Por: Omaya Sosa
Seis años después de la explosión de los tanques de gasolina de la Caribbean Petroleum (CAPECO) que estremeció a Puerto Rico, la Junta de Investigación de Seguridad y Peligro Químico de Estados Unidos (CSHIB por sus siglas en inglés) concluyó que el siniestro fue provocado por una larga cadena de negligencias de la empresa y de las agencias federales, según había anticipado en el 2009 una investigación del Centro de Periodismo Investigativo.
El fuego que provocó la explosión en el terminal de CAPECO la madrugada del 23 de octubre de 2009 ocurrió porque se sobrellenó el tanque número 409 durante el descargue de una barcaza, la Cape Bruny, debido a que los sistemas de medición de niveles estaban dañados hacía tiempo y la empresa nunca instaló alarmas de aviso de límite en sus tanques. La medición del descargue de millones de galones de combustible diariamente se hacía manualmente y “a ojo” por dos empleados, aún de noche y con pobre iluminación. Los empleados también trabajaban bajo presión para lograr el descargue rápido y ahorrar costos a la empresa.
El derrame provocó el escape de una nube de vapor que cubrió 107 cuerdas llegando al área de tratamiento de aguas dónde a las 12:23 a.m. cámaras de seguridad registraron la ignición del fuego, que se extendió a buena parte de la finca CAPECO en Cataño y duró 60 horas. No se determinó la fuente que prendió la llama, pero en el lugar había múltiples fuentes posibles, sostiene el informe.
El borrador del informe final de la investigación de 97 páginas publicadas el viernes por la CSHIB, responsabiliza a CAPECO por la falta de mantenimiento de sus sistemas de medición, de protocolos, de sistemas de seguridad y sistemas de respuesta a emergencias. De hecho, la agencia encontró que desde 1992 CAPECO había registrado 18 derrames previos en sus propios récords.
Sin embargo, CSHIB hace el mayor énfasis de responsabilidad en las agencias de gobierno y regulatorias, principalmente la Agencia Federal para la Protección Ambiental (EPA, pos sus siglas en inglés) y OSHA (Occupational Safety and Health Administration) quienes conocían de los incumplimientos y dejadez de CAPECO. En el 2009 una investigación del CPI reveló el historial de dos décadas de continuas violaciones de CAPECO ante dichas agencias, las cuales a su vez permitieron a la empresa continuar operando de manera ininterrumpida hasta la explosión.
En el informe la CSHIB puntualiza que pese a la experiencia de CAPECO y otras explosiones similares alrededor del mundo, en los Estados Unidos no existen regulaciones que obliguen a facilidades peligrosas de almacenaje de combustible a implantar medidas de precaución, ni de evaluación y manejo de riesgo. Responsabiliza por esta inacción principalmente a la EPA, a OSHA y a los organismos que establecen los estándares de la industria, tales como el American Petroleum Institute.
Asimismo, como resultado de la investigación de CAPECO, hace recomendaciones de cambios a estas tres entidades, así como a la Asociación Nacional de Protección de Fuegos y al Consejo Internacional de Códigos.
“El sistema regulatorio de los Estados Unidos no considera altamente peligrosos los terminales de almacenaje de líquido inflamable al por mayor, sobre tierra, ni siquiera aquellos cerca de comunidades”, condena la investigación que cita explosiones similares a la de CAPECO en facilidades de Texaco Oil Company en Newark, Nueva Jersey, de la Indian Oil Company en Jaipur, India, y de Buncefield en Hertfordshire, Inglaterra.
En Estados Unidos hay unas 4,800 facilidades de almacenamiento de este tipo, casi 3,000 de ellas a una milla o menos de distancia de comunidades con más de 300,000 residentes.
La pesquisa reveló además que Puerto Rico no está listo para atender emergencias químicas o de fuego a gran escala. La agencia documentó el desastre gubernamental en la respuesta al desastre de CAPECO con 43 agencias federales y locales descoordinadas intentando apagar el fuego en 17 tanques durante dos días y medio sin líder, ni éxito. Ni CAPECO, ni los Bomberos de Puerto Rico y municipales contaban con los equipos y entrenamiento para lidiar con la explosión de más de un tanque pese a que la instalación tenía 48 tanques. El fuego fue finalmente extinguido por una empresa privada dedicada al manejo de emergencias industriales, dice el documento.
La explosión de CAPECO ocurrió el 23 de octubre de 2009 a las 12:23 de la madrugada y 43 agencias federales y estatales respondieron a la emergencia. La investigación encontró que a medida que iba llegando cada agencia, la persona que fungía como el “comandante del incidente” o líder de la respuesta no seguía los protocolos del Sistema de Comando de Incidentes/Sistema Nacional de Manejo de Incidentes. Destaca además la pugna entre la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, que usaba dichos protocolos, y la Guardia Nacional de Puerto Rico que utilizaba estándares militares, por ejemplo. Recalca que un informe de FEMA sobre la respuesta destaca la necesidad de desarrollar un plan de respuesta a incidentes catastróficos y fatalidades masivas en la Isla.
Aunque no hubo muertes como consecuencia directa del siniestro, residentes de comunidades aledañas atribuyeron daños a su salud, incluso una persona con un ataque al corazón, y serios impactos a su comunidad por la explosión. De hecho, el humo provocó que 30,000 personas tuvieran que ser movilizadas.
Asimismo hubo daños millonarios a propiedades del área del área y a las instalaciones del Fuerte Buchanan. No obstante, el daño más patente fue al ambiente. La investigación encontró en el incidente un total de 200,000 galones de gasolina, el equivalente a 20 camiones de trasporte de combustible llenos a capacidad, se derramaron por seis ventiladores del tanque 409. Gran parte del cual fue a parar al arroyo Malaria que conecta con la Bahía de San Juan y estuvo en contacto con unos 22 millones de galones de agua de estos cuerpos. A esta fuente de contaminación se unieron los químicos utilizados durante más de dos días para intentar extinguir el incendio y las emisiones al aire de la quema de combustible. La evaluación ambiental del incidente de la EPA y del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre encontró peces y aves muertas cubiertas en petróleo, incluyendo algunas especies protegidas. El incidente resultó en una declaración de emergencia del presidente Barack Obama.
CAPECO comenzó operaciones en Puerto Rico como una refinería de petróleo en 1955 y, tras cambiar de dueño en múltiples ocasiones, en 2001 se acogió a quiebra. En el 2003 se reorganizó solo para operar como instalación de almacenaje y distribución de combustible. Después del incidente y como parte de un acuerdo con la EPA que requería limpieza, PUMA Energy Caribe LLC adquirió la facilidad y otros activos de CAPECO en agosto de 2010 y es el actual operador.
Este artículo fue publicado originalmente en el Centro de Periodismo Investigativo.
