Varias organizaciones manifestaron repudio al Proyecto del Senado 572 dirigido a atender las necesidades e intereses de los estudiantes dotados en Puerto Rico. Esto, debido a que, según las entidades, la pieza legislativa “no ayuda a mejorar de manera inclusiva nuestro sistema de educación pública”.
Entre las asociaciones que objetaron el proyecto discutido en una vista pública de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria la semana pasada están: la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) y la Asociación de Psicología Escolar de Puerto Rico (APEP). También la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) expresó que dicha medida tendría un impacto sobre las finanzas del Departamento de Educación.
En su ponencia, la OGP recomendó consultar con el Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico si posee los recursos para llevar a cabo las encomiendas delegadas, sin la necesidad de asignaciones presupuestarias adicionales. La dependencia gubernamental también sugirió que, desde la perspectiva gerencial, el proyecto sea consultado con la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).
La legislación, creada por el senador Abel Nazario Quiñones, propone enmendar la Ley 149 del 1999, mejor conocida como ‘Ley Orgánica del Departamento de Educación’ para que los estudiantes dotados cuenten con varios beneficios, entre ellos tener programas dirigidos a atender las necesidades académicas del estudiante dotado mediante alternativas de aceleración, enriquecimiento y agrupación, entre otros.
En síntesis, la propuesta busca que el DE asigne $300 mil en fondos para el año fiscal 2017-2018 y $700 mil de forma recurrente para los años fiscales 2019-2020 y 2020-2021 al Instituto de Investigación y Desarrollo para Estudiantes Dotados, Inc. (IIDED) liderado por Héctor Rivera. Anteriormente, esa entidad tuvo que abandonar sus oficinas ubicadas en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey debido a la falta de rendición de cuentas, según un artículo publicado por Diálogo en el 2015.
Sobre el proyecto 572 Tania Álvarez, quien forma parte de la AIPR, expresó que en esencia la medida que está circulando “es la misma que está activa en el DE, pues ya hay una ley que establece la identificación y registro de estos estudiantes”.
“Hay ciertas cosas que la propuesta omitió que son la Carta Circular núm. 7 del 2014-2015 que establece que el Departamento tiene que tomar acción con estos estudiantes y también obvió la ley federal que salió en el 2015 y el Título II que establece unos fondos para esta población”, explicó Álvarez.
Asimismo, mencionó que la única diferencia es que la medida otorga un contrato con un suplidor “supuestamente único que es el Instituto de dotados. Nos oponemos porque desde el 2014 la AIPR ha trabajado a nivel [en conjunto] con un grupo de alianza educativa para garantizar los servicios a esta población. Desde que inició la ley, ya el Departamento ha estado tomando acciones al respecto, así que no nos hace sentido el que se vuelva a tirar la misma ley con la única diferencia de que se le va a estar pagando a un suplidor externo por un trabajo que ya se está haciendo”.
Álvarez estableció que IIDED no es el único que provee los servicios, pues “hay otras entidades educativas que trabajan con esta población. Así que nos preocupa de que se esté eligiendo un único suplidor sin pasar por el debido proceso de cualificación o subasta o competencia como otros suplidores”.
Por su parte, Francisco García, vicepresidente ejecutivo de la AIPR, indicó que el asignar fondos recurrentes a una entidad única privada, “convierte el proyecto de ley en un contrato de servicios exclusivo a una sola entidad fuera del Estado, sin el debido proceso de evaluación y oportunidad a otras partes a someter propuestas similares”.
“Recomendamos eliminar la asignación de fondos a un único suplidor y que se haga un análisis detallado sobre los servicios previamente ofrecidos por dicho suplidor. A su vez, se recomienda que cualquier suplidor que pueda proveer estos servicios conlleve un proceso que garantice que el suplidor trabajará en alineamiento con las metas del DE”, indicó.
Con ellos concordó la APEP, que a pesar de reconocer el interés del Senado en trabajar con la población de estudiantes dotados, expresó su oposición a la aseveración de que el IIDED es la única entidad en Puerto Rico y el Caribe que ofrece los servicios de manera integrada para identificar a los estudiantes dotados.
