Un nombramiento para un puesto público depende de múltiples consideraciones. Recientemente hemos visto el largo proceso que llevó a la jueza Sonia Sotomayor al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Asimismo hemos visto en el País, los tropiezos de la nueva administración para conseguir un titular para el Departamento de Salud. Aunque son ejemplos aislados, ambas instancias ponen de manifiesto el largo proceso que comienza al momento de buscar un servidor público que esté al frente de un proyecto de envergadura para el País. Más aún si se trata de la Universidad de Puerto Rico, institución que posee uno de los presupuestos más notables del País y una de las responsabilidades más relevantes en la forja de un ciudadano. Con todo esto sobre la mesa, el proceso ha de ser como sigue. Según dispone el artículo 5 de la Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966, según enmendada, lo que procede ahora es en primer lugar que la Junta de Síndicos establezca un sistema de consulta para el nombramiento de un nuevo presidente. El nuevo dirigente tendrá como descripción de labores: presidir el sistema universitario en cuya capacidad actuará en representación de la Junta de Síndicos, y con la colaboración de la Junta Universitaria coordinará y supervisará las labores universitarias. Le corresponderá también armonizar las iniciativas de esos organismos y funcionarios, y tomar sus propias iniciativas para promover el desarrollo de la Universidad. Tras los 40 días de transición que García Padilla propone, los síndicos deberán reunirse y comenzar a evaluar la lista de candidatos a este puesto que indudablemente tiene connotaciones políticas y de confianza. Según se espera y se adelantó en conferencia de prensa, el proceso de selección debe estar completado en o antes del mes de diciembre del año en curso.