Repetición de una pesadilla bancaria

Todo se ha consumado en la banca en Puerto Rico. El rumor de que el 30 de abril culminaría la absorción de Westernbank, R-G Premier Bank y Eurobank quedó confirmado junto a todos sus detalles espectaculares en un ejercicio de relaciones públicas. El Federal Deposit Insurance (FDIC) y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) ejecutaron las transacciones y controlaron la posibilidad de un pánico que impulsara a las personas a retirar sus depósitos bancarios. Mediante una microcirugía discreta, el Comisionado declaró la liquidación y la designación del FDIC como síndico liquidador de la operación de venta asistida de los bancos intervenidos a sus respectivos nuevos dueños: Banco Popular, Scotiabank y Oriental Bank. Fue la culminación de una serie de eventos financieros con impacto noticioso que, por su frecuencia y la diversidad de los bancos afectados, asumieron carácter de brote en el sistema bancario puertorriqueño desde mediados del 2008. A partir de 2005, se fueron revelando, con mucho recato, unas incidencias esporádicas de uno y otro banco nativo con dificultades operacionales y violaciones a los reglamentos de autoridades federales referentes a la contabilización ilegal de transacciones, la valoración impropia de activos y la insuficiencia en los requerimientos de capital de varios bancos. Antecede a estos litigios un deprimido entorno económico y financiero resultante de un estancamiento en la industria de la construcción y el deterioro consecuente en el volumen y la calidad de los activos bancarios por el menoscabo en la rentabilidad de sus hipotecas. Se venía además esfumando el caudal de los recursos bancarios originado por los depósitos de las empresas 936, surtidor abundante y de bajo costo de fondos usados por los bancos en su intermediación financiera en la economía de Puerto Rico desde 1976. Concurrente con el deterioro en la banca comercial en Puerto Rico, ocurría la formación de una burbuja especulativa en torno al precio de las viviendas en los Estados Unidos y el fenómeno asociado de una infiltración en el sistema financiero mundial de activos basados en hipotecas subvaluadas (subprime) originadas en la banca hipotecaria norteamericana. Todo tiende a indicar que la situación bancaria en Puerto Rico se contagió, en parte, con el ambiente externo descrito y por el surgimiento de una versión nativa de la subvaloración y la titulización (securitization) de hipotecas convencionales originadas localmente. Como resultado del brote contagioso en bancos que controlaban cerca de la mitad de los activos bancarios en Puerto Rico, comenzaron insistentes recomendaciones en círculos influyentes de la necesidad de una indefinida consolidación (sic) o fusión de algunos bancos como medida sanitaria para el sistema. El anticipado desenlace tomó la forma de una intervención reglamentaria de rescate (bail out) que FDIC denomina técnicamente “de comprar y asumir control” de una entidad bancaria que asegura sus depósitos con dicha entidad. Fue la culminación de un proceso largo de investigación de las operaciones del banco, diseño de opciones a ejecutarse y evaluación de sus posibles compradores. En el caso particular de Puerto Rico, estas funciones se realizaron en conjunto con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financiera y con el Federal Reserve Board. En los casos ordinarios, como pareció ser el de Puerto Rico, el FDIC vende el banco mediante una subasta entre licitadores residentes en el mismo estado cualificados para que éstos asuman la obligación de todos sus depósitos vigentes y sus activos valiosos. El FDIC adquiere los préstamos inmercadiables. Variantes al proceso ordinario aplicable en circunstancias especiales hubieran sido: 1. Dividir la venta del banco en cuestión entre dos comparadores. 2. Vender el banco a intereses extranjeros o de fuera del estado 3. Vender sin subasta y con asistencia del FDIC 4. Venta aplazada una vez el FDIC le inyecte fondos para la rehabilitación financiera La situación actual en la banca comercial en Puerto Rico es parecida a la acontecida el viernes 31de marzo de 1978. El FDIC ejecutó ese día la venta del Banco de Crédito y Ahorro Ponceño por $ 36.1 millones, y repartió su propiedad entre el Banco Popular, al que le correspondió $400 millones del total de $ 600 millones en depósitos y 36 sucursales, y al Banco Santander, 14 del total de 50 sucursales y $200 millones de los depósitos. De acuerdo con la prensa, la clausura fue adjudicada a la insolvencia esencialmente causada por la otorgación impropia de préstamos de parte de la Junta de Directores a sus miembros, sin suficiente colateral, y al punto que un grupo de cinco debía el 81 por ciento de la cartera. Aunque el cierre del segundo banco de importancia y con 85 años de experiencia exitosa causó gran alarma el día del anuncio, la transición ocurrió durante un fin de semana. El lunes se reabrieron las operaciones de sus sucursales en toda la Isla sin mayor novedad para sus depositantes, empleados y clientes. Para los dueños y la más alta gerencia comenzaban las investigaciones y litigios sobre la adjudicación de responsabilidades. El asunto fue el inicio de una transformación de la fisonomía de la banca comercial en Puerto Rico hacia una mayor presencia de entidades españolas. El caso de Banco Crédito y Ahorro Ponceño y la actual intervención de rescate del FDIC y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras implica dos categorías de repercusiones que deben analizarse con mayor profundidad: su impacto macroeconómico y su efecto en la estructura y eficaz funcionamiento del sistema bancario resultante. El primer impacto se refiere a las repercusiones directas de los eventos reorganizativos en la industria bancaria en términos de su generación de empleo, producción e ingreso nacional. Usualmente, los acuerdos de fusión, consolidación o liquidación incluyen disposiciones para evitar despidos o cambios significativos en compensaciones salariales a la mayoría de los empleados. Sin embargo, a largo plazo, puede reducirse la escala de operación mediante la eliminación de sucursales o consolidación de divisiones corporativas que pudieran implicar reducción en empleo, ingreso y producción en la industria. También puede resultar en una condición oligopolística, caracterizada por el mayor dominio de dos o tres bancos sobre las condiciones crediticias locales, como debemos evitar que ocurra con la nueva fusión. Un análisis del desenlace del evento actual, su comparación con la experiencia pasada y las lecciones derivadas debe esperar para una próxima entrega de esta crónica anunciada. ______ El autor es catedrático jubilado del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.

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