Solo un milagro podría salvar a la presidenta Dilma Rousseff de la destitución en el juicio político en el Senado de Brasil, que empezó el 25 de agosto y cuyo desenlace se prevé para seis días después.
Es la evaluación de Fernando Lattman-Weltman, profesor de política en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, un crítico del proceso contra Rousseff, que considera “un golpe”, al igual que lo hacen los partidarios de la presidenta, suspendida de funciones desde el 12 de mayo.
“Un hecho consumado” es como ve la situación Antonio Augusto de Queiroz, director de Documentación del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria, una organización que sigue las cuestiones legislativas para el movimiento sindical.
Sesenta de los 81 senadores aprobaron el enjuiciamiento de la presidenta el 9 de agosto, lo que anticipa que se alcanzará con creces la mayoría de dos tercios que la Constitución exige para inhabilitarla definitivamente.
Ese fue el último paso para abrir el juicio que pondrá fin al largo proceso destinado a sacar del poder a la primera mujer que alcanzó la presidencia de Brasil, al ganar los comicios de 2010 y resultar reelecta en 2014.
El procedimiento de “impeachment” (destitución) se abrió en diciembre, cuando el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, alejado del cargo por denuncias de corrupción y obstrucción a las investigaciones en su contra, acogió una de las 37 solicitudes efectuadas por personas e instituciones para inhabilitar a Rousseff.
El 17 de abril, la Cámara de Diputados aprobó, por 367 votos a 137, la continuidad del proceso, derivándolo al Senado que es la instancia juzgadora en estos casos.
La acusación es de delito de responsabilidad, un concepto genérico y difuso que permite destituir al jefe del Poder Ejecutivo cuando “atenta” contra “el libre ejercicio” de los demás poderes constitucionales, la seguridad interna del país, la probidad administrativa, la ley presupuestaria y otras legislaciones.
El Senado acogió el proceso por 55 votos contra 22, una decisión adoptada el 12 de mayo que determinó la suspensión de las funciones de Rousseff y la designación del vicepresidente Michel Temer, como mandatario interino, hasta el fallo final de los senadores.
Todas esas decisiones de diputados y senadores fueron precedidas por resoluciones de comisiones especiales, aprobadas tras largos debates y trámites procesuales. El Senado tenía un plazo de 180 días para concluir el juicio, pero deberá hacerlo en 111 días.
“El golpe, la ruptura ya ocurrió, ahora se trata solo de confirmarlo en el Senado”, dijo Lattman-Weltman a IPS. “Es una mala salida para la crisis, porque disminuye las instituciones, rompe las reglas democráticas, el orden jurídico”, que requiere el voto popular para legitimar el poder, acotó.
Pero no piensa así una amplia mayoría de legisladores, que viene superando fácilmente los dos tercios constitucionales para proseguir con el proceso, y de la población, que desde 2015 se manifestó en multitudinarias protestas en contra del gobierno de Rousseff y del Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó el país desde 2003, hasta mayo.
“El principal error de la presidenta fue la falta de diálogo no solo con el parlamento, sino también con el mercado, con los empresarios”, analizó Queiroz para IPS.
“El origen de todo fue el modo de interferir en la economía, reduciendo el margen de utilidades del sector privado, sin un diálogo previo”, explicó. “Enfrentar el sistema financiero, como ella hizo, no perjudica la popularidad del gobernante, porque a nadie le gustan los banqueros, pero es distinto con el sector productivo”, observó.
“Con más diálogo se podría hacer lo que ella hizo sin tantos cuestionamientos, pero se prefirió emplear la autoridad, en lugar de la legitimidad, y la política no perdona a quienes la menosprecian o la usan de forma inadecuada”, concluyó.
Rousseff decidió dar batalla, en sus probables últimos días de presidencia formal.
El 16 de agosto difundió un mensaje a los brasileños y al Senado, condenando el “golpe de Estado” que representaría su destitución y proponiendo un plebiscito para convocar nuevas elecciones presidenciales y un pacto de “Unidad Nacional”, como la fórmula para superar la crisis política.
Su carta abierta tuvo escasa repercusión. Unas elecciones presidenciales anticipadas no son viables, requerirían una enmienda constitucional y un tiempo que superaría el plazo existente, ya que en 2018 serán los comicios regulares, admitió el mismo presidente del PT, Rui Falcão.
Se prevé que la votación de los 81 senadores terminará hoy, 31 de agosto.
La suerte ya está echada, solo se cumplirá los ritos formales del juicio, según Queiroz.
Aun así hay senadores que apuestan por un inesperado vuelco.
“Es difícil, pero no imposible”, según el senador socialista João Capiberibe, que defiende la salida de elecciones extraordinarias para retroceder, en la práctica, al sistema de “elecciones indirectas”, restringidas a colegios electorales legislativos, típicas de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.
Además de la falta de diálogo, “hubo errores en la conducción económica y una situación política incontrolable”, señaló Lattman-Weltman, como causas de la caída de Rousseff y del PT.
El “factor fundamental fue la inseguridad generada por la operación Lava Jato (autolavado de vehículos)”, dijo el cientista político, en referencia al escándalo de corrupción promovido desde la empresa estatal Petrobras, que involucró a más de 200 empresarios, políticos, directivos de empresas y funcionarios del gobierno.
La corrupción fue, de hecho, el gran problema que a juicio de la población echó a perder gobiernos del PT, iniciados en 2003 por el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva. Antes del actual escándalo, hubo otro en 2005, en que fueron condenados varios dirigentes del PT, acusados de comprar votos de parlamentarios.
La presidenta suspendida no está directamente acusada, pero como jefa de dos gobiernos del PT, se vio arrollada por la ira nacional contra la corrupción.
La ironía, y lo que ahonda la inconformidad de Rousseff y sus defensores, es que su destitución la va a decidir un Congreso Nacional poblado y dirigido por parlamentarios denunciados o ya reos por corrupción, cuyos juicios están a cargo del Supremo Tribunal Federal, una instancia donde los juicios duran mucho y las sentencias se demoran largo tiempo.
