Como muchos esperaban, el senado federal de Brasil inició el 12 de mayo el trámite judicial contra la presidenta, Dilma Rousseff, que puede llevar a que la mandataria sea sometida a juicio político.
Según lo que estipula la ley brasileña, la presidenta quedará suspendida durante un máximo de seis meses, mientras se presentan los argumentos en el senado, transformado en un tribunal de justicia liderado por el presidente de la Corte Suprema.
Al final del proceso, la presidenta puede ser absuelta y reinstaurada en el poder o condenada y perder su mandato, además de ser proscrita de la actividad política durante ocho años.
Aunque el proceso acaba de comenzar, muy pocos esperan que Rousseff vuelva a la presidencia. La cantidad de votos que condujo a su suspensión fue abrumadora y hace casi seguro que el resultado sea la condena, a menos que hechos drásticos e inesperados cambien su curso.
Por lo tanto, en general se considera que la transferencia de poder al vicepresidente Michel Temer es definitiva, y que este continuará el mandato hasta su término legal, en 2018.
¿Qué se puede esperar de la presidencia de Temer? No mucho, a decir verdad. Lo más lógico sigue siendo que la crisis política continuará y, en todo caso, se profundizará en los próximos meses y años hasta las elecciones de 2018.
La profunda crisis económica que sufrió el país en los últimos dos años probablemente continuará, aunque posiblemente mitigada por una recuperación cíclica “natural”, que se prevé que de todos modos sea débil y frágil debida, entre otras razones, a la probable incapacidad del nuevo gobierno de alcanzar cierto grado de estabilidad política.
Temer es el líder nominal del mayor partido político del país, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Es un líder nominal porque ya hace tiempo que el partido se ha transformado en una federación de intereses regionales que no responden a una dirección central.
El PMDB es un partido tradicionalmente hábil para los pactos y nunca da su pleno apoyo a un gobierno que no contempla la totalidad de los principales grupos de intereses regionales que lo componen.
Temer era hasta hace poco el presidente del PMDB, pero ejercía muy poco poder efectivo sobre el partido en su conjunto. La primera orden del día para un gobierno liderado por él será adquirir – y adquirir es el término exacto – el apoyo de varios grupos del PMDB lo suficientemente grandes como para que lo respalden en el Congreso.
La dificultad de una configuración de este tipo queda ilustrada por la incapacidad de los expresidentes Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inacio Lula da Silva, además de la propia Rousseff, para hacer un pacto similar.
Cada presidente intenta comprar el apoyo del partido involucrando a su dirección nacional, pero descubre que el partido solo puede comprarse al por menor, grupo por grupo. Los demás partidos de la coalición de Temer pertenecían a la coalición de Rousseff hasta la víspera de la votación en el senado.
Se trata de partidos pequeños creados para negociar a pequeña escala y que están en un movimiento institucional perpetuo. Desprovistos de una perspectiva política o de un programa coherente, respaldan a cualquier gobierno que se demuestre capaz de otorgar cargos y recursos públicos.
La adhesión perdura en función de la probabilidad de que la administración permanezca en el poder. Cuando se deterioran las probabilidades de supervivencia, las deserciones masivas aceleran la desaparición del gobierno. Al final, la única diferencia entre la coalición desalojada y la que tomará el poder es la sustitución del Partido de los Trabajadores (PT) y sus satélites por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El PSDB, aunque no estuviera corroído por las divisiones internas entre los posibles candidatos para las elecciones presidenciales de 2018, es tan incapaz de estabilizar una coalición de gobierno como lo fue el PT. La “nueva” configuración política es, por lo tanto, tan inestable como la que acaba de ser remplazada.
El nuevo equipo de Temer comienza su administración prometiendo reformas económicas liberales duras. De todos modos, nadie promete reformas políticas que no creerían posibles en la situación actual.
El discurso es claramente conservador, pero la única diferencia con respecto al discurso posterior a la reelección de Rousseff es la consideración de nuevas privatizaciones entre las formas de mejorar la situación financiera del gobierno federal.
El nuevo ministro de Economía Henrique Meirelles– y que Lula da Silva quería que Rousseff propusiera para su segundo mandato – anuncia la necesidad de controlar los déficits fiscales, pero sabe que no hay nada que pueda hacer la diferencia en el corto y mediano plazo que él pueda utilizar.
Se habla de los límites de edad para la jubilación, pero este es un instrumento a largo plazo que no podría utilizarse en el caso de las personas a punto de retirarse. Se habla de la necesidad de ingresos, pero mayores impuestos o la creación de nuevos impuestos son inaceptables.
El ministro menciona el recorte de los subsidios para las empresas, que aumentaron drásticamente durante el primer mandato de Rousseff en el cargo, pero uno es escéptico sobre su viabilidad política en una coalición conservadora como la dirigida por Temer.
Al gobierno probablemente le ayude el hecho de que hay muchos indicios de que la economía está tocando fondo. Las economías capitalistas, como bien se sabe, son cíclicas, aun cuando los gobiernos no adoptan políticas económicas equivocadas.
La caída de la producción en 2015 al parecer perdió velocidad recientemente. Cuando uno toca fondo solo hay dos resultados posibles – la economía puede o bien permanecer allí, y los gobiernos celebrarán la “estabilidad” recientemente adquirida, o puede repuntar, y los gobiernos celebrarán la sensatez de su políticas que promovieron la “recuperación”.
No puede haber duda de que dicha estabilidad o recuperación serán celebradas por los grupos políticos en el gobierno y sus amigos, pero nada sustancial habrá cambiado en serio y las posibilidades de retomar el crecimiento seguirán siendo escasas.
En la dirección contraria se puede esperar una agudización de los conflictos políticos dirigidos por grupos organizados como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y los sindicatos, sobre todo en el sector público, que pondrán a prueba los nervios y la determinación del nuevo gobierno.
Si el gobierno no logra lidiar con ellos puede comprometerse su permanencia en el cargo y se abriría un nuevo período de crisis. Si el gobierno recurre a la represión con el riesgo de violencia no hará sino reforzar la acusación de que es producto de un golpe de Estado derechista entre los votantes y la comunidad internacional, que parece responder tibiamente a los intentos del nuevo gobierno de legitimar el cambio de guardia.
En resumen, Rousseff fue retirada de la presidencia sin haber siquiera comenzado a gobernar después de su reelección. A pesar de los intentos de sus seguidores de presentarla como una víctima de una conspiración de la derecha, los hechos sugieren que ella fue en gran medida, pero no exclusivamente, la responsable de su caída.
El nuevo gobierno tendrá que lidiar con problemas de naturaleza muy similar a los que plagaron el primer año y medio del segundo mandato de Rousseff. Las posibilidades de éxito de Temer son sumamente escasas. Las probabilidades de que la crisis política continúe, y tal vez, se profundicen, son abrumadoras, incluso si la crisis económica se atenúa cuando la recesión toque fondo.
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