El gobernador Ricardo Rosselló Nevares ofreció un mensaje televisado en el que recopiló una lista de logros que atribuye a su administración y abordó varias gestiones realizadas para atender la situación fiscal y económica del País, incluyendo el haber reducido el gasto operacional para no imponer los recortes adicionales contemplados en el Plan Fiscal Enmendado aprobado por la Junta de Control Fiscal.
“En materia de responsabilidad fiscal y transformación del Gobierno, logramos una reducción de cerca de $2,000 millones, equivalente a sobre el 20% del gasto operacional. Esas economías nos permitieron asumir la responsabilidad por nuestros pensionados y empleados públicos, compromiso que mantenemos firmes ante futuras amenazas a sus pensiones”, esbozó el gobernador durante el mensaje.
La cifra anunciada parte de un desglose de ahorros de $1,834 millones durante los pasados dos años en 22 renglones presupuestarios según un documento suministrado por La Fortaleza a solicitud del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
El desglose, identificado como “Fondo General: Ahorro en la asignación presupuestaria año fiscal 2017 al 2019”, incluye reducciones en 15 agencias, programas o dependencias del Gobierno, así como en la Cámara de Representantes, la Superintendencia del Capitolio, la Universidad de Puerto Rico y los municipios.
Hay dos partidas adicionales identificadas en el documento como “Otros ahorros de asignación presupuestaria y Otras asignaciones presupuestarias incrementales”. El desglose consigna que no está incluida la asignación para las pensiones y el Pay as you Go.
Si bien el documento totaliza una reducción de $1,834 millones en los pasados dos años, cifra que coincide con la ofrecida por el Gobernador durante su mensaje, una mirada más detenida a las partidas en las que el Gobierno asegura haber logrado reducción en el gasto operacional revela que Rosselló está incluyendo ahorros que no se dan por responsabilidad fiscal ni transformación de su administración, y que además son temporeros; y otros renglones en los que la reducción real es menor a la que se desglosa en el documento, según las mismas dependencias del Gobierno.
Este es el caso de $978 millones de ahorros en la asignación presupuestaria de la Administración de Seguros de Salud (Ases). El Gobierno se adjudica la reducción, que no es recurrente, ya que es producto de la asignación especial de $4,900 millones en fondos federales de Medicaid como parte de las asignaciones especiales del Congreso luego del huracán María. Esta legislación federal tiene una vigencia de dos años, y vence en septiembre 2019.
El presidente entrante de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, Heriberto Martínez dijo que la reducción en Ases es ficticia ya que es producto del dinero que usualmente se asignaba del fondo general para sufragar Mi Salud.
“El ahorro es temporero. En una coyuntura en que el Congreso y el presidente tienen el Gobierno federal abierto temporeramente y que la situación del cierre, que no se ha resuelto, es totalmente por un asunto presupuestario me parece que es muy cuesta arriba que se dé una extensión de esta legislación. Ya vimos lo que sucedió con los $600 millones adicionales de fondos del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) a los que no se les dio paso anticipando que esas medidas de emergencia no se van a extender”, alertó el economista.
Cuestionó además que la cifra de casi $2,000 millones de reducciones presupuestarias incluye “ahorros” que no son realidad a esta fecha, sino que se contempla que ocurrirán en el año fiscal 2023. Tal es el caso de la eliminación de las transferencias de fondos del Gobierno central a los municipios. El documento incluye entre sus “ahorros” al presente año fiscal unos $394 millones menos en la aportación del Gobierno central los Municipios, lo que no es correcto.
El presidente del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Javier Carrasquillo, confirmó al CPI que la cifra correcta es $184 millones. Lo que comúnmente se conoce como el subsidio del fondo general a los Municipios, que originalmente eran alrededor de $360 millones se eliminará gradualmente hasta su eliminación en el 2023, según dispone el Plan Fiscal.
Algo similar ocurre con la Universidad de Puerto Rico (UPR). Aunque el documento de La Fortaleza alega una reducción de $431 millones al año fiscal 2019, según datos ofrecidos por la Oficina de Presupuesto de la Administración Central de la UPR, hasta el momento el recorte es de $247.7 millones para ese periodo.
Las discrepancias de las cifras demuestran que las reducciones que adujo el Gobernador durante su mensaje no se han materializado.
Para el expresidente de la Asociación de Economistas, José Caraballo Cueto, el Gobierno no ha demostrado ahorros en eficiencias administrativas sino recortes que afectan los servicios esenciales y las oportunidades a la población de recibir servicios importantes.
De acuerdo con Caraballo Cueto, habría que investigar más a fondo los llamados “other budgetary appropriations” una partida que ha aumentado a $1,379 millones en dos años fiscales sin identificar a qué renglones se refiere.
El economista señaló que mientras se reducen las asignaciones al Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, no hay certeza de qué áreas o quiénes se han convertido en lo que llamó “los ganadores de los recortes a la población“. Indicó que podría ser el pago de los abogados y todo gasto relacionado a la quiebra o contratos y servicios; pero no están detallados en el documento.
“No se puede hablar de reducción de gasto operacional, sino de que se ha aplicado la austeridad en unos programas que ofrecen servicios a la ciudadanía y aumentos en otros que no se especifican. Esto no es ahorro, es austeridad draconiana con unos recortes dramáticos que afectan los servicios”, sostuvo Caraballo Cueto.
De igual forma levantó bandera sobre el pago de las pensiones con el sistema Pay as you Go, que excluye el documento, y el hecho de que los presupuestos no contienen las partidas que eventualmente tendrán que ser destinadas al pago de la deuda. A esto habría que añadirle las múltiples solicitudes de fondos adicionales que han hecho agencias del Gobierno a la Junta de Control Fiscal para poder ofrecer servicios.
Tal es el caso del Departamento de Seguridad Pública, en el que varios de sus negociados como la Policía, Ciencias Forenses, Bomberos, por mencionar algunos han requerido de nuevas asignaciones presupuestarias para mantener sus operaciones.
La Junta de Control Fiscal dejó entrever al CPI que estos ahorros en el gasto operacional del Gobierno contenidos en el Plan Fiscal no han sido certificados. “Actualmente, seguimos trabajando conjuntamente con el Gobierno para validar los ahorros por consolidación de agencias y otras medidas de ahorro”, expresó el ente mediante declaraciones escritas cuando se le preguntó si la Junta había certificado los ahorros reclamados por Rosselló.
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