En la primera parte de esta columna el autor estableció ayer que el país necesita realizar acciones concertadas para poder enfrentar exitosamente la imposición de las nuevas políticas de austeridad que se avecinan. Expuso, en ese primer texto, algunas de las estrategias adoptadas por otros países que se han visto en el mismo escenario que pisa actualmente Puerto Rico.
En el artículo de hoy nuestro columnista continúa enumerando otras de esas medidas.
Crear grupos de pensamiento interdisciplinario
Se deben crear uno o varios Grupos de Pensamiento Interdisciplinario que analicen lo sucedido, emitan opinión a partir de su peritaje. Se trata de identificar intelectuales, estudiosos y practicantes armónicos con el Movimiento Obrero y sus causas.
La idea es promover reflexiones documentadas que impacten la opinión pública. Ante cada evento, por ejemplo, la aprobación de una ley o la propuesta de un plan fiscal, el grupo se auto-convoca para ofrecer una respuesta rápida, científica y contundente. La misma se preparará por escrito pero puede también sofisticarse con entrevistas y conversaciones en los foros sociales y medios de difusión al alcance.
Establecer alianza con los jóvenes
Los jóvenes pueden contagiar al movimiento obrero de su ánimo positivo y desprendimiento. También, lo pueden ayudar a acceder efectivamente en las redes sociales.
Por su parte, el movimiento obrero debería promover políticas activas y pasivas de empleo juvenil tanto en el sector público como en las empresas, con incentivos para la inserción laboral de la juventud basada en buenas prácticas internacionales y en coordinación con otros actores sociales clave.
Es algo similar al proyecto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y específicamente su Programa de empleo juvenil (PEJ). http://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/lang–en/index.htm
Boicot a las multinacionales que aprobaron Promesa
El movimiento obrero debe utilizar su antigua y exitosa práctica del boicot para impactar a las corporaciones que han premeditado los efectos sociales de Promesa en Puerto Rico.
Se trata de una campaña amplia y concertada de boicot a los productos y servicios de las siguientes corporaciones: Amgen Inc., United Technologies, Massachusetts Mutual Life Insurance, Coca Cola, Johnson & Johnson.
Además, a Abbvie Inc., Merck & Co., Bristol-Myers Squibb, Cardinal Health, AES Corporation, Honeywell International, Energy Answers Corporation, GDF Suez, Praxair Inc. y Excelerate Energy LLC, UTC Aerospace Systems, Citygroup, New York Life Insurance Company (NYLIC), Ambac Financial Group y Allstate Insurance. Esto para que el capital reflexione sobre las consecuencias sociales de sus acciones.
Educación sindical comprensiva y unitaria
Esta recomendación es tanto para sindicalistas como para no sindicalistas, en y fuera de la universidad. Es necesario propiciar un plan de educación anual, interdisciplinario, inter-uniones y a través de todo Puerto Rico. También se pueden incorporar al mismo educadores obreros de otras partes del mundo para que compartan sus retos y experiencias exitosas.
Los sindicatos deben aprender a interactuar con los espacios universitarios disponibles para el debate sobre la cuestión del trabajo. También es necesario conocer, para ser efectivos en sus relaciones con los universitarios, sean estos los docentes, los no docentes, los administradores y los estudiantes.
Impulsar una campaña de medios
El movimiento que se desarrolle debe impulsar una campaña amplia en defensa de los derechos humanos laborales, políticos, sociales, económicos y culturales que aparecen como mandatos en nuestra constitución. También debe orientar sobre los derechos sociales positivizados en nuestro estado de derecho. En especial, el derecho a organizarse sindicalmente y a negociar colectivamente sin intervención gubernamental.
Convocar a la unidad política
Metodológicamente, el movimiento debe tratar de desarrollar un “acuerdo político general” acompañado complementariamente de estudios que surjan a través del diálogo y la negociación entre los interlocutores sociales armónicos con el movimiento obrero y los trabajadores.
Ese acuerdo debe proponer la derogación o reforma de manera profunda de las secuelas legales de las sucesivas reformas laborales de 2009, 2013, 2014 y 2017 producidas como consecuencia de las políticas de austeridad nacional y agravadas por la aprobación de PROMESA.
Desarrollar una propuesta sindical
También se requiere desarrollar una propuesta sindical de regulación del sistema normativo de las relaciones laborales. Esta debe analizar y criticar las reformas puestas en práctica durante los sucesivos estados de excepción que han suspendido la legislación laboral, muchos derechos laborales y hasta apartados de los derechos fundamentales de nuestra Constitución.
Además, debe poder contrarrestar posiciones retrógradas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, representado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Algo parecido al documento que publicó el Consejo Confederal de Comisiones Obreras en España (CCOO) en noviembre de 2016: “Por un modelo más democrático de relaciones laborales y por un cambio en la política económica y social”. (http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/8/o60801.pdf).
Se trata de promover una reflexión colectiva entre diferentes interlocutores sociales de las relaciones laborales, para desarrollar una base sólida de apoyo a las propuestas concretas de derogación de la normativa laboral conservadora aprobada recientemente.
La idea es buscar un modelo legal que supere el impuesto por los sucesivos gobiernos de Puerto Rico y que ciertamente han lacerado permanentemente los derechos sociales, políticos, civiles, económicos y culturales de nuestro pueblo. Es decir, urge la necesidad de reglamentar de nuevo, de manera democrática, sistemática y fundamentalmente consensuada, el trabajo y las relaciones laborales, dejando atrás el resultado de las reformas del 2009, 2013, 2014 y 2017.
