Fue el 14 de este mes, cuando varios periodistas alquilaron un bote en Ko Lipe, una isla en la sudoccidental provincia tailandesa de Satun, y se dirigieron al mar de Andamán, en el nordeste del océano Índico, delimitado por Birmania, Indonesia, Malasia, Tailandia y el estrecho de Malaca.
Este buque con cientos de migrantes de la comunidad musulmana rohingya de Birmania y Bangladesh simboliza el sufrimiento de un pueblo perseguido y las severas políticas migratorias que un puñado de países del sudeste asiático aplican en un “ping pong marítimo” que juega con la desesperación humana.
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los contrabandistas y sus pasajeros abandonaron el barco luego de que no pudieron atracar en Tailandia. Ese país reprime lo que para sus autoridades son arribos marítimos “ilegales”, pero según los activistas son personas que huyen de la persecución étnica y la penuria económica en sus países de origen.
Antes, la embarcación había intentado sin éxito atracar en Malasia, y el día 15 las autoridades tailandesas empujaron al buque hacia alta mar, alegando que sus pasajeros querían continuar con la travesía, algo poco probable dado que los refugiados permanecieron durante tres meses en el agua, con pocos alimentos o agua potable a bordo.
Una crisis regional
La OIM calcula que unas 6,000 personas, de aproximadamente 8,000 que estaban en el mar desde principios de marzo, permanecen varadas en las costas de Indonesia, Malasia y Tailandia.
Estos países, miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), adoptaron estrategias para tratar la crisis de refugiados. La OIM señala que unas 1,500 personas lograron desembarcar en Malasia e Indonesia, mientras que miles más fueron rechazadas. En algunos casos, las armadas locales llegaron a remolcar mar adentro a algunas de las embarcaciones de migrantes.
En un comunicado, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, pidió el jueves 14 a los gobiernos de la región que respeten sus obligaciones internacionales, lo que incluye la prohibición de devolver las personas perseguidas a su país de origen.
El funcionario también solicitó a los gobiernos que “faciliten el desembarco… y mantengan sus fronteras y puertos abiertos con el fin de ayudar a las personas vulnerables”, algo que no se cumplió.
Alarmada por la difícil situación de las personas atrapadas en el mar, la OIM liberó el viernes 15 un millón de dólares de su mecanismo de financiación de emergencia a la migración para ayudar a los refugiados.
Si bien el fondo brindará ayuda de emergencia que puede salvar vidas a cientos de personas, “la respuesta en verdad depende de los países”, destacó el director de Medios y Comunicaciones de la OIM, Leonard Doyle, en diálogo con IPS.
Los fondos de emergencia se utilizan para brindar a los migrantes lo que puedan necesitar, pero primero hay que llevarlos a tierra, aclaró.
“No tenemos una flotilla para salir a ayudarlos, pero hay muchos países en la región que sí tienen, y muchas razones para que lo hagan. De lo contrario, pronto tendrán que lidiar con un cementerio flotante”, advirtió.
Arriesgando la vida al huir de sus hogares
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) calcula que unas 25,000 personas “partieron de forma irregular por vía marítima” de la bahía de Bengala en el primer trimestre de 2015, el doble que en los dos años anteriores.
Acnur también considera que unas 300 personas murieron en el mar desde octubre de 2014, por inanición, deshidratación o por las golpizas recibidas por la tripulación de los buques en que viajaban.
Procedentes principalmente de Bangladesh y Birmania, los pasajeros pagan entre 90 y 370 dólares para abordar las embarcaciones, además de los miles de dólares que reciben los prestamistas por concepto de tasas de interés o los funcionarios de inmigración, a cambio de la libertad una vez que llegan a costas más seguras.
El repentino aumento en la cantidad de migrantes se debe a varios factores, incluidas las duras condiciones en los campamentos de desplazados en Birmania, donde están internados más de 140,000 refugiados, la mayoría musulmanes rohingyas, desde que la violencia étnica en el occidental estado de Rakhine los expulsó de sus hogares en 2012.
El éxodo también tiene raíces en las dificultades económicas, según la ONU.
Que muchos estén dispuestos a correr el riesgo de ahogarse ante la posibilidad de una vida mejor dice mucho de la difícil situación en sus países de origen.
En un comunicado difundido el viernes 15, la OIM informó que, “en los últimos tres años, se estima que 160,000 inmigrantes procedentes de las costas de Birmania y Bangladesh fueron introducidos de contrabando en barco a Tailandia antes de ser llevados por tierra a Malasia”.
Pero el descubrimiento a principios de mayo de fosas comunes en campos de contrabando redobló la represión contra la migración en ambos países, lo que produjo la actual situación de estancamiento en la región.
Una cumbre regional que se celebrará a fines de este mes debatirá la situación. Según Ban, será una oportunidad “para que todos los líderes del sudeste asiático intensifiquen los esfuerzos individuales y colectivos para lidiar con esta situación preocupante y enfrentar sus causas profundas”, impulsadas muchas veces por “violaciones de los derechos humanos”.
