Como era de esperarse, el anuncio del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de que su administración abriría la puerta al traspaso de escuelas del sistema público a entidades independientes desató un debate que el país vivió tan recientemente como el pasado cuatrienio, cuando el senador popular Eduardo Bhatia puso sobre la mesa la opción de ceder los planteles más rezagados.
En esta ocasión, Rosselló Nevares prometió no solo experimentar con el modelo de escuelas chárter, sino una transformación en la estructura organizacional del atribulado Departamento de Educación (DE), así como el establecimiento de un programa de vales educativos que, según el primer ejecutivo, ofrecería mayor libertad a los padres a la hora de seleccionar los planteles para sus hijos.
“A las chárter yo les daría una oportunidad estableciendo primero unos requisitos. Lo importante es cómo se escojan las organizaciones [que administrarían las escuelas]. Deben ser organizaciones probadas con un historial de servicio social”, sostuvo la exsubsecretaria de Educación Ana Helvia Quintero.
Para la educadora, organizaciones sin fines de lucro como los Centros Sor Isolina Ferré, Crearte, Peces y Nuestra Escuela; la Universidad de Puerto Rico (UPR) e instituciones de educación superior privadas como la Universidad Interamericana y la Pontificia Universidad Católica serían opciones como administradores que, a su juicio, realizarían una labor de enseñanza muy superior a la que ofrece el DE.
Ayer, la organización Nuestra Escuela se pronunció en contra de la propuesta para las “Escuelas Alianza”, como las denominó el gobernador en su mensaje televisivo. La UPR, por su parte, favoreció el proyecto y se mostró dispuesta a asumir las riendas de planteles públicos “y de esa manera ayudar a mejorar la calidad de la educación en Puerto Rico, al tiempo que obtiene nuevos ingresos para la educación pública universitaria”, según el presidente de la Junta de Gobierno de la institución, Walter Alomar.
En tanto, la secretaria de Educación, Julia Keleher, indicó que la transformación del sistema arrancará con un proyecto piloto en el que 14 escuelas –dos por cada región educativa– pasarían a ser manejadas por organizaciones sin fines de lucro y la UPR.
“La secretaria me parece que ha sido cuidadosa y la realidad es que si los estudiantes mejoran, ¿quién se puede oponer a eso? Lo importante es que sean organizaciones responsables y que haya una evaluación de sus resultados y se pruebe que hacen mejor trabajo. Pero sí estoy de acuerdo en que hay que darle la oportunidad”, recalcó Quintero a Diálogo.
En caso de que el proyecto piloto resultara exitoso, planteó Quintero, este proveería un modelo a seguir para otros planteles públicos, que en teoría podrían implementar medidas similares sin necesariamente ser traspasados a organizaciones independientes del DE.
Sin embargo, para el exsecretario de Educación Rafael Aragunde esta reforma educativa únicamente sirve para realizar unas economías presupuestarias que cumplan con los parámetros impuestos por la Junta de Control Fiscal, y es muy poco probable que redunde en un mejor desempeño académico de los estudiantes del sistema.
“Una reforma verdadera se refiere a un ambiente bajo el cual el país completo se pone de acuerdo en cuanto a ciertas metas particulares, y es un proceso que tomaría décadas en concretarse. Una reforma se trata de una madurez conceptual generalizada, de tener unas visiones que sirvan para tener mejores ciudadanos. En este caso lo que veo son medidas administrativas para lograr unas eficiencias”, opinó Aragunde.
Asimismo, Aragunde refutó el argumento que expuso Rosselló Nevares respecto a la efectividad educativa de las organizaciones sin fines de lucro versus el gobierno.
“Eso me parece que se lo sacaron de la manga. En Estados Unidos hay algunas charters que funcionan porque sirven en regiones con grupos poblacionales donde los padres están obsesionados con las notas de los hijos. La mayoría de las charters dejan todo igual y en algunos casos, como en [el estado de] Luisiana, están cerrando. ¿Dónde está el estudio que valida la efectividad de las charters?”, cuestionó el profesor de la Universidad Interamericana.
Por otro lado, la reforma incluye el establecimiento de los llamados Local Educational Agencies (LEA) en cada una de las actuales siete regiones que componen el DE. Este modelo –que Keleher ha impulsado desde que asumió el cargo–, en principio, fortalecería la autonomía de cada región y les permitiría acceder más fácilmente a fondos federales.
Aragunde y Quintero coincidieron por separado en que la burocracia y el partidismo han minado la capacidad del DE para organizar efectivamente el sistema de enseñanza y allegarle los recursos a las escuelas de forma eficiente.
Para Aragunde, quién ocupó la secretaría del departamento entre 2005 y 2008 –periodo en el que redujo de diez a siete las regiones escolares–, lo ideal sería que estas se eliminaran en su totalidad, permitiendo que las decisiones claves se tomaran a nivel de las superintendencias de distrito, que suelen supervisar a entre 15 y 20 planteles.
Quintero, por su parte, señaló que será importante trabajar para que “las LEA no se conviertan simplemente en siete departamentitos en lugar de uno. La cuestión con la descentralización es que no arregla las cosas por sí sola. Las cosas cambian solo si se cambia la manera de llevar los procesos”.
“Las regiones están politizadas. Tenemos que convencer al maestro de que el partidismo no es cónsono con el proceso educativo. Esa sería una verdadera reforma”, dijo por su parte Aragunde.
El asunto del programa de vales educativos, que el gobernador especificó se implementaría a partir del año escolar 2019-20, trae consigo visos de inconstitucionalidad. Bajo el gobierno de Pedro Rosselló González (1993-2000), los tribunales del país en múltiples ocasiones declararon inconstitucional la práctica según la cual “tú recibes un cheque y envías a tu hijo a la escuela privada de tu preferencia”, en palabras de Aragunde.
Si bien Quintero se abstuvo de abundar sobre el tema hasta que surjan más detalles, reconoció que percibe que “ni el mismo gobierno sabe bien qué va a hacer con [los vales]. Por eso en parte lo dejaron para más adelante”, apuntó la catedrática del Departamento de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras de la UPR.
Asimismo, ni Aragunde ni Quintero le conceden mérito alguno a la proposición de encaminar un modelo educativo bilingüe a nivel de todo el sistema.
De acuerdo con Aragunde, bajo el mando del eventualmente convicto Víctor Fajardo el DE afirmó que había implementado un programa bilingüe en cerca de diez escuelas “pero la realidad es que eran proyectos que quedaron incompletos”, sostuvo, al tiempo que agregó que en Puerto Rico sencillamente no existe el personal capacitado para ofrecer todas las materias en inglés.
En tanto, Quintero argumentó que el enfoque debe ser que la enseñanza del inglés como materia sea efectiva, lo que tornaría innecesario cualquier intento de implantar el modelo bilingüe.
