Las empresas establecidas en –por ejemplo– Irlanda o Singapur exportan buena parte de su producción a Europa o Asia, minimizando así el impacto de la reforma contributiva.
Benson, sin embargo, entiende que se ha exagerado el efecto que tendrá la reforma fiscal sobre la economía de Puerto Rico y las empresas de control foráneo. Según el catedrático, desde la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal en 1996, las compañías que se establecieron como CFC en la Isla realmente no han funcionado como un gran generador de empleos, apuntando a que de 70,000 empleos directos que las corporaciones estadounidenses generaban en 1989, esa cifra se ha reducido a la mitad.
“Estas corporaciones que sacan de Puerto Rico cerca de $30,000 millones anuales no serán severamente perjudicadas con ninguna de las propuestas bajo consideración. De aprobarse una tasa impositiva efectiva de 25% a las ganancias que las empresas adjudican anualmente a Puerto Rico sus ganancias disminuirían a $22,500 millones anuales”, señaló Benson.
“Estas ganancias están muy por encima de los promedios globales y sería muy perjudicial para estas corporaciones incurrir en los millonarios costos de mudar sus operaciones fuera de Puerto Rico, echando por la borda décadas de formación de un capital humano local, con tanto conocimiento, experiencia y destrezas”, planteó el economista, quien respalda la propuesta de figuras como la comisionada residente Jenniffer González para que Puerto Rico tribute como jurisdicción doméstica en el marco federal.
Para Lara, no obstante, un impuesto de 20% a la manufactura es “brutal” en cualquier sitio, por lo que entiende que es uno de los elementos que serían alterados en el comité de conferencia congresional que busca reconciliar ambas piezas legislativas.
En el peor escenario para Puerto Rico, la reforma dejaría a las compañías de manufactura establecidas en el País “en gran desventaja” frente a otras jurisdicciones, mientras que en el mejor de los casos, el territorio quedaría “sin ventaja”, esbozó Lara.
“Aún el mejor proyecto sería malo a corto plazo. Claro, a largo plazo el Congreso nos está diciendo ‘ya ustedes son grandes, pónganse los pantalones largos y jueguen pelota dura’. Pero a corto plazo no hay duda de que el efecto sería añadirle una tercera tormenta a la economía”, puntualizó el experto en economía internacional.
Segarra coinicidió con ese planteamiento al catalogar la reforma contributiva como un “wake-up call” para el País de que no se puede seguir dependiendo de incentivos que no están en las manos del gobierno local.
Desde su perspectiva, el cabildeo de última hora del bando puertorriqueño en Washington debe enfocarse en buscar que el proyecto incluya un periodo de ‘phase-out’ al impacto que tendría la reforma sobre Puerto Rico, similar al que se introdujo para la derogación de la sección 936, que a pesar de que se eliminó en 1996, no entró en efecto hasta diez años después.
“Lo que no podemos hacer es lo que hicimos entre 1998 y 2006, en que el gobierno de Puerto Rico se dedicó a ir al Congreso a tratar de que legislaran algo similar [a la 936]. El propósito del ‘phase-out’ [sería] tratar de evitar el choque en el momento en que nos encontramos. Pero mientras tanto, buscar medidas que nos ayuden a realmente ser un país más productivo con una economía de la cual podamos depender”, indicó Segarra.
Entre las medidas que propone la economista se encuentra la de subir las tasas corporativas locales, aprovechando que muchos países conceden créditos tributarios a sus empresas por los gravámenes que pagan en las jurisdicciones foráneas en que operan.
“Teniendo en consideración que casi todas las empresas foráneas que vengan a Puerto Rico van a tener una tasa mínima dondequiera que sea su país doméstico, la respuesta debe ser elevar nuestra tasa contributiva al punto que esté cercano a las tasas mínimas que están pagando a nivel doméstico las compañías que queremos atraer. En el caso de las compañías de Estados Unidos, [según se establece en ambas versiones de la reforma] estas van a poder deducir el 80% de lo que paguen en Puerto Rico”, especificó la catedrática asociada.
Entretanto, de acuerdo con diversos reportes de prensa, se espera que en las próximas horas se conozca el lenguaje final que tendrá el proyecto enmendado y cómo quedará Puerto Rico con esta reforma contributiva.
