Con 1,073 votos a favor y 889 en contra, los estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificaron su voto de huelga hasta que la Junta de Gobierno de la institución apruebe los ocho acuerdos alcanzados por el Comité de Diálogo Institucional.
Entre los convenios se encuentran: que la Junta de Gobierno se comprometa a no aumentar el costo de la matrícula, que la administración universitaria se comprometa con la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público; expresión del liderato de la UPR en contra del cierre o privatización de unidades o recintos, y no tomar acciones administrativas en contra de personas que hayan participado en la huelga.
Durante el debate de la moción, presentada por el expresidente del Consejo General de Estudiantes (CGE), Christian Arvelo Forteza, recomendó “volver para atrás y seguir luchando el semestre que viene”.
En estos momentos, la Junta de Gobierno de la UPR está inoperante luego que renunciara hace unos días su presidente, Carlos Pérez, el vicepresidente, Carlos del Río, y Frank Catalá.
Sin embargo, Arvelo Forteza, proponente de la moción, aclaró que la junta de la UPR puede acabar la huelga en el Recinto de Río Piedras hoy mismo si ratifica los acuerdos mediante un referendum.
Los estudiantes prohuelga resistieron a esta recomendación y recordaron los reclamos que los llevaron a paralizar el campus riopedrense durante 58 días.
Algunos de los reclamos estudiantiles son: cero recortes al presupuesto de la UPR, cero aumentos en la matrícula, auditoría de la deuda pública, propiciar una reforma universitaria que surja de la base comunitaria del sistema UPR.
Esta decisión se toma luego que esta semana renunciara la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, por no poder cumplir con la orden del Tribunal de Apelaciones que le obligaba a abrir los portones del recinto y reanudar las labores académicas en o antes del 11 de mayo.
Con la renuncia de la presidenta interina, indirectamente, se cumple uno de los reclamos estudiantiles. Además, piden que tanto Fernández como el expresidente de la UPR, Miguel Muñoz, retiren sus candidaturas para ser presidentes en propiedad.
En otro turno, la Asamblea –que alcanzó una asistencia de sobre 2,118 alumnos– avaló emplazar al gobernador Ricardo Rosselló Nevares para que se reúna con el comité negociador. Si no se consuma el encuentro con el Ejecutivo antes de que se abran los portones, se realizará una nueva asamblea estudiantil.
También, el cuerpo aceptó la moción que busca crear una Jornada de Lucha que incluye participar mañana en la marcha que se celebrará desde el Capitolio hasta La Fortaleza como parte del Día Nacional de Estudiantes en Lucha. Además, unirse al Día Nacional en contra de los Bancos el próximo 2 de junio.
Asimismo, durante la cuarta Asamblea General de Estudiantes, los presentes aprobaron por mayoría evidente solicitarle a la Asamblea Legislativa y al gobierno establecer que la UPR es un bien social y esencial.
Esta moción también incluye una moratoria al plan fiscal que debe someter la Junta de Gobierno a la Junta de Control Fiscal y a los recortes que se prevén para el presupuesto del sistema universitario. Además, se propuso crear una comisión multisectorial para allegar fondos a las arcas de la UPR.
Durante el primer punto en agenda, se habló de la reunión que sostuvo ayer el estudiantado con miembros de la Junta de Control Fiscal siendo el primer sector del País que se ha sentado a dialogar con el ente federal impuesto por el Congreso de Estados Unidos.
En la reunión, la presidenta del CGE, Wilmarí de Jesús, comunicó que la Junta aseguró que los recortes de $512 millones al presupuesto de la UPR son necesarios y que el ente les dijo que necesitan cuadrar las finanzas del País.
A preguntas de los estudiantes sobre si creían justo el recorte que realizan al presupuesto de la UPR, José Carrión III les comunicó que “lo justo es subjetivo”, dijo de Jesús en la asamblea.
La estudiante Verónica Figueroa, quien también estuvo presente en la reunión, añadió que Ana Matosantos –miembro de la JCF– quiere convertir la UPR en una institución al estilo estadounidense, las cuales se benefician económicamente en su mayoría por fondos federales. Esto, para que el gobierno no esté tan ligado monetariamente con el sistema universitario.
Entre los logros que reclama el estudiantado en huelga durante 58 días se encuentra: conseguir que la administración universitaria se posiciones a favor de una Comisión Universitaria de Auditoría de la Deuda; la formación de un Comité de Reforma Universitaria a nivel nacional; y la presentación de cinco Proyectos de Ley que han sido endosados por la Asamblea Legislativa y que buscan atraer unos $500 millones a las arcas de la UPR.
