El gobernador Ricardo Rosselló Nevares rechazó hoy la propuesta impulsada por la Junta de Control Fiscal (JCF) de recortar $300 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR).
En una misiva de ocho páginas enviada al presidente de la junta, José Carrión III, el primer mandatario expresó que su administración no limitará “el acceso a la educación superior, que es una llave para la movilidad social y el desarrollo económico”.
La propuesta de la JCF formó parte de una serie de sugerencias que el organismo federal envió al primer mandatario el pasado 18 de enero y en la que se incluyeron “las metas, objetivos y parámetros que deberá contener el plan fiscal de la nueva administración”.
En respuesta, dos días después de esa comunicación, Rosselló Nevares enumeró una serie de medidas que trabaja su gobierno –rescatadas de su Plan para Puerto Rico– y con las que esperan poder atajar el déficit fiscal al que se enfrenta el país. De acuerdo con los cálculos de la JCF, el déficit presupuestario del gobierno alcanza los $7,600 millones.
Respecto a la UPR, la junta recomendó implantar un costo de matrícula ajustado a los ingresos, reducir los costos de mantenimiento en la institución y redistribuir el personal docente y administrativo. Asimismo, las recomendaciones –presentadas como el cuarto punto de la misiva enviada a Rosselló y que se titula “Reducción de los gastos en educación superior”– sostienen la necesidad de que la universidad estatal incremente el número de estudiantes internacionales y de Estados Unidos, así como el acceso a más fondos federales (grants).
Sin embargo, Rosselló Nevares presentó otras estrategias que podrían evitar que la UPR se vea afectada con un recorte de $300 millones, cerca de un 36% de la aportación que recibe la universidad del Estado proveniente del fondo general por concepto de la fórmula del 9.6%, establecida en la Ley 2 de 1966, y congelada por la Ley 66 del 2014.
Aseguró, por ejemplo, que el gobierno buscará vías para “mejorar la gobernanza del sistema universitario, por medio una administración independiente de los campus principales y especializar a los campus restantes para que sigan siendo productivos”.
Aunque no descartó la matrícula ajustada a los ingresos, el gobernador indicó que evaluaría su aplicación a estudiantes que no reciban la beca Pell.
“Como parte de nuestras propuestas de políticas novedosas que se incorporarán al plan fiscal, el gobierno colaborará con la UPR para prestar servicios que tradicionalmente han sido subcontratados al sector privado. Esto permitirá un mayor flujo de fondos a la UPR, no como subsidios, sino como resultado de los servicios prestados”, destacó también Rosselló Nevares en su carta.
La respuesta del gobernador fue emitida un día después de que líderes estudiantiles emplazaran al mandatario respecto a las consecuencias que tendrían los recortes en la oferta académica de la institución.
Wilmarí de Jesús Álvarez, presidenta del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, aseguró ayer en conferencia de prensa que los ahorros de $300 millones se pueden hacer por reestructuraciones al Sistema UPR antes de trastocar la matrícula y a los empleados docentes y no docentes.
Asimismo, la estudiante expresó preocupación ante la matrícula ajustada a los ingresos puesto que “se está viendo como la primera opción” sin que se conozca la fórmula o escala por la que se juzgaría el ingreso y se cobraría la matrícula.
Aquí la carta de Rosselló Nevares en respuesta a la JCF:
Contestación de Rosselló a carta de la Junta de Control Fiscal by Diálogo on Scribd
