Nueve de los once rectores de las unidades del Sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR) salieron hoy de sus cargos. Así se desprende de una carta enviada por la Administración Central de la universidad atribuída a los académicos, pero que no cuenta con la firma de ninguno de los nueve rectores que supuestamente presentaron su renuncia.
Se trata de Noel J. Aymat Santana, rector del Recinto de Ciencias Médicas, María de los Ángeles Castro Arroyo, rectora Interina del Recinto de Río Piedras, Margarita Fernández Zavala, rectora del Recinto de Bayamón, John Fernández Van-Cleve, rector del RUM, Otilio González Cortés, Rector del campus de Arecibo, Moisés Orengo Avilés, rector de Carolina, Doris S. Torres Negrón, rectora interina en Ponce, Raquel G. Vargas Gómez, rectora del campus de Utuado y Nelson A. Vera Hernández, rector, Aguadilla. Hasta el momento, se aclaró que no han salido de su puestos los rectores de Cayey y Humacao, Mario Medina y José Encarnación González, respectivamente.
El anuncio de la salida de los nueve rectores se dio horas después de que se anunciara la renuncia de la de la presidenta interina, Celeste Freytes González.
“Llegado este momento, creemos que toca al ejecutivo llenar las vacantes de la Junta de Gobierno. Como universitarios y ciudadanos responsables hemos intentado cumplir el mandato de reducir el presupuesto institucional, pero no podemos avalar una propuesta que atenta contra la educación superior pública. Por tal razón, nos unimos a la señora presidenta y presentamos nuestra renuncia irrevocable”, lee una misiva enviada en conjunto por los académicos.
En la carta, se sostiene que los rectores indicaron que, a pesar de que Freytes González celebró infinidad de reuniones con representantes de los distintos sectores docentes, no docentes y estudiantiles y de haber hecho “un gran esfuerzo para identificar áreas orientadas a reestructurar operaciones e identificar fuentes de ingreso de cara al futuro (…) no se puede alcanzar la cifra requerida cortando el 36% de la asignación actual”.
“Cada reducción afecta de manera distinta a un sistema universitario heterogéneo donde los ocho años previos de ajustes han debilitado significativamente su operación. El descalabro institucional es previsible y las consecuencias sobre todos los sectores de la comunidad universitaria no se pueden calibrar. Tratar de trastocar el presupuesto del sistema universitario público en un plazo menor de un mes es un ejercicio en futilidad. Insistir en ello es comprometer un personal que no solamente ha rendido servicios de calidad al país, sino que ha cumplido con su responsabilidad contributiva año tras año, y a unos estudiantes que cuentan con unos ingresos limitados para mantenerse. El doctor Carlos Colón de Armas, distinguido profesor universitario y economista respetado, ha demostrado que es innecesario inflar el costo de las matrículas al nivel que AAFAF ha pedido”, expusieron.
Ante estas razones, los otrora rectores rechazaron “la exigencia de recortar $300 millones al presupuesto de la universidad sin que se explique cuál es la lógica de esa cifra y por qué resulta inapelable”.
“El propio gobernador [Ricardo Rosselló] en su carta a la JSF (21 de enero de 2017) objetó esa cifra y, además, ha expresado en varias ocasiones su intención de mantener la fórmula y de no reducir el subsidio al primer centro docente del país. Actuar con un mínimo de responsabilidad fiscal implicaría que la JSF o la AAFAF hubiesen presentado un presupuesto a la UPR que demostrase su viabilidad operacional con el corte de los $300 millones adicionales. De ese ejercicio la comunidad universitaria sabría qué tipo de Universidad es la que se está forzando. Imponer festinadamente una cifra sin la menor idea de sus consecuencias es improcedente”, precisaron.
“Rechazamos que se sacrifique más a la UPR mientras otras corporaciones y estructuras gubernamentales no dan un paso al frente, ni se les exigen los recortes draconianos que se le han requerido a una institución que ha probado ser vital en el desarrollo de nuestro país. En el momento en que el país más necesita de su Universidad y de ampliar las oportunidades para que un mayor número de estudiantes puedan acceder a ella, le dan un golpe que amenaza su viabilidad. No es sensato ni justo que, en estos momentos, se amenace su existencia. Repudiamos la insistencia de pagar la deuda pública a expensas de la universidad”, puntualiza la misiva.
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