Reforma, privatización y equidad educativa

El proyecto de reforma educativa que recién convirtió en ley el gobernador Ricardo Rosselló no atiende gran parte de los graves problemas de la educación pública básica de nuestro país, y dos de las estrategias que se presentan como pilares de la reforma, las escuelas chárter y los vales educativos, tienen el gran potencial de agravar significativamente la mayor parte de ellos.

Consideramos como un gran riesgo para la educación pública del País que se intente reformarla con dos estrategias privatizadoras que además de carecer de fundamentación en la investigación y la experiencia, no han producido en los lugares donde se han establecido sistemas educativos más efectivos, eficientes y equitativos.

En ninguno de los países del mundo capitalista con los mejores sistemas de educación básica, como por ejemplo Finlandia, Singapur, Japón, Corea y Canadá, se han utilizado las chárter y los vales educativos como estrategias de reforma educativa; por el contrario, lo que se ha hecho en esos países para lograr la educación de excelencia que los distingue ha sido fortalecer sus escuelas públicas, hacerlas más equitativas y mejorar la preparación y condiciones de trabajo de sus maestros.

Llama la atención que en una primera versión del proyecto de reforma educativa del gobernador Rosselló, las escuelas chárteres que se crean se denominaban Escuelas Alianza, pero en la versión enmendada del proyecto que se le envía al gobernador se les llama Escuelas Públicas Alianza. De esta manera, al igual que lo hace la legislación federal en Estados Unidos con respecto a las escuelas chárter, se insiste en que estas escuelas son públicas, independientemente de que estén administradas por entidades privadas.

No obstante, es evidente que tanto las Escuelas Públicas Alianza, como el programa de vales educativos representan una forma de privatización en la que se transfieren fondos públicos a entidades no gubernamentales. En el caso de las Escuelas Alianza, la transferencia de fondos públicos se hace a unas entidades privadas sin fines de lucro que las estarían administrando y operando, mientras que en lo que respecta al programa de vales educativos, la transferencia es, en una de sus principales vertientes, a escuelas privadas.

Muchos de los proponentes de las escuelas chárter y vales educativos suscriben el planteamiento de que este tipo de privatización no solo ofrece mayores opciones educativas a los estudiantes, sino que hace más efectivo y eficiente la provisión de los servicios educativos que se supone que provean las escuelas públicas.

En su opinión, tanto las chárter como los programas de vales atienden mucho mejor los fines públicos educativos que las escuelas gubernamentales se supone que atiendan, incluyendo entre estos el fin público de mejorar el aprovechamiento académico y las oportunidades educativas de todos los estudiantes.

Sin embargo, la mayor parte de los estudios e investigaciones que se han hecho sobre las escuelas chárter y los vales tanto dentro como fuera de Estados Unidos no respaldan este reclamo. En lo que respecta al desempeño académico, por ejemplo, la evidencia demuestra que las escuelas chárter no han producido en términos generales mejores resultados académicos que las escuelas públicas regulares y en muchas jurisdicciones su desempeño académico ha sido peor que el de las escuelas públicas regulares.

Ciertamente hay escuelas chárter en Estados Unidos que han tenido un buen desempeño en las pruebas estandarizadas que miden el desempeño académico, pero en muchas de estas se ha encontrado que su alto desempeño se ha debido a que tienen, en relación con las escuelas regulares con las que la comparan, una menor proporción de estudiantes pobres, de estudiantes con poco dominio del inglés y de estudiantes con necesidades especiales.

De mayor preocupación para muchos educadores y científicos sociales es la gran cantidad de estudios que muestran que el establecimiento de escuelas chárter y programas de vales educativos, tanto en Estados Unidos como en otros países, ha tendido a empeorar las desigualdades y segregación socioeconómica, racial y étnica del estudiantado en dichos lugares.

La evidencia tiende a demostrar que, como consecuencia, seguramente no intencionada, de la “libre” selección por parte de los padres de escuelas chárter o, mediante los vales, de escuelas privadas, en vez de mejorar e igualar las oportunidades educativas de los estudiantes, dichas oportunidades se estratifican a la vez que se intensifican los procesos de segregación antes mencionados.

De gran preocupación particularmente para las organizaciones magisteriales, para los profesionales de la educación y para los que nos ocupamos de preparar los maestros de calidad que necesitan las escuelas de país, es el efecto negativo y más bien depresivo, ampliamente documentado, que tienen en los salarios y condiciones de trabajo de los maestros las escuelas chárter y programas de vales educativos.

Aunque en la versión final del proyecto que firmó el gobernador se incluyó una enmienda que garantiza a los maestros del Departamento que se recluten en las Escuelas Alianza la escala salarial que ostentaban en dicha agencia, esa garantía no se les extiende a los maestros nuevos que se empleen en dichas escuelas.