Según Yadira Sánchez, presidenta de la organización, la exposición de motivos del proyecto de ley constata la efectividad de los programas de IIDED sin incluir datos estadísticos de alguna investigación realizada. “Proponemos que se excluya la mención del Instituto en este proyecto de ley como la única organización contribuyente al tema y que cualquier organización que proponga los servicios a esta población pase por el crisol del gobierno y se constate como una organización bonafide, con personal cualificado, siguiendo así un proceso democrático y equitativo de oportunidad para todos”.
Además, destacó que el proyecto de ley “refiere que los educadores no están capacitados para trabajar con la población y que carecen de las técnicas y recursos necesarios para desarrollar el máximo potencial del estudiante dotado”. Ante esto, Sánchez indicó en su ponencia que la APEP ha creado alianzas con universidades del país para proveer adiestramiento a maestros y profesionales de la psicología sobre varios temas relacionados con estudiantes dotados.
“Entendemos que debemos impactar una cantidad mayor de educadores y psicólogos sobre este tema, lo que dependerá del apoyo del Gobierno de Puerto Rico, específicamente de la colaboración y disposición del Departamento de Educación”, agregó.
Asimismo, reiteró la importancia de contar con la presencia de psicólogos en las escuelas según la Ley 170 del 2000, lo que “facilitaría la identificación y prestación de servicios a esta población”.
Una experiencia de trabajo difícil
Sobre la dinámica de trabajo que el IIDED realizó en la UPR en Cayey en años anteriores, Álvarez expresó en su carácter de madre que fue una experiencia difícil.
“En su momento estuve apoyando las gestiones que estaban haciendo en Cayey sin tener ninguna información acerca de las finanzas, porque en ningún momento la entidad proveyó información al respecto”, indicó.
Álvarez añadió que la universidad en un momento dado quería ser partícipe del proyecto, pero estos “se negaban a que se unieran porque entendían que el Instituto y los dotados eran de ellos”.
“No hubo esa apertura a la universidad para intervenir. Sí habían estudiantes que hacían la práctica y demás, pero tenía que ser autorizado por ellos”, mencionó Álvarez, quien agregó que en su momento llegó a desligarse de toda actividad del Instituto.
También recordó que para el 2014 se le pidió ayuda al entonces director de la iniciativa Héctor Rivera, para poder establecer la primera escuela de dotados en Puerto Rico en el municipio de Guayama. Álvarez detalló que fue un grupo de padres los que le cedieron una escuela privada que iba a cerrar. “Fue privada porque el gobierno no tenía las facilidades para adquirirla en su momento así que asumimos la dirección de la misma”.
Sin embargo, reconoció que el proceso administrativo “fue bien difícil”, pues no quedaron en buenos términos. “Él decidió renunciar porque no habían informes claros y contundentes y cuando miramos los reportes financieros nos puso en una situación bien difícil a nivel que tuvimos que mover y reducir dramáticamente en más de un 60% la plantilla de recursos y de estudiantes”.
Diálogo buscó una reacción de Rivera en reiteradas ocasiones, pero hasta el momento de la publicación de esta nota, los esfuerzos no dieron resultados.
Mientras tanto, Álvarez agregó que luego de muchos sacrificios e inversión del bolsillo del personal se pudo salvar el proyecto y moverse del lugar a pesar de que las relaciones no quedaron muy buenas.
“Claro él nos dejó en una situación bien difícil con los acreedores, con el gobierno, con cuestión de permisologías, todo. Ni la capacidad administrativa tuvo, así que tuvimos que salir al rescate gracias a la AIPR para poder nosotros salir a flote. Te puedo decir que hay niños que no reciben ningún tipo de comunicación de parte de ellos así que también nos preocupa de quiénes son los estudiantes que ellos están escogiendo para brindar servicios o le están comunicando las actividades que están haciendo”, expuso.
En torno al proyecto de ley que se está evaluando dentro de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, expresó su preocupación pues “no queremos que esto sea una propuesta de ley para que unas personas reciban estos fondos y se agarren de estos niños”.
De igual modo, indicó que el proyecto está vigente, sin embargo, declaró que si se llegan a asignar los fondos, estos deben ser dirigidos para esa población y deben ser fiscalizados por el Departamento de Educación.
