En medio de una investigación en la Legislatura sobre el aumento en la nómina de confianza en varias unidades del Sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Junta de Gobierno de la institución celebró su primera reunión el pasado lunes 17 de agosto.
Esa primera reunión significó también el inicio de los nuevos representantes estudiantiles ante la Junta, Christian Arvelo y Harold Soto Fortuño. Diálogo conversó con ambos sobre algunos de los puntos que primarán en sus agendas de trabajo dentro del máximo foro rector de la UPR.
Fiscalización y acceso a la información
Actualmente, la UPR tiene congelada su asignación presupuestaria (el 9.6% de las rentas anuales ingresadas al Fondo General del tesoro estatal, según dispone la Ley 2 del 1966) por la aprobación en junio de 2014 de la Ley 66, la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno.
Desde entonces la institución recibe, de manera fija, $834 millones de dólares.
El problema, alegan los representantes estudiantiles, es que aún cuando hay un presupuesto fijo –y tras una reorganización de las finanzas de la institución– persisten las denuncias de menos cursos, servicios y plazas.
“El presupuesto ha bajado en todas las unidades. Sabemos, como salió en varios medios, el aumento que ha habido en puestos de confianza, y hay que ver cómo se está distribuyendo el dinero para que no se vea ante el ojo público que se está malgastando”, indicó Soto Fortuño, representante estudiantil subgraduado y estudiante de la UPR en Ponce.
Actualmente, la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor, organismo bicameral de la Asamblea Legislativa, está investigando a la UPR.
“Por eso es que existe el reclamo de la transparencia en lo que tiene que ver con los puestos de confianza, porque mientras los servicios a los estudiantes disminuyen, mientras se alega que hay una crisis fiscal para justificar un aumento en la matrícula, vemos por el otro lado que la nómina de confianza aumenta”, manifestó Arvelo, quien representa a los estudiantes graduados.
Para evitar la discrepancia entre los datos que ofrecen los universitarios versus los que ofrece la administración, el estudiante de la Escuela Graduada de Administración Pública propone una Guía de Transparencia Universitaria, que funcionaría a nivel sistémico y que promovería el flujo de información entre la comunidad universitaria y los diversos cuerpos de gobernanza estudiantil y docente.
“Por ejemplo, si yo soy un estudiante que quiere saber qué aprobó la Junta Administrativa de la unidad tal, que yo pueda ver esa información, que se supone que sea pública. Igual con la Junta Universitaria. Las certificaciones de la Junta Universitaria están disponibles solo para sus miembros. Nosotros entendemos que deben estar públicas, al igual que están las de la Junta de Gobierno”, explicó Arvelo.
Continuidad a los procesos
Ambos representantes estudiantiles criticaron el hecho de que algunas unidades de la UPR ignoran las directrices que tanto la Junta de Gobierno como el presidente de la institución aprueban, y que inciden sobre los servicios a los estudiantes.
Uno de los ejemplos es la Carta Circular 28 que emitió Uroyoán Walker Ramos el pasado año, que regula el uso de la cuota de tecnología que pagan los estudiantes en su matrícula.
“Nosotros quisiéramos saber cuántos rectores han cumplido con esa certificación, que básicamente les dice cómo tienen que usar la cuota de tecnología: que tienen que constituir un comité, y que ese comité tiene que incluir representación estudiantil. Hay recintos que tienen el dinero guardado, y no sabemos si lo han gastado, porque no han acatado la directriz del presidente”, señaló Arvelo.
Lo mismo sucede con la Certificación 50 (Propuesta para el aumento en las tasas de acceso, retención y graduación en la Universidad de Puerto Rico) que aprobó la Junta de Gobierno el semestre pasado y que crea un método alterno de admisión para los estudiantes que no cumplan con el Índice General de Solicitud (IGS) y que sean de escasos recursos.
De acuerdo a Arvelo, las UPR de Arecibo, Bayamón, Cayey y Utuado no han aceptado a ningún estudiante bajo esa directriz. El Recinto Universitario de Mayagüez solo aceptó a un estudiante. “Si de la Junta envían unas directrices, ¿por qué no se están cumpliendo?, subrayó.
