En su primera asamblea general, el estudiantado del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) decidió realizar un “sal pa’ fuera” y convocar a distintos sectores del país a una manifestación, como parte de las expresiones en contra del panorama de aumentos y recortes que se perfila sobre el primer centro docente para los próximos cinco años, y que iniciará en agosto con un alza de 102% en el costo del crédito subgraduado y un recorte presupuestario de $243 millones en ese lustro.
El “sal pa’ fuera” se realizaría el jueves 10 de mayo, entre las 10:30 a.m. y las 8:30 p.m. El día siguiente –viernes 11– se celebraría la manifestación. Aunque no se especificó en que consistiría el “sal pa’ fuera”, en el pasado iniciativas similares han llevado a la realización de marchas en las avenidas circundantes al recinto.
Antes de decidirse por ese curso de acción, se rechazó (1,630-745) realizar un paro de 72 horas la próxima semana –desde el miércoles 9 hasta el viernes 11–. No obstante, el alumnado favoreció (1,053-808) realizar una segunda asamblea para la tercera semana de mayo, entre el 14 y el 18 de este mes. Igualmente, validó la celebración de una asamblea nacional estudiantil por mayoría evidente, uniéndose así a las asambleas de Ponce y Mayagüez.
El cónclave, llevado a cabo en el Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey, se extendió hasta las 7:30 p.m., dos horas y media más allá del receso académico concedido por la administración universitaria. La asamblea comenzó poco después de las 11:20 a.m., por lo que sobrepasó las ocho horas.
La asamblea se celebró la misma semana en que la Junta de Gobierno de la UPR aprobó aumentar el costo del crédito subgraduado de $57 a $115 para agosto. Lo anterior significa que un semestre de 15 créditos costará $1,725 –de los $855 que cuesta actualmente–. Este aumento, que duplica el costo del crédito, es uno de los puntos de consenso entre la Junta de Control Fiscal (JCF) y el foro rector del centro docente.
Dicha alza, sin embargo, no contempla una subvención por necesidad económica en el costo del crédito, en parte por la discrepancia que hay en ese tema entre ambos entes.
La UPR está utilizando el plan fiscal que aprobó su Junta de Gobierno, aun cuando la JCF certificó otro documento –que es el vinculante, para propósitos de la ley Promesa–. Parte de las diferencias es que el fondo para becar por necesidad económica en la versión del plan fiscal de la UPR es $38 millones para el próximo año fiscal, pero en el de la JCF dicho fondo es de $9 millones.
Lo anterior implica que el porcentaje de subvención varía entre ambos planes fiscales, explicó Gilberto Domínguez Escalera, representante estudiantil graduado antes la Junta de Gobierno.
Domínguez Escalera agregó que las diferencias entre la gerencia universitaria y el ente fiscal con respecto al aumento en el crédito graduado impidieron igualmente que se aprobara un aumento en ese renglón, por lo que todo apunta a que se quedará en $143. El plan fiscal de la UPR propone un aumento promedio de $700 en la matrícula graduada para el próximo año, mientras que en el de la JCF sería de $2,700.
Emplazan la divulgación de estadísticas de agresiones sexuales
Temprano en la asamblea se aprobó una moción para que, en o antes de agosto –cuando inicia el próximo año académico– la administración del Recinto de Río Piedras divulgue las estadísticas con respecto a los casos de acoso y abuso sexual, así como de violaciones, que se han dado en el campus, incluyendo su desglose por victimario: profesorado, no docentes, personal de seguridad y estudiantado.
Dicha moción incluyó una cláusula para que la gerencia universitaria divulgue una lista identificando los victimarios en los “casos confirmados”, de forma tal que el estudiantado sepa quién es y evite tomar clases o interactuar con el agresor.
La asamblea favoreció que, en el caso de celebrarse una asamblea estudiantil nacional, se presente allí una moción para que se ejecute el Plan de Trabajo para el Cumplimiento con la Reglamentación sobre Estudiantes Transgénero aprobado por la Junta de Gobierno en diciembre de 2016 en las demás unidades, partiendo del protocolo que ya está en desarrollo en el Recinto de Río Piedras.
Presentan querella contra estudiante por agresión
Cerca del mediodía se suscitó un incidente entre el estudiante Ernesto Beltrán y la decana de Estudiantes Gloria Díaz Urbina, que terminó con esta última presentando una querella.
De acuerdo con Díaz Urbina, el alumno le pasó por al lado y le propinó un codazo sin justificación. En ese momento intervinieron miembros de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, quienes neutralizaron al estudiante y le impidieron la entrada a la asamblea hasta que se procesó la denuncia. Beltrán declinó hablar con Diálogo.
Ciertamente, los hechos se dilucidarán en un proceso judicial, pero de trasfondo en esta controversia está el asunto de que Díaz Urbina fue una de las funcionarias que autorizó el cierre de Torre Norte, asunto que ha provocado la ira de los cientos de alumnos que se hospedan allí.
El rector interino del Recinto de Río Piedras, Luis Ferrao, señaló en declaraciones escritas que las presuntas acciones de Beltrán “son absolutamente intolerables” y que “jamás la violencia tendrá cabida en nuestro recinto contra cualquier miembro de la comunidad universitaria, menos aun contra alguien que se ha dedicado en cuerpo y alma al bienestar de los estudiantes”.
“Estoy profundamente consternado e indignado por el ataque físico del que fue víctima esta mañana la doctora Gloria Díaz Urbina, nuestra decana de Estudiantes, a manos de un alumno que no representa en modo alguno a nuestra población estudiantil. Esta repudiable agresión física –ocurrida en una actividad oficial del recinto, a la entrada de la asamblea general de estudiantes en el coliseo Roberto Clemente y atestiguada por varias personas–, es totalmente inaceptable. Se ha radicado una querella oficial, tanto con la policía estatal como con la policía municipal, y se procederá con todo rigor y hasta las últimas consecuencias según lo establece la reglamentación universitaria”, aseguró Ferrao.
Beltrán, de paso, fue uno de los imputados en el proceso judicial que todavía se celebra contra varios estudiantes por irrumpir en una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR el año pasado. Los cargos en su contra fueron archivados.
