Durante los pasados años han sido varias las administraciones de gobierno en Puerto Rico que anuncian iniciativas para agilizar la tramitación de permisos gubernamentales; esta vez le tocó el turno al gobernador Luis Fortuño, quien creó mediante orden ejecutiva el Comité Interagencial de Permisos y Endosos. Al igual que iniciativas anteriores, la intención del nuevo Comité es reducir y agilizar el proceso de permisología en Puerto Rico. Fortuño anunció la firma de su Orden Ejecutiva durante su comparecencia ante la Asociación de Constructores de Hogares (ACH). “Con esta orden creamos un sistema integrado, estable y confiable para obtener los permisos. Mi compromiso es eliminar la duplicidad al momento de necesitar certificaciones y lograr minimizar el tiempo de espera al momento de solicitarlo”, aseguró el Primer Ejecutivo. Mediante la Orden Ejecutiva se crea el Centro Interagencial de Endosos bajo la sombrilla de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE). El fin es que todos los permisos para una construcción o un negocio se gestionen en un mismo lugar. Durante la pasada administración, su creó un centro similar en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio llamado Centro Interagencial de Trámite Ágil de Permisos. El propósito final de la administración Fortuño es reducir los permisos y endosos necesarios a la mitad, y establecer un período fijo para que las agencias emitan sus permisos y endosos. “Estamos también encaminados a eliminar toda reglamentación que no sea estrictamente necesaria. En la actualidad, existen permisos que se usaron por primera vez en la década de los 30”, dijo Fortuño a la matrícula de la ACH. En un aparte con la prensa, el Gobernador dijo que espera presentar legislación para agilizar los procesos de permisología en un mes y que esta iniciativa no está reñida con el desarrollo de una “economía sustentable”. Previo al mensaje del Gobernador, el presidente de la ACH Rafael Rojo expuso como las áreas de mayor interés por parte de la industria de la construcción, el establecimiento de subsidios y créditos para el desarrollo de viviendas de interés social; la agilización de permisos; enmiendas a la Ley Notarial; y la creación de una alianza con el gobierno para estimular al comprador de manera que puedan mover el inventario de 13,000 viviendas nuevas en el mercado. Se estima que la mayor parte de esas unidades en inventario tienen precios de entre $200,000 y $300,000. Rojo insistió en que la solución no es bajar los precios de las unidades, sino que -a su juicio- lo que se necesita es incentivar a los compradores.
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