“Todos se supone que acepten, lo que pasa es que algunos justifican que se llenó el cupo sin tener que llegar a usar la Certificación 50. Yo quisiera saber qué fue lo que se hizo, cuántos cualificaban y cuántos se consideraron”, agregó Soto Fortuño.
También ocurre una situación similar con el procurador estudiantil. “Se aprobó una política del procurador estudiantil, que se convierte en invitado permanente en los senados académicos, con voz pero sin voto, y hay recintos en los que simple y sencillamente no aceptan la presencia del procurador estudiantil, y eso es una directriz de la Junta de Gobierno”, denunció Arvelo.
Garantizar la evaluación estudiantil de los docentes
Además de los servicios estudiantiles, la evaluación de los profesores es otro de los temas que se encuentra en la agenda de los representantes estudiantiles.
“En la evaluación de los profesores hay que hacer varias cosas. En primer lugar, que las evaluaciones de los profesores estén en Internet. Básicamente es la misma información que encuentras afuera, en Kypo por ejemplo, aunque más formal. Esto no es algo nuevo, universidades en el mundo lo tienen. Tú buscas el profesor, ves los comentarios y las hojas de evaluación de los estudiantes en tal renglón y la puntuación”, expuso Arvelo.
El estudiante graduado informó que el Senado Académico del Recinto de Río Piedras ya aprobó el que las evaluaciones de los profesores estén disponibles en línea.
“Lo que queremos es que a nivel sistémico, las evaluaciones estudiantiles estén disponibles para los estudiantes. Hay dos maneras: abierto, que cualquier persona pueda verlo, o que tú pongas tu número de estudiante a través del portal institucional y que desde ahí puedas verificarlo. Tenemos que irnos moviendo en esa dirección”, puntualizó Arvelo.
Asimismo, los representantes estudiantiles buscan desarrollar una política sistémica donde la evaluación de un profesor hecha por el estudiantado sea considerada y tenga un peso relevante con frecuencia, no solo al momento de otorgar un ascenso o permanencia.
De acuerdo a Soto Fortuño, la idea es que todos los profesores sean evaluados bajo el mismo método. “Hay recintos en los que hay profesores permanentes que no se evalúan, o que no se les da el mismo peso a su evaluación”, dijo.
“Se supone que se tenga en mente la evaluación estudiantil, pero hay veces que no pasa, que la evaluación estudiantil no existe. Cuando te evalúan es para ascenso o permanencia. Fuera de eso no evalúan al docente para nada”, sostuvo Arvelo.
“La UPR tiene la capacidad de bajar los costos de estudios”
A finales de junio, la Junta de Gobierno de la UPR resolvió extender por un año adicional la moratoria al aumento escalonado en la matrícula. Ese asunto se verá nuevamente el año próximo, y ambos representantes estudiantiles tienen sus posturas claras al respecto.
“Si me preguntas si la UPR tiene la capacidad de tener los costos de matrícula más bajos, pues sí, la UPR puede tener los costos de matrícula más bajos. Si el aumento en la matrícula lo que iba a generar eran unos 600 mil dólares, pero se aumentan los puestos de confianza en cinco y seis millones, ¿se justifica el aumento en la matrícula?”, planteó Arvelo.
El asunto de la matrícula toma particular relevancia toda vez que el profesor Edgar Resto, presidente del Comité para la Revisión del Método y Condiciones para establecer los Cargos de Matrícula (mejor conocido como el CAFI 2), es ahora miembro de la Junta de Gobierno como representante claustral. La profesora Gloria Butrón, de la UPR en Cayey, es la otra representante docente.
El CAFI 2 había propuesto en marzo pasado una matrícula ajustada a los ingresos y una redistribución de los fondos institucionales según el nivel socioeconómico del estudiante.
“Sería interesante saber la postura de Resto y Butrón sobre el aumento de la matrícula y sobre la política de la procuraduría estudiantil que se aprobó. (Los representantes estudiantiles) teníamos a Ana Matanzo y a Jorge Valentín como aliados. Hay que ver cómo ahora esta nueva configuración va a estar de cara a la Junta, cómo va a ser el proceder y si va a haber la misma colaboración que hubo con Matanzo, por ejemplo”, teorizó Arvelo.
Plan de trabajo del representante estudiantil subgraduado, Harold Soto Fortuño
Resumen de objetivos – Plan de trabajo del representante estudiantil graduado, Christian Arvelo