Es importante considerar que los sistemas de relaciones laborales donde no se puede negociar colectivamente libremente son una carga pesada para el movimiento obrero y será necesario reformarlos. Esto porque el estado de excepción que se implantó y persiste agrandado materialmente con las reformas estructurales de la legislación laboral del 2017, ha producido una nueva realidad laboral y una nueva correlación de fuerzas que ha modificado sustancialmente la situación anterior a la crisis. Es decir, que se cerró prematuramente una etapa de construcción del sistema de relaciones laborales en el sector público del gobierno central que alcanzó, en casi una década, ciertas conquistas.
Ahora, se inicia otra realidad que irrumpe en el escenario provocando una ruptura radical en los pactos sociales y políticos de la década del 50 del siglo pasado. Tenemos que reconocer que el pacto constitucional está roto. En este nuevo orden de cosas se produce un fortalecimiento acelerado de la unilateralidad de los poderes privados, lo que conforma y a la vez provoca, amplias situaciones de desigualdad y de dominio que comprometen los contrapesos institucionales y las figuras centrales en torno a las cuales ha funcionado el esquema de derechos y poderes derivado de la Constitución.
El sector privado está en control del poder legislativo como nunca antes. La mayoría de los derechos fundamentales están en cuestionamiento o hasta podríamos decir que gravitan en un limbo legal. Por lo tanto, ante el nuevo escenario, es importante proceder a una reconfiguración no parcial, sino de conjunto del sistema.
Esto implica que las mismas uniones tienen que pasar juicio sobre su nivel de participación y activismo en los sistemas. Eso incluye considerar su permanencia o posible reto a los sistemas de relaciones laborales existentes, hoy ciertamente limitados por las políticas de ajuste fiscal y excepción política producida por la invocación caprichosa de la acción legislativa por razón del Estado. Hoy, mantenerse en los sistemas de relaciones laborales donde es imposible negociar apropiadamente es optar por permanecer atado a una camisa de fuerza, que no permite realmente la defensa de los trabajadores.
Cada unión debe juzgar su situación y tomar una determinación que sirva el propósito del colectivo sindical. Alternativas existen, se han utilizado exitosamente en otros logares del mundo. Será necesario desarrollar una contrapropuesta social desde el movimiento obrero y los demás movimientos sociales armónicos.
Adelantamos que tendremos que, entre otros: (1) recurrir a los órganos de control de los pactos y tratados internacionales para denunciar las acciones del capital y el Estado en Puerto Rico y los Estados Unidos de América; (2) buscar formas innovadoras de colaboración en Puerto Rico y sumarnos a lo que acontece en otras partes del mundo, especialmente en el Caribe y Latinoamérica; (3) promover la negociación colectiva, la organización obrera y la unidad transnacional; (4) retomar el vehemente discurso de solidaridad internacional y cooperación internacional en vez de competencia y (5) difundir los valores de cooperación para promover la solidaridad, entre otros.
Más importante aún es promover en nuestro modelo de sociedad un crecimiento impulsado por salarios más altos y estables. Eso para evitar la exclusión social, fomentar la reproducción del mercado de intercambio de forma justa y equilibrada. Por eso, es necesario defender un trabajo y unos salarios decentes para que se proporcione una fuente mucho más estable y digna de demanda social efectiva que sirva la desarrollo de nuestra economía. Esto será objeto de otra reflexión.
Si algo nos enseña la experiencia internacional es que, sin importar el país, la respuesta gubernamental y patronal es la misma: deducción de salarios, desreglamentación de los mercados de trabajo, disminución de los impuestos a ricos y poderosos, liberalización del comercio, liberalización de los mercados financieros, privatización de los servicios públicos y aumento de la competencia. ¡Verdad que le son familiares esos preceptos de la repetida propuesta neoliberal!
Por esa razón, más que nunca, es de gran importancia que esa agenda mínima ciudadana anuncie una nueva propuesta y denuncie las estrategias del capital internacional. Esto porque las mismas siempre suponen un problema de control poco democrático de la democracia y del gobierno. También porque propician una total ausencia de control ciudadano de los procesos económicos gubernamentales.
La realidad es que los bancos y el sistema financiero crearon la crisis económica internacional y que el enorme déficit acumulado por los Estados, fue resultado de rescatar un sistema bancario muy desagradecido. Eso sin consultar a los ciudadanos y penalizándoles con sus acciones.
Los trabajadores no tiene injerencia en las acciones del capital. Ellos y ellas, como el resto de nosotros desconocemos en general sobre las implicaciones de la liberación de los mercados financieros, el incremento en flujos financieros, el aumento de préstamos interbancarios, la libertad de los inversores institucionales, los riesgos de los fondos de cobertura, la súper-comercialización de las hipotecas y otros préstamos, la concesión de préstamos tóxicos e incobrables, el control del mercado de acciones, la especulación y control de la bolsa y el mercado de acciones o de los incentivos a los equipos de dirección de los bancos, que se gastaron los rescates concedidos con nuestro dinero a esas instituciones.
Son esos mismos, los que sin reconocer su responsabilidad y mostrando una gran hipocresía quieren que todos nos sacrifiquemos hoy, para que ellos mantengan sus privilegios. ¡Vaya arrogancia e impunidad! La culpa no es de los trabajadores, ni sus familias, ni de la mayoría de la sociedad.
Todos hemos sufrido el aumento en el costo de vida, la inestabilidad en los trabajos, la inflación que reduce el salario, el despido, el desempleo, entre otros males sociales. Ciertamente, nuestras acciones y más sacrificios serán necesarios para salvar la situación. Eso sí, debemos establecer condiciones, exigir que una nueva sociedad más justa emerja de esta que ha arruinado la avaricia de los bancos y sus consortes en el gobierno.
El autor es catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Actualmente, se desempeña como investigador adjunto invitado del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS) de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) en el Campus de Ciudad Real en España.