La Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, de 1951, prevé realizar una reforma para que a las personas perseguidas por su raza, religión, nacionalidad o ideología, se sumen las consecuencias del impacto del ambiental.
El secretario general adjunto para Países Menos Adelantados, Países en Desarrollo sin Litoral y Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), Anwarul K. Chowdhury, dijo a IPS que ha subrayado “el caso de los países más afectados por la degradación ambiental y abogado por el reconocimiento de los refugiados producto de esa situación”.
“Es hora de reconocerlos”, sentenció Chowdhury.
Como ya ha ocurrido con otros tratados y convenciones internacionales, se puede adoptar un protocolo opcional al documento de 1951 para reconocer a los refugiados ambientales, aseguró.
“La comunidad internacional se lo debe a estas desafortunadas víctimas de catástrofes ambientales, ya sea que se manifiesten como emergencias ruidosas o silenciosas”, observó Chowdhury.
No es prudente quedar atados a una única categoría de “refugiados políticos”, mientras el mundo es testigo de movimientos masivos de personas, cruzando fronteras por razones económicas, a lo que ahora se suman las causas ambientales.
“Esperemos que el secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), António Guterrez, hable en defensa de los refugiados ambientales, pues tiene antecedentes de gestionar situaciones de refugiados” como exalto comisionado para los refugiados, apuntó.
En un discurso en el Consejo de Seguridad en 2011, refiriéndose al cambio climático, Guterrez señaló: “Es un desafío que se agrega a la escala y la complejidad de los desplazamientos humanos y un desafío que tiene importantes implicaciones para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional”.
La propuesta de reconocer a los “refugiados ambientales” volvió a presentarse en el marco de la conferencia de organizaciones no gubernamentales en la Semana Internacional de la Sociedad Civil (ICSW, en inglés), que comenzó este martes en Fiyi y concluirá el jueves 8.
El foro anual organizado por Civicus, entre otras plataformas regionales y nacionales, reúne a varias organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, además de otros actores para analizar de forma constructiva soluciones comunes a los desafíos globales.
Y por primera vez en más de 20 años, Civicus organiza el encuentro en la región del Pacífico bajo el lema: “Nuestro Planeta, Nuestra Lucha, Nuestro Futuro”.
Alrededor de una tercera parte de los países menos adelantados, incluidos los PEID, considerados los más pobres del mundo, están en grave riesgo por el recalentamiento global y el consiguiente aumento del nivel del mar, según la ONU.
Selena Victor, directora de política y campaña de Mercy Corps Europe, expresó a IPS que las instituciones y las convenciones deben evolucionar para hacer frente a los nuevos desafíos y el cambio climático como uno de los más acuciantes de nuestro mundo.
“En Mercy Corps reconocemos que la gente se ve obligada a huir debido a muchos factores, persecución política, guerra, violencia, pobreza extrema, y el cambio climático solo es uno de ellos”, explicó.
Victor agregó que es absolutamente crítico “que mantengamos, y reforcemos, la frágil protección disponible para quienes huyen de la persecución, pues no disminuye nuestra obligación de ayudar a todos los que se vieron obligados a huir para que poder sobrevivir junto a sus hijos.
“Frente al número creciente de personas desplazadas en el mundo, la pregunta que debemos hacernos es si la gente escapa para sobrevivir, ¿tenemos que distinguir las razones o concentrar nuestros esfuerzos en apoyar y ofrecer refugio?”, inquirió.
Por su parte, Simon Bradshaw, especialista en cambio climático de Oxfam Australia, mencionó que el cambio climático ya obliga a las personas a abandonar sus tierras y sus hogares y pone a más personas en riesgo de futuros desplazamientos.
“El cambio climático nos afecta a todos, pero los riesgos de desplazamiento son significativamente mayores en países de bajos ingresos y para las personas más pobres. Mujeres, niños, indígenas y otros sectores vulnerables también sufren consecuencias desproporcionadas”, añadió.
Los atolones se encuentran frente a un desafío más grave, pues el aumento del nivel del mar, las olas de mayor tamaño y las tormentas más fuertes inundan la tierras en las que las comunidades cultivan alimentos. Todo esto contamina los pequeños reservorios de agua subterránea de los que dependen para extraer aguadulce, y tragándose hogares.
La reubicación siempre será el último recurso, pero aún las proyecciones más conservadores respecto al aumento en el nivel del mar representa una grave amenaza para las comunidades de los atolones y, en general, para las poblaciones de tierras bajas de todo el mundo.
La pérdida de sus hogares, de sus medios de ingresos y de tierras ancestrales a raíz de los desplazamientos, resume el costo humano y la grave injusticia que significa el cambio climático, subrayó.
La primera prioridad debe ser reducir mucho más rápido la contaminación mundial a fin de limitar el aumento de temperatura por encima de 1.5 grados centígrados, y así reducir de forma significativa el riesgo y las consecuencias del cambio climático.
Minimizar el desplazamiento también depende de ayudar a las comunidades a construir resiliencia a los impactos del cambio climático, que significa aumentar la escala y la accesibilidad de los fondos para la adaptación al cambio climático.
“Es necesario reconocer que deben tomarse todas las medidas posibles para evitar el desplazamiento, pero también apoyar estrategias que garanticen que la gente que se ve forzada a hacerlo, lo haga de forma segura, con dignidad y en sus propios términos”, añadió.
Bradshaw señaló que la negociación de septiembre de 2018 de un Contrato Global sobre Migraciones ofrece una oportunidad crítica para ayudar a garantizar la seguridad, la dignidad y las soluciones duraderas de las personas desplazadas o en riesgo de tener que hacerlo por las consecuencias del recalentamiento global.
Se busca reafirmar la necesidad de minimizar el desplazamiento atendiendo las causas de raíz y los factores de vulnerabilidad, fomentar canales expandidos para la migración regular para quienes no tienen otra alternativa que desplazarse.
Además de comenzar un proceso para garantizar el estatus y el reconocimiento legal de las personas desplazadas en el contexto del cambio climático y garantizar que todas las soluciones preserven los derechos humanos y la soberanía y se basen en las perspectivas y las prioridades de las comunidades afectadas.