Por otro lado, la ley no incluye disposiciones que protejan a los maestros que trabajan en estas escuelas, sean estos nuevos o provenientes del Departamento, de despidos y trato arbitrario e injustificado por parte de las entidades que las operan. De hecho, tampoco obliga a estas entidades a que les otorguen a sus maestros el derecho a conseguir la permanencia en sus puestos o de que se unan a un sindicato.

Otra gran preocupación en Estados Unidos con las escuelas chárter es la frecuencia y el número cada vez mayor de escuelas de este tipo que se han involucrado en casos de corrupción y malversación de fondos públicos, incluso en jurisdicciones con rigurosos mecanismos y requerimientos de rendición de cuenta financiera.

Gran parte de estos casos, sin duda, han sido impulsados por el desmedido afán de lucro que guía a muchas de las compañías privadas atraídas por la gran cantidad de fondos federales y estatales para el establecimiento y manejo de estas escuelas.

Es importante tener en cuenta que la tendencia en Estados Unidos con respecto a las escuelas chárter ha sido a que éstas pasen a ser manejadas y operadas por grandes compañías interestatales, con y sin fines de lucro, conocidas respectivamente como CMOs (Charter Management Organizations) y EMOs (Educational Management Organizations). Se estima que en la actualidad cerca de la mitad de las escuelas chárter en Estados Unidos son operadas por estas grandes compañías privadas “non profit” y “for profit”.

No nos debe extrañar que una tendencia muy parecida a esta pueda muy bien darse en Puerto Rico con el establecimiento de las Escuelas Alianza. De hecho, la ley de reforma no impide que esto pueda suceder. Si bien es cierto que la ley establece que estas escuelas y las entidades privadas que la administren deben ser “sin fines de lucro”, la ley no impide que las entidades “sin fines de lucro” que manejen las Escuelas Alianza, subcontraten empresas “con fines de lucro” para que manejen todos o algunos de los aspectos de la operación de la escuela.

Debemos advertir, que al posibilitar que las escuelas públicas sean operadas y financiadas por empresas foráneas “non profit” y “for profit”, el proyecto del Senado no solo le estaría dando un gran impulso a la privatización de la escuela pública puertorriqueña, sino que además estaría haciendo más difícil el desarrollo en Puerto Rico de un proyecto educativo de país. Este proyecto, por cierto, ya está dificultado por la creciente federalización de nuestro sistema educativo y por la creciente incursión de empresas privadas foráneas.

Es justo señalar que en la última versión del proyecto de ley se introdujeron unas enmiendas que limitan a no más de 10% el número de Escuelas Alianza que se podrían establecer del total de escuelas públicas y a 3% del número de estudiantes del sistema que serán elegibles para el programa de vales educativos.

No dudamos que dichas enmiendas pudieran aminorar en cierto grado las consecuencias nocivas de la implantación de estas estrategias en nuestra educación pública, particularmente en lo que se refiere al potencial que tienen para agravar desigualdades y segregación socioeconómica, racial y étnica en nuestro estudiantado.

En nuestra opinión hubiera sido más apropiado descartar del todo los vales educativos, no solo para evitar dichas consecuencias, sino por los problemas y complicaciones constitucionales que acarrea. Mientras que en el caso de las escuelas chárter o alianzas, nos parece que lo más prudente hubiese sido que su número se limitara a unas muy pocas escuelas en las cuales su establecimiento se pudiera justificar con sólidos fundamentos educativos y sociales.

No obstante, si lo que se persigue en una reforma educativa es “brindar igualdad de oportunidades educativas de alta calidad a todos los estudiantes”, como bien lo propone la ley de reforma que acaba de firmar el gobernador, hubiera sido preferible dar prioridad a políticas educativas que, contrario a las chárter y vales educativos, sí tienen buena fundamentación en la investigación y la experiencia.

Este es el caso, por ejemplo, de políticas dirigidas a invertir en el mejoramiento de los programas de preparación de maestros, en el establecimiento de programas de educación preescolar de calidad para los niños pobres, en la provisión de programas educativos y culturales para estos niños después del horario escolar y durante el verano, y, por supuesto, en el fortalecimiento de todas las escuelas públicas, pero especialmente aquellas a las que asiste el estudiantado más pobre.

Este fortalecimiento conllevaría que estas escuelas tengan maestros y directores bien preparados y con buenas condiciones de trabajo; que los estudiantes tengan buenos servicios de salud, trabajo social, psicología y consejería, así como currículos estimulantes, sólidos y amplios que, además de la comunicación en español e inglés y las áreas de STEM [ciencia, tecnología, ingeniería y matemática] que prioriza la nueva de ley, incluyan la literatura, las bellas artes, los estudios sociales, historia y la educación física.

Cabe resaltar que la evidencia disponible apunta a que todas estas medidas han resultado ser más costo-efectivas o costo-beneficiosas que las chárter y los vales educativos a la hora de “brindar igualdad de oportunidades educativas de alta calidad a todos los estudiantes”.