La Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo del Senado de Puerto Rico, y su presidenta, Mari Tere González, dieron a conocer hoy, miércoles, el más reciente informe de la investigación sobre el uso de fondos de la National Science Foundation (NSF) por la Universidad de Puerto Rico (UPR).
En el mismo, se encuentran reveladores hallazgos de la Comisión Senatorial luego del proceso de vistas públicas, al igual que las respectivas recomendaciones, tras el sonado escándalo de suspensión de fondos de investigación por parte de la agencia federal hacia el principal centro docente del País.
Según el documento preparado por la senadora Mari Tere González y la Comisión que preside, el ahora expresidente de la UPR, Miguel Muñoz, comenzó "una estrategia de confrontación con la National Science Foundation, al contratar un bufete de abogados para que se encargue del manejo de la situación de la suspensión de fondos".
Se indica, de igual modo, que "la UPR debió crear la Oficina de Cumplimiento con el propósito de auditar los recintos y sus manejos con los requerimientos de la NSF, sin embargo, el proceso para su creación se postergó irrazonablemente. Existen serias dudas sobre el manejo eficiente de la Oficina, pues no se nombró a ninguno(a) de los(as) investigadores(as) con experiencia y peritaje con las normativas federales de NSF y otras agencias". Asimismo, se expresa que "existe una preocupación en cuanto al manejo del dinero que la NSF envía a la UPR bajo la partida de costos indirectos. Ese dinero se entiende que está destinado para gastos que no incluyen el pago de salarios a investigadores, sin embargo, quedó evidenciado que el dinero de costos indirectos se ha usado para aumentar el pago de salarios a investigadores y administradores, en clara violación a la Circular OMB A-21".
"Se ha desarrollado un esquema de manera que ese dinero se convierte en fondos institucionales, lo que hace invisible para NSF el rastreo de su utilización y permite que se use para salarios no permitidos por la reglamentación", continúa detallando el informe de la Comisión de Educación, que también revela que "la NSF realizó 32 señalamientos, de los cuales los principales estaban relacionados con el Sistema de Informes de Tiempo y Esfuerzo. Los señalamientos no fueron informados a la comunidad universitaria sino hasta un año y medio después. El Plan de Acción Correctiva que se había aprobado por NSF para corregir los señalamientos ha tardado más de un año en implementarse. El doctor Miguel Muñoz retrasó la notificación que instruía a los Rectores sobre la autorización para implementar dichas políticas. El Presidente de la UPR tenía conocimiento del incumplimiento y del vencimiento de los términos para cumplir y no actuó con la diligencia y urgencia que requería el momento y las circunstancias".
Acerca del doctor Manuel Gómez (director del Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería de la UPR), el informe indica que, según los testimonios y documentación, "éste autorizó y se llegó a beneficiar del aumento en la paga a los investigadores con el dinero de costos indirectos y cobrando por encima de lo permitido".
"Los testimonios sugieren que el presidente Muñoz, mientras fue Rector del Recinto de Mayagüez, autorizó pagos por encima de lo que permite la reglamentación. Algunos investigadores pueden haber incurrido en la práctica de cobrar doble compensación facturando más de lo que permite la OMB 21-A, y no se ha encontrado gestión alguna que evidencie medidas tomadas por el Presidente para evitar que esto ocurriera", expone el informe.
Se detalla, además, que, alegadamente, el doctor José A. Lasalde Dominicci (Vicepresidente de Investigación y Tecnología de la UPR), "detuvo esta práctica de cobro en el verano de 2011". "De los testimonios surge que el doctor Lasalde negó una petición de pagos al doctor Gómez porque se encontraban en violación a la Reglamentación Federal, y el presidente Miguel Muñoz los aprobó", agrega el documento.
"En los Informes de Tiempo y Esfuerzo, los investigadores debieron incluir el tiempo que estaban trabajando oficialmente y se debió evaluar si esos tiempos y pagos contravenían o no la Circular de OMB A-21. Las personas responsables por velar que se cumpliera con la normativa federal y, posterior a los señalamientos, realizar el Plan de Acción Correctiva e implementarlo, incumplieron con su deber, por negligencia o con intención, provocando la pérdida de fondos federales de investigación en la Universidad de Puerto Rico. De los testimonios surge que esas personas llamadas a cumplir y que no fueron diligentes en su gestión son en principio el doctor Muñoz y el doctor Gómez", culmina el informe en su sección de conclusiones.
